Incentivos fiscales a la I+D+i: mejorables e imprescindibles
Junto con medidas financieras o ayudas directas, la regulación fiscal se configura como una importante política gubernamental para fomentar una determinada actividad económica.
Un claro ejemplo es la deducción fiscal por actividades en I+D+i, instrumento utilizado por la mayoría de los Gobiernos para fomentar la actividad innovadora. Así, se permite a las empresas recuperar parte del coste de la inversión realizada en un tipo de actividad clave para el desarrollo económico de un país, pero que posee un riesgo elevado en su ejecución debido a la incertidumbre del resultado y el largo plazo de retorno de la inversión.
En España, la reciente crisis económica ha servido para constatar la necesidad que tiene nuestra economía de ser más intensiva en innovación, así como la dificultad para alcanzar los índices deseables de colaboración público-privada, porcentaje de inversión en I+D+i respecto al PIB, etc. Parece sin embargo que, en el contexto del debate político actual, han vuelto a insinuarse opiniones reacias a mantener este instrumento fiscal de impulso a la innovación.
A este respecto, cabe indicar que España fue, en 1978, uno de los primeros países de Europa en adoptar la deducción fiscal por I+D+i. Desde entonces se ha mantenido con diversas modificaciones y mejoras. Un reciente estudio de la Comisión Europea, publicado en 2014, que analizaba la efectividad de estos incentivos fiscales, destacó el modelo español entre los mejor valorados. Así, de 33 países estudiados (los de la UE más Canadá, Israel, Japón, Noruega y Estados Unidos), 21 adoptaban la deducción fiscal como política para incentivar la actividad en I+D, siendo el sistema español uno de los mejor posicionados, gracias precisamente a las novedades normativas que se han ido introduciendo en los últimos años.
Así, desde 2013, resulta posible monetizar la deducción fiscal generada, lo que permite recuperar de manera más rápida y efectiva este crédito fiscal. De esta forma se ha aportado competitividad internacional, seguridad jurídica y accesibilidad a las empresas españolas inversoras en I+D+i, acercándonos más al modelo existente en países como Francia o Reino Unido. No obstante, en nuestra opinión, una flexibilización en los requisitos para optar por la monetización haría aún más atractivo el sistema, generando un incremento adicional en la actividad innovadora de las empresas.
Asimismo, la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, vigente desde 2015, ha recogido las mejoras ya instauradas desde 2013, introduciendo mejoras en lo que se refiere a la configuración de la deducción por realización de actividades de I+D+i.
En nuestra opinión, el éxito de cualquier incentivo fiscal se demuestra por su capacidad de incrementar la actividad que se pretende fomentar. Así, la efectividad de la deducción fiscal por I+D+i queda demostrada si dicho incentivo logra generar una mayor actividad innovadora que, de otra manera, no se generaría. Pues bien, los datos a este respecto son claros y muy positivos. Así, de acuerdo con la información facilitada por el Mineco, entre 2008 y 2015, los proyectos presentados para ser certificados a efectos de aplicar la deducción fiscal por I+D+i han aumentado un 274%; el número de empresas solicitantes se ha incrementado en un 247%, y también ha crecido sensiblemente el porcentaje de pymes que han accedido a este sistema. A la vista de estas cifras, es innegable que el actual incentivo fiscal español es efectivo y utilizado cada vez más y por todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, nacionales y multinacionales.
Lógicamente, el sistema debe seguir atento a su mejora continua, en función de las necesidades económicas, la consecución de los planes estratégicos nacionales y de la evolución de los países de nuestro entorno. El objetivo debe ser que cada vez más empresas españolas puedan beneficiarse realmente de este instrumento, atraer y retener mayor inversión así como también empleo de calidad, y competir en condiciones de igualdad en el ámbito internacional.
De ahí que, según entendemos en la Fundación I+E, el mantenimiento de la deducción en nuestro ordenamiento fiscal sea imprescindible para incrementar nuestro desarrollo económico, competitividad y empleo. No podemos permitirnos ponerlo en duda si aspiramos a escalar posiciones en el escalafón de países innovadores.
Marta Moreno de Alborán, Pablo Navazo y Antonio Queizán son responsables de Asuntos Fiscales en HP Inc., Alstom y Ericsson, empresas miembros de la Fundación I+E-Innovación España.