Las señales de alerta de la recaudación
El balance provisional de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) revela una fuerte pérdida de las bases imponibles imputables a los salarios y las rentas de los autónomos respecto a las existentes en el inicio de la crisis, mientras que están ya en niveles superiores a los que tenían entonces las procedentes de las pensiones, del desempleo o incluso las generadas por los consejeros empresariales. Han avanzado a ritmos del 30%, 3,4% y 45%, respectivamente.
La primera de las conclusiones es bastante coherente con el desempeño de la actividad económica y las circunstancias que la han rodeado en los últimos años. La fuerte pérdida de empleo asalariado no se ha recuperado aún (solo un 40% del total) y el déficit de bases imponibles de asalariados es, en términos relativos, similar al déficit de empleo respecto al existente al final de 2008. Es lógico pensar que cuando se recupere todo el empleo perdido, cuando se llegue a los 20 millones de ocupados, se habrá absorbido toda la pérdida de salarios declarada y registrada en las bases de la Hacienda pública, salvo que los nuevos empleos tengan rentas manifiestamente inferiores a las actuales. Dado que las tasas de inflación están en negativo, los avances nominales de los salarios declarados podrían mantenerse en el entorno del 1%, tal como muestra la encuesta de convenios colectivos.
La cuestión está en saber si tal avance de las retribuciones de asalariados y autónomos es suficiente como para soportar el avance de las rentas declaradas por los pensionistas y desempleados, que a fin de cuentas son pasivos que dependen de la generación de riqueza de los activos. En los siete años transcurridos desde el inicio de la crisis de los que se tienen datos fiscales, las pensiones han incrementado su volumen agregado en un 30%, desde los 97.000 millones de euros a los 127.000 millones, y tal aumento debe financiarse con las cotizaciones de los salarios. Pero estos descienden un 12%, y un 15,5% si se consideran únicamente los de carácter privado (los de carácter público se mantienen).
Este desequilibrio en el comportamiento tiene un explícito reflejo en las propias cuentas de la Seguridad Social, con un déficit de cotizaciones empresariales y sociales de unos 15.000 millones de euros anuales, pese a haber explorado en los últimos años nuevas fuentes de ingresos antes despreciadas. Todos estos datos son un toque muy serio de atención sobre la vulnerabilidad financiera de España, con tensiones crecientes en las fórmulas de financiación del Estado de bienestar, cuya solución no admite demora. Tales desequilibrios únicamente se intensificarán en los próximos años debido a la llegada al retiro de los nacidos en el baby boom, personas con carreras de cotización más sólidas y pensiones más elevadas, y deben ser atendidos antes de que solo sean reparables de manera drástica.