La alargada sombra de Competencia
La segunda ofensiva dirigida por Bruselas contra Google por presuntas prácticas contra la competencia ha vuelto a colocar a la compañía californiana en el epicentro de la polémica sobre el abuso de dominio en el mercado por parte de los gigantes de internet. Por segunda vez en este año, la comisaria Margrethe Vestager ha planteado una acusación formal contra la multinacional estadounidense por abuso de posición. Si el pasado abril, el expediente de la CE se basaba en el supuesto dominio de Google sobre la publicidad en la red, esta segunda causa alude al sector de la telefonía móvil, donde su sistema operativo –Android– ha logrado imponerse en un 65% de los smartphones vendidos en Europa. Bruselas acusa a Google de aprovechar su considerable pedazo de pastel en el sector para exigir la inclusión de sus aplicaciones en los teléfonos e impedir la utilización de las apps de otros fabricantes. Vestager asegura que la multinacional ha llegado a pagar cantidades “importantes” para que los fabricantes y operadores de móvil utilicen Android.
Los expedientes de Bruselas no son meras acusaciones formales con multas testimoniales. Google se enfrenta a la posibilidad de ser multada con hasta el 10% de su facturación mundial, lo que puede suponer hasta 6.500 millones de dólares en cada una de las causas. Un ejemplo de la contundencia sancionadora de la CE está en el expediente contra Microsoft, que concluyó con una multa de 2.000 millones de dólares. Una amenaza lo suficientemente importante como para que Google prepare cuidadosamente su estrategia para defender su posición frente a las autoridades europeas. El buscador ha negado todos los cargos que le atribuye Vestager y asegura que Android es gratuito y “bueno para la competencia”.
Más allá de cual sea el desenlace de los dos expedientes abiertos por la CE, la fuerte posición que mantienen las grandes compañías estadounidenses de internet en territorio europeo constituye una evidencia difícil de negar. Que ese posicionamiento implique o no la vulneración de la legislación antimonopolio es el interrogante que tendrá que responder ahora la Comisión Europea. Sin embargo, no es esta la única acusación en términos de competencia que pesa sobre los gigantes de internet en el Viejo Continente. La industria europea de telecomunicaciones, que ha invertido grandes recursos en construir redes de infraestructuras, ha denunciado en más de una ocasión el presunto trato fiscal favorecedor que reciben estas compañías respecto a las europeas y las ventaja que supone para ellas el libre uso de las redes. Se trata, esta última, de una acusación que Bruselas debería resolver con celeridad. La misma celeridad que una compañía como Google tiene derecho a exigir en la resolución de estos expedientes, por el potencial perjuicio patrimonial y de imagen al que se enfrenta.