Mantener a toda costa el equilibrio fiscal
El nuevo plan de estabilidad que el Gobierno remitió el mes pasado a Bruselas, en el que se corrigen las previsiones de crecimiento y se flexibiliza el objetivo de déficit público, es una hoja de ruta creíble siempre que se adopten de forma estricta las medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo para cumplirlo. Esa es la conclusión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el informe en el que analiza las cifras del Programa de Estabilidad 2016-2019, que el organismo considera “exigentes”, pero “factibles”. La batería de ajustes que debe ejecutarse junto al plan incluye un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones para la Administración central; otro para las comunidades autónomas de 830 millones y la previsión de que no se ejecuten otros 680 millones adicionales de los presupuestos regionales. Los expertos de la Airef consideran posible que las Administraciones públicas cumplan con sus objetivos de déficit y, en el caso de los ayuntamientos, que cierren de nuevo con superávit. No ocurre lo mismo con la Seguridad Social, que tiene todas las bazas para convertirse en la cenicienta de la carrera hacia la consolación fiscal. El organismo debería acabar el año con un desfase del 1,1% del PIB, pero la Airef sostiene que la cifra será mayor. El colchón de superávit de los ayuntamientos permite, sin embargo, sostener que la deficitaria caja de las pensiones no impedirá que la economía española pueda cumplir la disciplina que propone a Bruselas.
A la espera de que la Comisión Europea decida si aprueba esta hoja de ruta, la primera incertidumbre que contiene el nuevo programa de estabilidad es la incógnita de cuál será la política económica del Gobierno encargado de ejecutarlo. Se trata de la consecuencia lógica, pero también perjudicial, de un plan diseñado por un Ejecutivo que está en funciones y que, por tanto, no podrá tutelar su cumplimiento.
La disciplina fiscal seguida hasta ahora por España constituye uno de los ejes de la recuperación, al haber contribuido a devolver el coste de financiación del país a parámetros razonables y haber proporcionado así a empresas y ciudadanos un acceso al crédito en condiciones más asequibles. Esa es la razón por la que garantizar el mantenimiento del compromiso de consolidación fiscal tiene que ser una prioridad dentro del programa económico del próximo Gobierno, sea cual sea su composición y su signo político. No solo porque resulta fundamental para que la economía española pueda consolidar su senda de crecimiento y seguir creando puestos de trabajo, o porque nos enfrentaríamos a severas sanciones por parte de Bruselas, sino porque los mercados internacionales nos situarían muy pronto de nuevo en el grupo de países europeos colocados al pie de los caballos.