Objetivo: que cunda el buen ejemplo fiscal
Con menos ruido que la primera vez que se hizo pública, la Agencia Tributaria sacó ayer a la luz su segunda lista de morosos. Un total de 4.768 nombres que incluyen a particulares y empresas con deudas fiscales superiores a un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015 y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas. El importe global adeudado por este colectivo supera este año los 15.700 millones de euros, un 0,7% más que en el ejercicio anterior, aunque el número de deudores se ha reducido en un 1,8%.
La radiografía de esta suerte de lista negra arroja una supremacía abrumadora de personas jurídicas (4.432) con una deuda total de más de 15.000 millones de euros, mientras que el resto (336) son personas físicas. Por sectores, la construcción y la promoción inmobiliaria ocupan gran parte del contenido, lo cual no puede ser una sorpresa si se tiene en cuenta el hundimiento de este mercado en los últimos años tras el estallido de la burbuja del ladrillo y la crisis económica. La promotora Reyal Urbis y la inmobiliaria Nozar, ambas en concurso, encabezan por segunda vez la lista. Un rosario de identidades en los que figuran también destacados nombres propios, es el caso Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández o Mario Conde, así como clubes deportivos y entidades del sector del turismo.
El listado de la Agencia Tributaria, que nació rodeado de una cierta polémica, en buena parte por tratarse de una iniciativa poco usual en la cultura jurídica española, se nutre de contribuyentes que han agotado todos los plazos voluntarios para regularizar sus obligaciones tributarias. La publicación de los nombres fue una de las novedades introducidas en la Ley General Tributaria en un intento de aumentar la transparencia respecto al incumplimiento de los deberes fiscales y con un objetivo no tanto punitivo como ejemplarizante. En ese sentido, no hay duda de que es difícil hallar una herramienta que anime al cumplimiento de las obligaciones tributarias con mayores posibilidades de éxito que la amenaza de figurar en una enumeración pública de contribuyentes morosos, por el daño reputacional que ello puede provocar.
Entre las críticas que se han hecho a la lista de Hacienda figura el hecho de que saque los colores a los morosos y no incluya, por ejemplo, a los defraudadores, cuyo socavamiento de los ingresos fiscales es cuantitativa y cualitativamente mucho mayor. Sin duda la lucha contra el fraude sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de Hacienda, y toda iniciativa para luchar contra ella es bienvenida. Sacar a la luz un listado de morosidad es un paso adelante para reforzar el riguroso cumplimiento de los deberes de todos los contribuyentes sin excepción.