Hacienda negociará con las regiones dónde recortar el gasto

No ha sido nada casual que antes de empezar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno anunciara un recorte presupuestario de 2.000 millones. Es una forma de responder a las críticas de las comunidades autónomas, que denuncian que el Ejecutivo traslada sobre ellas la responsabilidad de los ajustes. Los consejeros autonómicos de Hacienda no han ocultado su malestar durante la reunión, convocada para desgracia de los partidarios de la conciliación familiar y laboral a las seis de la tarde de un viernes. Algunos, como Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y consejero de Hacienda no acudieron a la cita. En su lugar, y en un acto con evidente carga simbólica, se presentó el consejero de Exteriores, Raül Romeva.

La relación entre Hacienda y las comunidades es muy tensa después de que Montoro culpara a las autonomías del incumplimiento del objetivo de déficit público y aplicara por primera vez medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La semana pasada, Montoro envió una carta a doce comunidades exigiendo la aprobación de un acuerdo de no disponibilidad. Las autonomías defendieron durante la reunión que no pueden aplicar más ajustes y algunas como la Generalitat de Cataluña ya han anunciado que no cumplirán el acuerdo de no disponibilidad. Sin embargo, según la Ley de Estabilidad, incumplir la directriz de Hacienda puede originar la intervención de la comunidad por parte del Gobierno central.

En un tono más conciliador, Montoro señaló que el acuerdo de no disponibilidad estudiado en el Consejo de Ministros puede servir de guía a las comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda se comprometió a explicar a cada autonomía fórmulas para reducir el gasto. De hecho, se celebrarán reuniones bilaterales con cada una de las comunidades para explorar márgenes de ajuste que no afecten a políticas sociales. Estos encuentros se celebrarán en breve porque el Ejecutivo concedió el pasado 6 de abril un plazo de 15 días para aprobar acuerdos de no disponibilidad. Aun así, todo apunta que Hacienda será relativamente flexible con este plazo.

Montoro recordó que su actuación responde a las exigencias de la Comisión Europea, que pidió que el Gobierno aplicara medidas para corregir el déficit autonómico. Aun así, Montoro sugirió que el objetivo de estabilidad se flexibilizará. Esta medida se adoptará en un futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera y después de que el Gobierno acuerde con Bruselas una nueva senda de consolidación fiscal. Las autonomías deben reducir su déficit público del 1,66% del PIB registrado en 2015 al 0,3%, un recorte inabarcable y que será revisado.

El próximo martes, el Ministerio de Economía presentará el Programa de Estabilidad 2016-2019, que incluirá un nuevo objetivo de déficit público. Actualmente, Bruselas exige que los números rojos bajen este año del 5% registrado el año anterior al 2,8% del PIB. Previsiblemente, este objetivo quedará finamente en torno al 3,6% del PIB, un umbral más asequible, aunque también de difícil consecución. Será en ese momento cuando el Gobierno renegociará un nuevo reparto del déficit público entre los distintos eslabones de la Administración. Montoro no quiso confirmar si el Programa de Estabilidad contemplará un nuevo objetivo de déficit, sin embargo, defendió que ese mayor margen solo se producirá si España se compromete a seguir con la reducción de los números rojos. El ministro de Hacienda aseguró que todas las comunidades están comprometidas con la estabilidad presupuestaria.

Durante la reunión, las comunidades defendieron la necesidad de abordar un nuevo sistema de financiación autonómica. En este sentido, el Gobierno propuso poner en marcha el grupo de expertos para trabajar en la reforma del modelo e invitó a las comunidades autónomas a presentar posibles candidatos.