El Congreso no tiene cúpula de cristal

La nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en el escueto saludo a los ciudadanos publicado en la página web de la Cámara, manifiesta su “ánimo de que esta web siga siendo una herramienta indispensable parar continuar mejorando la relación entre esta institución y los ciudadanos como elemento indispensable de la democracia española” y espera “que su contenido satisfaga las demandas de quienes la visitan”. Pero, a estas alturas, acercar el Parlamento a los ciudadanos es más una cuestión de hechos que de palabras.

En 1993, se convocó en Alemania un concurso público para restaurar el Reichstag. Uno de los criterios de selección fue el de transparencia. Resultó adjudicatario el arquitecto británico Norman Foster, para quien la idea del proyecto en este edificio de gran relevancia nacional se basó generalmente en reconstruir la antigua cúpula incluyendo valores de claridad y transparencia a lo que representa este edificio en la sociedad alemana. El principio inspirador fue el de hacer públicamente más accesible la acción de gobierno.

En el año 2009, el diario Daily Telegraph publicó el escándalo de los gastos de los diputados británicos, que causó la dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes y la devolución de importantes cantidades de dinero. Se dijo entonces que el periódico había pagado a un funcionario del Parlamento por dicha información. Lo que el periodista Walter Oppenheimer denominó periodismo de chequera. Scotland Yard renunció a investigar la procedencia de la información al estimar el “interés público” alegado por el periódico.

Parece obvio que el periodismo de chequera desaparece o disminuye si las instituciones funcionan bien y se respetan los principios y las leyes de transparencia, consustanciales, hoy, a la idea de democracia. Los datos solicitados por el diario británico deberían haber sido suministrados por el Parlamento, sin necesidad de tirar de chequera. La falta de transparencia, la opacidad, produce mercadeo de información, aparte de sospechas.

El magistrado José Ramón Chaves ha escrito recientemente que espera que “el nuevo Congreso arranque sin descuidar su obligado ejemplo de transparencia que está bajo mínimos”; al hilo de recientes resoluciones de la Mesa de la Cámara que deniegan el acceso a datos referentes a los diputados sobre disposición de tarjeta taxi, teléfono móvil, tableta electrónica, línea de datos y ADSL en su hogar, así como facilitar las retribuciones de los asistentes o asesores nombrados por los diputados o los grupos parlamentarios.

Lo curioso del caso es que el Senado sí facilitó la información. El Senado, en este caso, es democráticamente diáfano (deja pasar a su través la luz), mientras que el Congreso de los Diputados es opaco (impide el paso de la luz).

La Mesa basa su negativa en la protección de datos de carácter personal frente al derecho de acceso a la información (“¡y se quedan tan anchos!”, dice Chaves). Parece obvio que este asunto es similar al conflicto, cuando de personajes públicos se trata, entre el derecho al honor y el de información: prevalece el último. Como dice la juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, “cuando la ley permite esto o prohíbe aquello, la primera pregunta a hacerse es por qué. El “por qué” es la esencia del principio…” ¿Por qué, entonces, el Congreso –a diferencia del Senado y del resto de instituciones– limita el derecho a la transparencia?

Llueve sobre mojado. El Congreso, hasta ahora, tiene pocas ganas de ser transparente. A diferencia también del Senado, tiene aprobada una norma que limita el acceso a los documentos a las actividades sujetas a Derecho Administrativo; mientras que el Senado, como debe ser, se refiere a la información en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y de su actividad sujeta a derecho administrativo. Es decir, toda la información. Si el Congreso quisiera ser transparente, la Mesa despacharía el asunto en unos minutos: copiando la norma del Senado.

Sobre las relaciones con la ciudadanía, también son escasas. El Congreso tiene una Comisión de Peticiones inoperante e invisible, lo que la diferencia de otras comisiones similares de países de nuestro entorno y la del Parlamento Europeo: la Comisión correspondiente tiene un sitio web propio; pueden presentarse peticiones electrónicamente; se publican las peticiones y sus respuestas; se elabora y publica un informe anual sobre las actividades de la Comisión; se invita a los peticionarios a defender su asunto presencialmente, etcétera. La Comisión del Congreso se limita a recibir la petición, transmitirla a la institución que considera competente y, recibida la contestación –sin más trámite–, la traslada al peticionario. La Comisión del Senado, sin embargo, puede elevar al Pleno del Senado una moción que asuma el contenido de la petición.

Las goteras que aparecieron hace unos años en la cubierta del Congreso amenazando su ruina fueron premonitorias: la institución necesita una buena reforma y que se aproveche para darle luminosidad. Es de esperar que la presidenta y la Mesa se pongan manos a la obra. La presidenta lo tiene fácil, recuperar alguna idea de su partido político: “ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como en la definición de las políticas públicas” [...] “ciudadanos colaboradores, informados y participativos”; Gobierno abierto y participación de los ciudadanos “más allá del mero ejercicio del derecho de sufragio”. Se quiere “que los ciudadanos puedan participar en los procesos de gestión pública, aportar ideas, prácticas, experiencias, iniciativas y necesidades de manera recíproca. Se precisa que las leyes, decretos, planes, medidas o decisiones importantes que toman los Gobiernos sean debatidas y valoradas antes de su aprobación, con las opiniones de los ciudadanos”.

Isaac Ibáñez García es abogado.