Todos pendientes de Garoña

El cambio climático y el aumento imparable de la demanda energética hacen resurgir la polémica sobre la energía nuclear cada cierto tiempo. Es el eterno dilema: las centrales nucleares emiten muy poco CO2 a lo largo de su ciclo de vida, pero la gestión de los residuos radiactivos sigue siendo el gran problema, sin olvidar catástrofes como las de Chernóbil, hace ahora 30 años, y más recientemente, en 2011, la de Fukushima.

En España el debate nuclear no está ni mucho menos cerrado. Y Santa María de Garoña, propiedad de Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, está en el centro de esa controversia. El periodo de funcionamiento de las centrales no tiene un plazo fijo. Las autorizaciones de explotación se renuevan periódicamente tras la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la concesión del Ministerio de Industria.

Actualmente, todas las centrales tienen un periodo aprobado de funcionamiento de diez años, y será entre 2020 y 2024 cuando deba producirse la próxima renovación. De ahí la relevancia de la ampliación o no de la vida útil de Garoña, la más antigua, que empezó a operar a mediados de 1971 y que está parada desde diciembre de 2012 por decisión de la empresa propietaria, ya que sentará un precedente para que las demás centrales también puedan prolongar su vida útil de los 40 años actuales a los 60.

Para Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, Garoña es el primer pulso de la industria nuclear para intentar prolongar la actividad de estas instalaciones hasta los 60 años. “Lo que se está debatiendo no es tanto la reapertura de Garoña como que se extienda la vida de las centrales y, por otro lado, que el CSN otorgue permisos de más de 10 años”.

“Siempre hemos defendido que no se trata tanto de acotar la vida de una instalación como de garantizar, en todo momento, la seguridad de su operación y su viabilidad económica”, señalan desde Iberdrola, aunque su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se comprometiera ante los representantes de los trabajadores de la empresa a cerrar Garoña.

En cualquier caso, subraya la compañía, “todas las tecnologías son necesarias para satisfacer la demanda eléctrica con un parque de generación eficiente y sostenible económica y medioambientalmente. La tendencia mundial es a ampliar el periodo de explotación hasta, al menos, los 60 años”.

Por su parte, Endesa también considera que la vida útil de las centrales podría ampliarse, “sobre la base de garantizar los necesarios criterios técnicos, de seguridad y de viabilidad económica”. Y, en el caso concreto de Garoña, indica que se encuentra a la espera del informe técnico del CSN.

“Una vez que el CSN emita su informe, Nuclenor analizará sus consecuencias, en términos de viabilidad técnica y económica, y adoptará una postura definitiva sobre el futuro de la central, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en ella, entre ellos, la elevada carga fiscal que grava actualmente a las centrales nucleares españolas y el desfavorable entorno de precios”, concluye Endesa.