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Cuentas públicas

España dispondrá hasta 2018 para reducir el déficit pero no evita la multa millonaria

El ala más dura de la Comisión aboga por una multa de unos 1.000 millones de euros, mientras que los más benévolos consideran esa cifra “una barbaridad”

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.EFE

Las primeras multas en dos décadas de historia del Pacto de Estabilidad de la UE recaerán este miércoles sobre España y Portugal, dos de los países más golpeados por la reciente crisis financiera y que más recortes han acometido para sanear sus cuentas públicas. Bruselas reconocerá esos esfuerzos y moderará el castigo, que en el caso de España podría llegar a un máximo de 2.000 millones de euros.

“La mayoría de los comisarios acepta que el Pacto no puede aplicarse con saña y que los expedientes de España y Portugal no pueden servir para dar un escarmiento”, tranquilizan en la Comisión Europea. Pero ni siquiera la rebaja librará a España y Portugal de la humillación de ser los dos primeros países sancionados por incumplir sus objetivos de déficit en 2015 de manera presuntamente deliberada.

El ala más dura de la Comisión aboga por una multa de unos 1.000 millones de euros, mientras que los más benévolos consideran esa cifra “una barbaridad” y desean una sanción simbólica, por debajo de los 200 millones. “Al final”, señala una fuente comunitaria, “el debate no es económico, sino sobre el concepto de simbólico y es probable que la cifra final no satisfaga a nadie”. Esa horquilla de insatisfacción se situaría entre los 300 y los 500 millones, una cifra elevada para España, pero baja para los socios del norte.

Para suavizar el impacto político de la multa, la CE también ofrecerá unos plazos más cómodos a España para situar el déficit público por debajo del 3%. En su última recomendación, que no llegó a aprobarse, Bruselas reclamaba que los números rojos cayesen hasta el 2,5% en 2017, una senda que hubiese requerido reducir a la mitad el déficit actual en apenas dos años. La CE acepta ahora prolongar el plazo hasta finales 2018, lo que permitirá al futuro Gobierno, si llega a formarse este otoño, fijar un techo de gasto más holgado para el próximo presupuesto.

El nuevo calendario del déficit apenas plantea debate ya en la Comisión. Pero la cuantía de la multa será objeto de regateo casi hasta el último minuto previo al anuncio hoy de la decisión oficial.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha porfiado durante semanas que la sanción finalmente sería anulada o rebajada a cero euros. Pero ayer, fuentes españolas se resignaban ya ante lo que parece una inevitable sanción y confiaban en que, al menos, se tomasen en cuenta los esfuerzos realizados hasta ahora.

El ala más dura, encabezada por el vicepresidente económico de la CE, el conservador letón Valdis Dombrovskis, ya ha renunciado a la multa máxima, que sería equivalente al 0,2% del PIB o 2.000 millones de euros. “Es imposible una multa de esa cuantía porque sería dar la impresión de que el castigo es el mismo si se incumple por poco o por mucho”, reconocen en la Comisión.

Dombrovskis y los suyos, entre los que, curiosamente militan comisarios de países que no pertenecen a la zona euro, como Suecia, admiten una rebaja pero no se conforman con una multa meramente simbólica. Los duros reclaman una sanción significativa, aunque no sea ejemplarizante, que debería rondar, según esa tesis, entre 400 millones y 600 millones de euros.

En el bando contrario se encuentra el comisario europeo de Economía, el socialista francés Pierre Moscovici, que considera inapropiado políticamente aplicar un castigo a dos países que todavía no han superado la crisis, uno de ellos, España, con casi cuatro millones de parados, y el otro, Portugal, azotado por un rebrote de la crisis bancaria que podría acabar en un nuevo rescate. Para ese grupo, la multa debería ser simplemente testimonial y no pasar del 0,01% o 0,02% del PIB, lo que para España sería entre 100 y 200 millones de euros.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, podría inclinar la balanza en uno u otro sentido. Pero ya se ha enfrentado antes con cada uno de los bandos, por lo que es previsible que opte por una decisión salomónica que le puede costar a España decenas de millones de euros.

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