Los alcaldes se rebelarán contra Hacienda por el límite de gasto

Los ayuntamientos se sienten paganos de la crisis. Son la única administración pública que ha logrado cerrar con superávit en los cuatro últimos ejercicios (0,32%, 0,55%, 0,57% y 0,44% del PIB cuando la meta era cerrar en equilibrio presupuestario). Unos saldos que han servido para enjugar el boquete abierto en las cuentas de la Administración Central, Seguridad Social y de las comunidades autónomas y que ha evitado que las recetas impuestas desde Bruselas hayan sido más estrictas.

Conscientes de ello, los representantes municipales acuden hoy a la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) con el ánimo de hacer valer su austeridad fiscal y reclamar un trato diferenciado frente al resto de administraciones incumplidoras. Las dos principales reivindicaciones, según fuentes municipales consultadas por Cinco Días, se refieren a la regla de gasto fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y al techo de gasto que fija Hacienda para las administraciones locales.

La regla de gasto establece que el desembolso de las administraciones públicas no podrá superar la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Este último índice lo elabora anualmente el Ministerio de Economía y ha quedado fijado en el 1,8% este año. Dicho de otra manera, que el gasto público de las administraciones no podrá superar en ningún caso ese nivel, con independencia de que sus cuentas estén saneadas. Para compensar a los municipios con superávit, Hacienda les permite gastar solo una parte de ese excedente en un catálogo de inversiones consideradas como financieramente sostenibles. El proyecto debe tener una vida útil mínima de cinco años, debe ejecutarse en el ejercicio presupuestario en vigor y no puede destinarse a la compra de bienes o vehículos, excepto en el caso de que se dedique a transporte público. Una solución que no ha convencido a Madrid, el consistorio más saneado de España y al mismo tiempo el más endeudado. Hacienda solo le permite gastarse 300 millones de los 560 millones de remanente de tesorería con los que cerró 2015.

Algo similar sucede en el caso de Barcelona, que directamente ha optado por desmarcarse de la regla de gasto. Fuentes municipales confirman que se ha superado la limitación legal no solo en el importe dirigido a inversiones financieramente sostenibles sino hasta la totalidad de los ingresos de tal manera que el nuevo presupuesto prevé que no haya superávit este año. Esto les ha permitido disponer de 100 millones adicionales para inversión. “El Ayuntamiento de Barcelona considera que tiene una situación muy saneada por lo que no tiene sentido esta política de austeridad”, remarcan.

La otra petición que los ayuntamientos trasladarán a Montoro será la flexibilización del techo de gasto. Hacienda impone todos los años un límite, que sirve como base para los gastos no financieros de los consistorios. Para el cálculo de esa cifra se toma como referencia el gasto realizado en el anterior ejercicio, lo que es considerado como por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “como una limitación a sus posibilidades de inversión”. Por ello reclaman que se tome como base las necesidades futuras de los consistorios y no lo gastado en el ejercicio anterior. “Los Ayuntamientos de toda España, de todo color político, lo que reclaman no es que se elimine el techo de gasto sino que se le exige una reinterpretación de cómo se calcula ese techo de gasto”, apunta Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP.