La UE aprueba el registro de pasajeros aéreos tras cinco años de debate

La numantina, y para algunos trasnochada, resistencia del Parlamento Europeo a aprobar el uso generalizado del llamado PNR (siglas en inglés del Passenger Name Record o datos del pasajero) concluyó ayer. Los eurodiputados aprobaron en Estrasburgo el proyecto de directiva por 461 votos a favor, 179 en contra y 9 abstenciones.

La presión de las capitales para obtener el visto bueno se redobló a partir de la matanza de Charlie Hebdo en enero de 2015 y ha sido irresistible tras las matanzas en París de noviembre del año pasado y en Bruselas este mes de marzo. Hasta el primer ministro francés, Manuel Valls, se desplazaba anteayer a Estrasburgo para asegurarse de que su deseado proyecto salía adelante.

La amenaza yihadista ha sido tan decisiva que el texto aprobado es más duro que el presentado por la Comisión Europea en 2011 y que fue rechazado por el Parlamento dos años después.

Aquella propuesta planteaba la conservación de los datos del pasajero durante 30 días. Pero la directiva aprobada ayer amplía el periodo de retención hasta cinco años y deberán estar personalizados durante los primeros seis meses. Los Gobiernos de la UE incluso querían ir más lejos y que los datos no se convirtiesen en anónimos hasta pasados dos años.

La propuesta inicial, además, solo afectaba a los vuelos con destino o procedencia en terceros países, fuera de la UE. Pero el ámbito de aplicación se ha ampliado y los países que lo deseen también podrán exigir el registro de los pasajeros en los vuelos intracomunitarios. Para hacerlo, tan solo tendrán que notificar su intención a la CE.

Los europarlamentarios han logrado como contrapartida que se obligue a cada Estado miembro a designar un responsable que supervise el procesamiento y utilización de los datos del pasajero, así como el compromiso de que los datos completos, sobre todo en el periodo inicial de seis meses, solo se facilitarán bajo estrictas condiciones.

Armonización incompleta

Los socios de la UE disponen ahora de dos años para adaptarse a la directiva, pero su simple aprobación fue recibida ayer por las instituciones como un gran avance en la lucha antiterrorista. El Gobierno francés, sobre todo, celebró que por fin haya salido adelante una norma que reclama incansable desde hace años. Los grupos derrotados, como los Verdes e IU, confían en que el Tribunal de Justicia Europeo anule la norma cuando entre en vigor.

Para el sector aéreo, en cambio, la directiva puede suponer una amarga derrota. Las aerolíneas reclamaban una armonización completa de las normas sobre uso del PNR, para superar la situación actual en la que cada país aplica unos criterios.

La directiva equiparará los requisitos para los vuelos extracomunitarios, pero deja libertad a cada país en el caso de los intracomunitarios, lo que abre el camino a posibles discrepancias.

A la misma incertidumbre se enfrentarán las agencias de viajes y los turoperadores, que habían pedido ser excluidos completamente de la obligación de facilitar los PNR de sus clientes. La directiva permitirá que cada Estado decida, por lo que esas compañías, en muchos casos multinacionales, se enfrenarán a criterios distintos en función del país de la UE donde atiendan al cliente.

Viviane Reding, comisaria de Justicia en 2011, cuando se lanzó el proyecto legislativo, y ahora eurodiputada (del Grupo Popular), aseguró ayer que “el PNR es un instrumento importante para rastrear a los terroristas que vuelan hacia o desde la UE”. Pero Reding lamentó que el acuerdo final haya optado “por un sistema con 28 bases de datos [una por país] en lugar de una única y por un sistema voluntario y no obligatorio”.