El incierto futuro de un Pacto de Estabilidad sin multas
El Pacto ya se dio por muerto en 2003, cuando Berlín y París bloquearon su aplicación para no verse sometidos a nuevos recortes presupuestarios
La Comisión Europea propuso la semana pasada la cancelación de las multas millonarias a España y Portugal por incumplir sus objetivos de déficit en 2015. El precedente ibérico hará casi imposible que ese castigo llegue a aplicarse alguna vez, lo que deja sin dientes y, tal vez, sin futuro, a al aparatoso y poco manejable Pacto de Estabilidad.
Un puñado de artículos (121, 126, 136) y un protocolo (el 12) de los Tratados de la UE, ocho Reglamentos, una directiva, dos códigos de conducta, una Resolución del Consejo Europeo, una Comunicación de la Comisión Europea, dos posiciones comunes de los socios del euro y un Tratado intergubernamental de la UE... Esa es la ingente base legal del marco de vigilancia presupuestaria y macroeconómica conocido como Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un mamotreto que ha ido engordando desde su primer texto en 1997.
Solo el Vademécum de la CE para su aplicación, en su edición de 2016, ocupa 229 páginas de detalladas explicaciones y enrevesadas fórmulas para calcular el esfuerzo estructural o el objetivo presupuestario a medio plazo de cada país de la UE. Y a esa labor se dedica buena parte de los 580 funcionarios de dirección de asuntos económicos de la CE.
Un descomunal esfuerzo legislativo y laboral. Tan impresionante como estéril porque el límite del 3% de déficit público fijado por el Pacto se ha rebasado en 165 ocasiones, según los cálculos del IFO. En el único caso claro de descontrol de las cuentas, en Grecia, el Pacto no sirvió para nada y de hecho, en la práctica, ya no se aplica a ese país. Y ante las infracciones consideradas más graves (en 2003, contra Alemania y Francia, y la semana pasada, contra España y Portugal) Bruselas ha tenido que dar carpetazo a los expedientes con una conclusión política que no precisaba de tantos análisis ni cálculos tecnocráticos.
“Las opiniones públicas de España y Portugal no entenderían una sanción después de haber asumido tantos sacrificios”, zanjó el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el debate de semanas y semanas sobre la posibilidad de aplicar por primera vez en la historia las sanciones previstas en el Pacto. La clemencia con España y Portugal hará muy difícil que las sanciones puedan aplicarse en el futuro, sobre todo, porque la lista de probables infractores la encabezan dos países tan grandes como Francia e Italia. Para algunos analistas, la neutralización definitiva del castigo marca el fin del Pacto.
El Pacto ya se dio por muerto en 2003, cuando Berlín y París bloquearon su aplicación para no verse sometidos a nuevos recortes presupuestarios. Pero resucitó dos años después y se endureció en 2011 a raíz de la crisis de la zona euro.“Lo que han demostrado las decisiones sobre España y Portugal es que el Pacto no es estúpido y que toma en cuenta, además de las cifras, la trayectoria de cada país”, señala Pablo Zalba, eurodiputado del grupo Popular y vicepresidente de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo.
Los socialistas europeos también están convencidos de que la imposición de multas hubiera sido un grave error político y una injusticia, sobre todo, en el caso portugués.
Los liberales, en cambio, lamentan que no se haya impuesto una multa, siquiera simbólica, para hacer creíble la disciplina de un Pacto de Estabilidad que vuelve a quedar en entredicho.
Incluso Alemania, que exigió su adopción como condición para aceptar el euro, empieza a darlo por superado. Berlín ha entendido que se trata de una norma procíclica, inofensiva en tiempos de bonanza e inaplicable a países en crisis. El ministro alemán de Finanzas, WolfgagnSchäuble, aboga por arrinconar el Pacto y sustituirlo o, al menos, complementarlo con un sistema automático de reestructuración de la deuda pública, lo que obligará a los propios inversores privados a vigilar y calibrar la sostenibilidad o no de los números rojos de un país. Berlín ya ensayó con éxito esa fórmula a través de las primas de riesgo, que a paritr de 2010 obligaron a varios países, entre ellos, España, a apretarse mucho más el cinturón que cualquier amasijo de Reglamentos.
Juncker pone cara francesa al ‘brexit’
París es la capital más preocupada por el posible contagio del brexit y reclama mano dura en la negociación para la salida del Reino Unido de la UE. El Gobierno de François Hollande corre el riego de verse orillado por Alemania, más favorable a las demandas británicas, y por el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, aliado directo de la canciller Angela Merkel. Pero Francia ha logrado, al menos, situar una ficha en la mesa de negociación futura, por gentileza del presiddente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Juncker colocó la semana pasada a Michel Barnier, ex ministro francés de Exteriores, al frente del equipo negociador de la CE. Y aunque ese equipo recibirá las instrucciones directamenet del Consejo Europeo, donde suele imperar el criterio de Merkel, al menos un francés figurará entre los interlocutores de Londres.
El nombramiento de Barnier también supone un cambio en relación con la estrategia seguida por Juncker en la negociación con el primer ministro David Cameron, una estrategia a la que se acusa en parte del fracaso de la opción europea en el referéndum del pasado 23 de junio. Juncker confió a un alto funcionario británico, el veterano y reputado Jonathan Faull, las negociaciones para evitar el brexit. Tras la victoria del no, Juncker relega a los eurócratas y opta por un político ajeno al organismo, pero conocedor de sus entresijos, porque Barnier ha sido dos veces comisario europeo.
Adiós definitivo a la multa a España y Portugal
El Ecofin (ministros de Economía y Finanzas de la UE) dispone de plazo hasta el 7 de agosto para aceptar, rechazar o modificar la Recomendación de la Comisión Europea de cancelar las multas a España y Portugal por incumplimiento del déficit público. La decisión es prácticamente irrevocable porque solo pueden votar los países del euro y para cambiarla haría falta una mayoría cualificada (65% de los votos). Francia e Italia, que apoyan la condonación, suman por sí solas casi los votos necesarios para frenar cualquier tentativa de imponer sanciones. La anulación se aprobará por vía administrativa, sin necesidad de que se reúnan los ministros de Economía.