Las empresas se juegan el futuro en el ‘brexit’
El referéndum británico que decidirá si el Reino Unido permanece en la Unión Europea o la abandona puede haber virado el signo tras el asesinato de una de las diputadas laboristas más jóvenes y más activamente europeísta de la isla. Jo Cox se ha convertido ya en el símbolo no deseado de esta campaña en la que el premier Cameron ha embarcado al país para cumplir una de sus viejas promesas electorales para frenar la entonces peligrosa progresión del populismo de UKIP. Las encuestas, al menos hasta ahora, siguen dando una ligera ventaja a los partidarios del brexit, pero nada es descartable hasta que las urnas sirvan el resultado. Y si finalmente se confirmase la salida del territorio de la Unión Europea, nadie gana y todos pierden.
Los británicos han perdido ya, gane el remain (permanecer) o el leave (salir), porque han sacado a la superficie una división profunda sobre el futuro de su sociedad y su economía, y sobre el grado de relación que quieren con el exterior, precisamente en un momento en el que la globalización de la economía y el cosmopolitismo de la gente son señas irrenunciables en las sociedades avanzadas. Dado que el resultado será en todo caso ajustado, el fantasma de una reedición del conflicto y la amenaza de volver a repetir la experiencia seguirá latente, en parte porque una buena porción de la población lee la relación con Europa al revés, y considera que Gran Bretaña es el continente y el centro del mundo, y al otro lado del canal de La Mancha está esa isla de la que vienen todos los males llamada Unión Europea.
Los europeos perderán con el brexit porque la dimensión del mercado será mucho más limitada, porque uno de los contribuyentes netos dejará de participar en el gran ejercicio de solidaridad que es Europa, tanto en términos financieros como políticos o de defensa, y porque perderá el impulso liberal que siempre ha abanderado Londres en la UE y que es fundamental para equilibrar el concepto fabiano de la economía y la sociedad que inspiró la Unión desde su creación y que siempre ha alimentado sus iniciativas.
Perderán los ciudadanos europeos y los británicos porque habrá restricciones a los movimientos de personas, y con ellos, de sus bienes; y perderán, por supuesto, las corporaciones grandes y pequeñas que comercian a ambos lados del canal. Una salida de Gran Bretaña de la Unión no supone que el día siguiente se suspende toda relación económica y comercial; pero la autonomía para tomar decisiones a un lado y otro se refuerzan y pueden terminar por imponer servidumbres ahora inexistentes.
Uno de los más elevados costes que pagarán los británicos es la pérdida de actividad en la City de Londres, que aporta nada menos que el 11% del PIB británico y el 12% de los ingresos tributarios al Exchequer, nada menos que 66.000 millones de libras, además de tener una economía en recesión hasta 2019. Para las empresas españolas la factura sería también muy relevante, aunque siguiesen operando como hoy en suelo británico. En concreto casi la mitad de las empresas del Ibex tienen actividad en la isla, y en muchos casos ésta le aporta más de un tercio de sus ingresos, que podrían reducirse tanto por pérdida de actividad, por actitudes proteccionistas ulteriores o por el simple hecho de que la libra experimentase una contracción significativa de su valor. Es el caso de Telefónica, que ingresa allí 7.000 millones de euros; de Ferrovial, que factura 3.500 millones en aeropuertos y otros servicios británicos; de Santander; de Iberdrola y de otro buen número de cotizadas. En total, nada menos que 36.000 millones de euros de ingresos en juego solo en grandes empresas.
Las empresas españolas siempre han buscado el mercado británico porque ofrece las plenas garantías de seguridad jurídica propios de los países convencidamente liberales, es una sociedad madura con altos niveles de renta y se trata de un mercado abierto. Seguramente no perderá tales condiciones ni siquiera saliendo la Unión Europea. Pero si lo hiciere, Londres y Bruselas deben buscar una solución que respete y conserve lo mejor de una relación económica que ha beneficiado a las dos orillas del canal desde que la isla se integró en las estructuras comunitarias, pese a la resistencia de una parte de la población, y que mejore lo que hoy genera escepticismo, tanto en la isla como en el continente.
