Madrid debe volver a gravar el patrimonio
Se podría haber hecho una fórmula a la alemana con una normativa común del impuesto para todas y una coordinación y transferencia de datos automática
El impuesto sobre el patrimonio (IP) grava el conjunto de los bienes, la capacidad económica diferenciada de la renta de las personas. Igual que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) grava la renta. El impuesto sobre patrimonio e IRPF no son incompatibles y sí complementarios. Con el primero, aunque la liquidación no sea positiva, se detectan los bienes de una persona y, por lo tanto, sirve para conocer si su declaración de la renta justifica el incremento de la riqueza. El legislador lo ha comprendido al fijar entre los epígrafes del IRPF el que denomina ganancias patrimoniales no declaradas, que viene a ser una regularización de los flujos de renta diferentes a los anteriormente declarados.
El impuesto del patrimonio fue cedido a las comunidades autónomas, no solo su recaudación, sino también su normativa y, por un mal planteamiento de coordinación fiscal, hay carencias de transmisión de datos entre lasadministraciones tributarias. Eso ha producido distorsiones y una competitividad a la baja en la composición de la base imponible, tipos, etc, así como una distorsión informativa que limita la capacidad inspectora para detectar fraudes. Se podría haber hecho una fórmula a la alemana, por la que la recaudación se cediera a las comunidades autónomas (länder), pero teniendo una normativa común del impuesto para todas y una coordinación y transferencia de datos automática.
Pero así y todo, cuando se suprimió de facto en 2008, en todo el Estado la recaudación fue de 2.412 millones de euros, cantidad que en 2013, con las modificaciones normativas introducidas por las comunidades autónomas y la decisión de la Comunidad de Madrid de bonificar el 100 % del impuesto, se convirtió en 1.115 millones, cifra que sigue siendo importante.
La presión de los grandes detentadores de riqueza y ciertos círculos académicos ha defendido la limitación de su base imponible, la exención de determinados bienes y, por fin, la supresión de este impuesto con mucha fuerza, al mismo tiempo que defiende la dualidad del impuesto sobre la renta, que grava menos a las rentas de capital que las del trabajo y en todo caso supone el achatamiento de la progresividad del sistema tributario.
El impuesto sobre el patrimonio forma parte del sistema fiscal y de la progresividad (o no) del mismo. Y la política tributaria y fiscal incide en la desigualdad. Cuestión esta última que se ha incrementado en los últimos tiempos. El crecimiento de las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo es, desde hace décadas, una constante y el sistema fiscal no lo ha corregido. Eso explica que en nuestro país, y en el conjunto de los países de la OCDE, haya disminuido el porcentaje que ocupan las rentas del trabajo en la renta nacional.
A finales de 2011 se volvió a reimplantar el impuesto sobre el patrimonio, pero manteniendo los problemas existentes, dado que es un impuesto cedido en las haciendas de régimen común o concertado con las haciendas forales. En un primer momento, las comunidades balear, madrileña y valenciana bonificaron el impuesto y decidieron incrementar su déficit o reducir prestaciones. Posteriormente, solo la comunidad madrileña, durante el periodo de la presidenta Esperanza Aguirre, del PP, ha seguido con esa bonificación, que continúa en la actualidad.
Es hora en estos momentos de nuevos Gobiernos, de volver a situar este impuesto en la agenda de toma de posiciones. El Gobierno del Estado debe de pronunciarse sobre la vigencia del impuesto, tras su aprobación por tiempo definido. Pero, además, hay que dar una respuesta coordinada de las comunidades autónomas sobre la vigencia del impuesto, como instrumento de equidad y progresividad fiscal. Sería oportuno que desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera se consensuasen unas normas mínimas para evitar una desastrosa competitividad fiscal. Y sobre todo que los legisladores de la Comunidad de Madrid empezasen rompiendo esa carrera a la baja con este impuesto y lo restablecieran.
En estos tiempos de modernidad y preocupados como estamos por tener una sociedad inclusiva con mejora de prestaciones sociales e igualdad de oportunidades, se debe fijar en normas lo que son discursos de escasa trascendencia. La implantación del impuesto de patrimonio en Madrid sería una buena contribución para pasar de las palabras a los hechos.
Santiago González Vallejo es economista. Unión Sindical Obrera (USO).