Crecimiento, bancos y política en Italia

La disminución de préstamos bancarios en mora depende de la mejora del empleo y del crecimiento del PIB. Al respecto, la actual estrategia o esperanza del Gobierno italiano es que incluso una modesta recuperación económica pueda evitar un rescate. De momento, ha implantado reformas para mejorar la calidad de los activos de los bancos. Sin embargo, los últimos datos de crecimiento de su PIB, 0% el segundo trimestre, han reavivado preocupaciones sobre el estado de su economía y bancos.

De manera que hemos puesto a prueba la credibilidad de esa estrategia con un modelo macroeconómico, y confirmado que con una tendencia de crecimiento del PIB del 0,5% a 1% anualizada, pueden disminuir los préstamos en mora los próximos años. De hecho la economía italiana, asumiendo un crecimiento trimestral del PIB de 0,2% (promedio desde el primer trimestre de 2015), puede acelerarse ligeramente del 0,7% en 2016 al 0,8% en 2017. Así que es previsible que la mora se estabilice e incluso disminuya en 2017, aunque a ritmo lento. Por tanto, la estrategia del Gobierno italiano es creíble si el país vuelve al crecimiento. De momento, el segundo trimestre ha sido inferior a las expectativas, poniendo fin a cinco trimestres de aumento. Hay que tener en cuenta que su producción sigue un 8,4% por debajo de máximos de antes de la crisis a principios de 2008 y la brecha con otras economías principales –España, Alemania, Francia– se ha ampliado. De todas formas, es probable que la CE continúe mostrándose pragmática. Italia, a pesar de su excesiva deuda (133% del PIB en 2015) y planes muy graduales de reducción de esta, ha obtenido espacio fiscal extra equivalente al 0,85% del PIB, cerca del 0,9% que pidió.

Ahora bien, la mora no disminuirá en un escenario de recesión suave y aumentará en caso de shock económico. Italia puede tener que afrontar desaceleración sostenida o una crisis política y las presiones del mercado obligar a su Gobierno a una solución amplia, con algún tipo de intervención del Estado y las instituciones europeas, a encontrar una manera de minimizar los costes económicos, financieros y políticos. Al respecto, los beneficios del apoyo estatal preventivo ya se pusieron de manifiesto en España, con la introducción de la Sareb (banco malo), que ha facilitado que el ritmo de disminución de mora haya sido el doble de rápida. España usó 42.000 millones de euros en fondos de rescate europeos de los 100.000 disponibles, el 4% de su PIB. La misma cifra para Italia serían 65.000 millones, no muy alejada de las estimaciones oficiales de exposición neta total a mora de sus bancos. La solución más racional y óptima incluiría la realización de pérdidas y recapitalizaciones completas del sistema bancario. No ha ocurrido porque una aplicación estricta de las normas de la UE afectaría además a accionistas y acreedores y el primer ministro Renzi ya se encontró con la oposición pública cuando los acreedores de cuatro bancos pequeños soportaron pérdidas del rescate de finales de 2015. La oposición sería peor si se tratase de grandes bancos y alcanzase depositantes.

Además, el próximo referéndum de reforma constitucional del Senado, que pretende reducir su poder, incluyendo capacidad de derribar al Gobierno, tampoco facilita que haya ahora un plan integral para el sector bancario suficientemente creíble. La gran mayoría de la población italiana parece a favor de la reforma, pero se ha convertido en voto de confianza sobre Renzi, que se ha comprometido a dimitir si no se apruebe. El 27 de noviembre puede celebrarse, o un par de semanas antes o después. Renzi ganará en el escenario más favorable, posiblemente tras un paquete de estímulo fiscal que puede incluir aumento de pensiones, recorte del impuesto sobre renta (previsto para 2018) y medidas para los hogares de ingresos más bajos.

No descartamos una crisis soberana sistémica en Italia, si bien las compras de activos del BCE probablemente mantienen bajos los costes de la deuda pública y privada italiana. Además, lo importante es que la economía italiana necesita abordar problemas estructurales, en particular una débil productividad. Mientras el principal problema es de tiempo y obstáculos políticos. El riesgo es que la respuesta llegue demasiado tarde y no esté a la altura de lo que se requiere para la recuperación y para evitar más rescates. Un nuevo aplazamiento de una solución sistémica y otras importantes reformas conllevaría una mala asignación de recursos, pesando en la confianza y potencial crecimiento económico.

Frederik Ducrozet es economista de Pictet WM.