El paro salva a España del recorte de fondos por el déficit excesivo
La sanción a España puede alcanzar hasta 2.000 millones de euros
La multa a España por incumplir los objetivos de déficit lleva acarreada, además, una suspensión parcial de los fondos estructurales, un castigo que puede tener efectos devastadores para la inversión pública en España y, sobre todo, en Portugal.
La sanción a España puede alcanzar hasta 2.000 millones de euros. Y la Comisión Europea tiene potestad para aplicar el nivel máximo del castigo o exigir que el Gobierno presente un plan de ajuste si quiere una rebaja.
En el caso de los fondos, sin embargo, las normas comunitarias restringen el margen de castigo de la Comisión Europea y obligan a Bruselas a mantener una parte importante de los fondos como consecuencia de la elevadísima tasa de paro en España y la grave recesión sufrida por los dos países ibéricos.
Bruselas tendrá que reducir a la mitad el nivel máximo de recorte de fondos a España porque su tasa de desempleo en 2014 (24,5%) superaba en más de ocho puntos la media europea (10,2%). El Reglamento europeo sobre gestión de los fondos establece que, en esos casos, “el nivel máximo de suspensión se reducirá en un 50%”.
España también se puede beneficiar de una rebaja por la recesión sufrida en los últimos años. El Reglamento contempla una rebaja adicional del 20% en la suspensión de los fondos para los países que hayan sufrido una contracción del PIB “durante dos o más años consecutivos anteriores” al ejercicio del incumplimiento (2015). España registró una caída en 2011 (-1%), 2012 (-2,6%) y 2013 (-1,7%).
En total, el recorte de los fondos podría reducirse en un 70%, lo que deja sólo en peligro entre 600 y 800 millones de euros de un total de 4.000 millones. Además, la Comisión no puede recortar los programas destinados destinados a hacer frente a las condiciones económicas o sociales adversas (como los fondos de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil) ni los que tienen como objetivo la cooperación territorial entre países de la UE.
Cuenta atrás
El castigo se pondrá en marcha tan pronto como los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) confirmen que España y Portugal “no tomaron medidas efectivas” para reducir el déficit público en 2015, un veredicto que se espera el próximo martes, 12 de julio.
A partir de ese momento, la Comisión dispone de 20 días para fijar la cuantía de la multa (de hasta el 0,2% del PIB nacional) y el volumen de compromisos de pago de los fondos estructurales que quedarán suspendidos a partir del próximo 1 de enero.
La suspensión de fondos puede elevarse hasta el 50%, lo que en el caso de España supondría unos 2.000 millones de los 4.000 millones que recibe anualmente. Para Portugal, que proporcionalmente recibe más fondos, el baremo aplicable sería en porcentaje de PIB (hasta 0,5%), lo que podría suponer una congelación de hasta 1.000 millones de los 3.000 millones que le corresponden.
Esas cifras máximas, sin embargo, deben ser revisadas a la baja para tomar en cuenta la coyuntura económica. Portugal, cuya tasa de paro (14,1%) superaba en más de dos puntos a la europea (10,2%), podrá beneficiarse de una rebaja en el recorte del 15%. También podría acogerse a la rebaja por recesión, porque registró caídas del PIB en 2011, 2012 y 2013.
El Reglamento también incluye una rebaja por la población en riesgo de pobreza. Pero fija un umbral tan alto (10 puntos por encima de la media europea) que ni España ni Portugal podrán invocar ese eximente, a pesar de que el 22% de la población española y el 19% de la portuguesa se encuentran en ese riesgo, fijado en España en unos ingresos por debajo de los 7.900 euros anuales y en Portugal por debajo de los 4.900 euros.
