El fraude de la luz costará unos 50 millones a las grandes eléctricas
La deuda no es proporcional al tamaño de la empresa El impago afecta a la generadora y a los peajes de las distribuidora
Las compañías eléctricas han calculado el impacto en sus cuentas del agujero provocado por decenas de comercializadoras en el pool eléctrico, muchas de las cuales han sido inhabilitadas por el Ministerio de Industria o tienen abierto un procedimiento de inhabilitación. Fuentes empresariales aseguran que en el caso de las tres grandes del sector, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, el impacto ha sido hasta ronda los 50 millones de euros.
Este es el saldo para las principales de Unesa derivado de unas prácticas que han sido investigadas por la CNMC, tras las denuncias de REE. Las comercializadoras ahora incapacitadas suministraban a sus clientes una energía que no pagaban ni hacían frente a las obligaciones de su participación en el mercado o al peaje por el uso de las redes de distribución, que han tenido que asumir el resto de agentes del mercado.
De aquella cantidad, 25,19 millones de euros corresponden a Endesa; más de 15 millones a Gas Natural Fenosa, y el resto, hasta aproximadamente siete millones, a Iberdrola. Esta deuda no resulta proporcional al tamaño de las compañías porque las denominadas comercializadoras piratas no solo no pagan la energía que suministran a sus clientes y que entregan las generadoras en el mercado, sino tampoco los peajes de las redes. Por ello, en las compañías verticalmente integradas (que desarrollan las tres actividades), el impacto depende del equilibrio entre lo que venden y compran las empresas del mismo grupo.
Por ejemplo, en el caso de Endesa, “estas prácticas fraudulentas” han supuesto unos impagos a su filial de distribución de 8,2 millones de euros y a Endesa Generación de 25,2 millones (estas cantidades incluyen la deuda de las comercializadoras que están inhabilitadas como a las que aún no tienen la resolución definitiva). Las que están en esta última situación siguen suministrando a sus clientes pues estos no se traspasan, según establece la norma, a la comercializadora regulada o de referencia de su zona hasta que el Ministerio de Industria decreta la inhabilitación.
En cuanto a Iberdrola, ha sido su distribuidora la que ha sufrido el mayor impacto, pues la mayor parte de los casos de fraude se han producido en la zona de Levante, área de distribución de esta eléctrica. A la comercializadora de referencia de Iberdrola le han llegado traspasar untotal de 9.000 clientes de 18 comercializadoras inhabilitadas. Por contra, el impacto en el grupo Gas Natural ha sido para su generadora.
El reparto de la deuda entre los distintos agentes no depende de su tamaño, sino de las posiciones acreedoras ante el operador del sistema (REE). Según estas, un generador verticalmente integrado netea sus posiciones por los saldos deudores y acreedores de las comercializadoras de su grupo; un generador libre paga por toda su posición acreedora y en el caso del comercializador libre, paga por la posición acreedora que tenga, en el caso de que haya comparado más energía en el mercado diario y tenga que acudir a los mercados posteriores de REE. Este es el motivo por el cual también el resto de comercializadoras se pueden ver afectadas por estas prácticas de fraude.
El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, pidió esta semana contundencia en la persecución de un fraude que no pagan en esta ocasión los consumidores, sino el resto de empresas. Aunque hay quien asegura que finalmente sí lo paga el usuario, pues las empresas lo pueden repercutir en el precio final, esto no es así pues solo se permite repercutir los costes variables.
“¿Por qué hemos de pagar nosotros un fraude de terceros?”, subrayó Villaseca durante la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía. Al parecer, tanto Gas Natural como el resto de compañías ha denunciando en reiteradas ocasiones la situación ante el ministerio, y no se descartan otras medidas judiciales. “Industria y la CNMC deben ser muy diligentes a la hora de poner coto a estas prácticas fraudulentas, que nos afectan en última instancia a todos”, señalan en otra de las empresas.
- La lista negra
En 2014, la CNMC denunció ante la Fiscalía a cuatro comercializadoras (Electricidad Futura Levantina, después Europa Global Energy; Euroenergía de Levante; Elecval y Cenermed),administradas por Ignacio Freixedas Pascual y Carlos Sánchez Cañadell que habían generado “una deuda exigible y vencida” de casi 10 millones. Según el organismo, habrían cobrado a sus clientes “una energía a la que finalmente no hacían frente, creando diferentes empresas para evitar el pago de la deuda”.
Otras inhabilitadas han sido Luci Mundi, Nortedison, Comercial Eólica, Electrourbano, Eléctrica Renovables Más 3, Orus Energía, AE3000 Agent, Ipostar y Oltem.
Un impago que afecta también al IVA
El fraude en la compraventa de energía en el pool eléctrico no supone solo el impago de la generación vendida o de los peajes por el uso de las redes, sino del IVA correspondiente. En el sector sorprende que la Fiscalía archivara la denuncia presentada en 2014 por la CNMC contra cuatro comercializadoras pirata, pero el supervisor tiene previsto volver a recurrir. Sin embargo, hay consenso en que el problema no terminará sin un cambio regulatorio que depende de un Ministerio de Industria en funciones.
Por un lado, las afectadas piden que se actúe con mayor celeridad contra las comercializadoras desde que se detecta el primer incumplimiento (desde ese momento hasta la inhabilitación suele transcurrir un año, pues el sistema es garantista y permite alegaciones). También hay quien pide que el principio de proporcionalidad y racionalidad se apliquen tanto para el acceso a la actividad (con una declaración responsable del interesado es suficiente), como para su expulsión por incumplimiento (en este caso, es precisa una resolución del ministerio.
Un asunto más controvertido es el de las garantías que se exigen en el mercado, que las pequeñas comercializadoras ya consideran elevadas (de hecho hay muchos procedimientos de inhabilitación que no responden a mala fe, sino a las dificultades de las compañías). Si estas se incrementan “nos cargamos el mercado”, aseguran varias fuentes consultadas. Pero también las prácticas de fraude perjudican a un mercado eléctrico ya de por sí difícil, “por la mala imagen” y por la dificultad de competir en precio “con unas comercializadoras que pueden hacer las rebajas que quieran a sus clientes, pues no pagan la energía que les suministran”, añaden.
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