El gasto autonómico en intereses se reduce un 16% en el primer trimestre
Por primera vez desde el inicio de la crisis no parece utópico que las comunidades cumplan el objetivo de déficit El foco de preocupación ha virado hacia la Seguridad Social, que rebasará otra vez este año el límite de estabilidad
Las comunidades autónomas destinaron a pagar intereses 900 millones en el primer trimestre, un 15,7% menos que en el mismo período del año anterior. Además, la recaudación por tributos propios aumenta y las regiones recibirán 7.000 millones adicionales en julio por liquidaciones de ejercicios anteriores. Por primera vez desde el inicio de la crisis, no parece utópico que las comunidades cumplan el objetivo de déficit. El foco de preocupación ha virado hacia la Seguridad Social.
La situación de las finanzas autonómicas está lejos de encontrarse saneada, sin embargo, los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que el déficit autonómico se redujo un 24,6% en el primer trimestre hasta situarse en el 1.486 millones en el primer trimestre. Hay ciertos elementos que están permitiendo aliviar las arcas autonómicas. Como ya sucedió en el ejercicio anterior, los préstamos del Estado a las comunidades a tipos de interés ventajosos tienen un reflejo en el capítulo destinado a cubrir el coste de la deuda. Entre enero y marzo, el gasto en intereses ascendió a 900 millones, un 15,7% menos que en el mismo período del año anterior. En 2015, los recursos destinados a cubrir el coste de la deuda se redujeron un 45%.
Hacienda abonará 7.000 millones en julio a las autonomías
Por el lado de los ingresos, los datos hasta marzo muestran la recuperación de tributos propios como el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados, que grava la compraventa de casas de segunda mano y trámites como la firma de una hipoteca. Estos impuesto, que se derrumbaron durante la crisis, aportaron a las comunidades hasta marzo 1.696 millones, un 10,9% más. En 2015, las comunidades recaudaron por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentado 7.000 millones. Un 13,5% más que el ejercicio anterior.
Por otra parte, los recursos del sistema de financiación también se incrementarán este año un 8,74% hasta alcanzar los 92.715 millones. El próximo mes de julio, Hacienda abonará 7.000 millones a las comunidades por la liquidación del ejercicio 2014, año en el que los ingresos superaron las previsiones. Ello permitirá que las comunidades cuenten este año con unos ingresos adicionales.
En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sostiene que si las comunidades son rigurosas en los gastos, existe la posibilidad de que se cumpla el objetivo de déficit público, fijado en el 0,7%. Es la primera vez desde el inicio de la crisis que existe una posibilidad real de no rebasar los límites de estabilidad. Además, ante las presiones de Bruselas, Hacienda ordenó a las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit de 2015 la aprobación de acuerdos de no disponibilidad.
El foco de preocupación en el ámbito del sector público se centra en la Seguridad Social, cuyo desfase de ingresos y gastos no está previsto que remita. El organismo encargado de pagar las pensiones cerró el año pasado con un déficit superior a los 13.500 millones (1,2% del PIB). El envejecimiento de la población y el incremento de la pensión media en un contexto de elevado desempleo y bajas retribuciones ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del modelo. La Seguridad Social debería cerrar este año con un déficit del 1,1% del PIB y todos los analistas dan por descontado de que ese limite se incumplirá.
Financiarse con el Estado o en el mercado
Hay comunidades que no pueden elegir entre endeudarse en el mercado o recurrir a los préstamos del Estado. Ello es así porque no encuentran financiación o el coste por endeudarse resulta excesivo. Comunidades como Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha precisan de la ayuda estatal para cumplir con sus obligaciones de pago. La deuda pública de la Generalitat catalana asciende a 72.274 millones y el 60% de este importe son créditos suscritos con la Administración central.
Es decir, son préstamos derivados del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o del plan de pago a proveedores que su puso en marcha al inicio de la pasada legislatura. El Gobierno catalán argumenta que su precaria situación se debe al modelo de financiación autonómico y señala que los catalanes aportan a la caja común más de lo que reciben. La Generalitat valenciana también asegura que su comunidad se encuentra maltratada por el sistema de financiación.
Actualmente, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Baleares están adheridas al FLA. El pasado 30 de mayo, el Ministerio de Hacienda ordenó el pago de 505 millones. Recibir dinero del FLA implica también aceptar un mayor control de Hacienda, que exige la presentación de planes de ajuste e información sobre el detalle de los gastos. Este es uno de los motivos por el que regiones como la Comunidad de Madrid han rehusado acogerse a los mecanismos de financiación estatales. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes informó ayer de que la Administración regional ha financiado ya el 100% de la deuda autorizada por el Consejo de Ministros y que asciende a 2.082 millones. La Consejería de Hacienda señaló que las operaciones de endeudamiento se han cerrado a los tipos de interés más bajos jamás registrados. Destaca, además, que la Comunidad de Madrid realizó una colocación privada de 60 millones a 50 años, un período “nunca alcanzado por una comunidad autónoma”.
