Recuperar la inversión en infraestructuras
Sorprende que haya que recordar a estas alturas que las infraestructuras son un factor clave en la economía de cualquier país y que contribuyen de forma determinante a la competitividad del sistema productivo y, a la vez, al bienestar y la estabilidad social. Tampoco debería ser necesario volver a explicar que en épocas de crisis como la que seguimos viviendo, la inversión en infraestructuras tiene un efecto anticíclico, que contribuiría, sin lugar a dudas, a aminorar los efectos de la crisis.
Sin embargo, desde 2010, una de las principales víctimas de las políticas de ajuste que sufrimos ha sido precisamente la inversión pública, que ha caído en un 21%, afectando de modo muy especial a las infraestructuras. El objetivo de reducción del déficit público se ha antepuesto a cualquier otro, olvidando el efecto multiplicador que las infraestructuras ejercen sobre la iniciativa privada y sobre el dinamismo económico y el empleo, así como sus repercusiones en la cohesión económica y social.
Para UGT–FICA es esencial invertir esta tendencia y poner en marcha fórmulas que permitan no sólo aumentar, sino mantener un esfuerzo inversor constante tanto para desarrollar nuevos proyectos como para mantener las infraestructuras ya existentes.
Nuestra propuesta, además, es que la inversión productiva pública no debe ser considerada como gasto y debería quedar fuera del cómputo de déficit. También somos conscientes de que las posibilidades de financiación pública se han reducido sustancialmente. Según un reciente estudio publicado por Seopan, para mitigar el déficit que tiene nuestro país en infraestructuras respecto a los de nuestro entorno, sería preciso invertir entre 38.000 y 54.000 millones€ anuales durante los próximos 10 años.
Entendemos que cualquier fórmula que se adopte ha de contemplar la supervisión de la Administración y no poner en peligro el carácter público de las infraestructuras, primando la atención a las necesidades reales de los ciudadanos frente a los potenciales beneficios económicos de la inversión.
No siempre se han tenido en cuenta estos aspectos y nos enfrentamos a problemas como los planteados por las carreteras radiales en Madrid, en quiebra, o las deficiencias de la gestión privada de hospitales.
Desde UGT FICA queremos hacer una especial llamada de atención a las empresas y a las diferentes administraciones públicas, empezando por el Gobierno central, para evitar las situaciones creadas durante los últimos años en los que el concurso como modelo empleado en el proceso de adjudicación de contrataciones ha derivado en bajas temerarias, que en último término van en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores. Sobre la fórmula del concurso como modelo empleado en el proceso de adjudicación de contrataciones, UGT FICA reitera su oposición a un sistema de adjudicación que permite la asignación de obras por importes inferiores al coste real, lo que posteriormente deriva en incumplimientos.
Hay que acabar con ese sistema en el que las grandes empresas rebajan hasta el insulto los presupuestos para concurrir a los concursos, rozando las bajas temerarias, con la idea de que las administraciones no tendrán más remedio que terminar pagando por la puerta de atrás, sin que repercuta en una mejora de las condiciones de los trabajadores. La única manera de que estas empresas puedan rebajar hasta este punto los precios de licitación es reduciendo sus costes laborales; es decir, incurriendo en rebajas de salarios, retrasos en los pagos, incumplimiento de convenio, exceso de horas y jornadas no retribuidas, reducción de medidas de seguridad en las obras y un largo etcétera de despropósitos. Esta situación es inadmisible.
Las distintas Administraciones no deberían actuar de forma aislada: es preciso disponer de un sistema integrado de infraestructuras, que forme parte de una política de Estado que, con la contribución de todos, incluidos los agentes sociales, planifique las actuaciones a medio y largo plazo, y permita una gestión racional de los recursos y un retorno social razonable. España cuenta con la capacidad técnica suficiente para acometer cualquier proyecto de infraestructura. Sus empresas y sus trabajadores han demostrado, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, su competencia y cualificación.
Dada la paralización de la actividad en España, resultado inevitable de la acumulación de recortes y de la falta de planificación, las grandes constructoras españolas tienen hoy más del 80% de su trabajo y de sus carteras de obra en el exterior; se han tenido que convertir, por necesidades imperiosas, en empresas de ámbito internacional y lo están haciendo con mucha solvencia. Uno de los problemas es que ese empleo que generan no se materializa en nuestro país, se crea fuera, donde están las obras.
Desde UGT-FICA creemos que es momento de retomar y comprometer al nuevo Gobierno en una política seria de inversiones. Y nosotros, como sindicato, no estamos dispuestos a quedar al margen de las grandes decisiones que se adopten en esta materia. En este contexto, el diálogo social, inexistente en los últimos años, debe volver a jugar un papel determinante que contribuya a la consecución de unas infraestructuras de calidad y un sector con más empleo y derechos.
Pedro Hojas Cancho es Secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA)