Una tensa asamblea de inspectores del Banco de España
El orden del día de la asamblea que celebra hoy la asociación de inspectores del Banco de España no tiene ningún punto que hiciese sospechar inicialmente el nivel de tensión que existe entre este gremio y la cúpula de la institución supervisora, e incluso entre el grueso del colectivo y una parte pequeña de ellos.
En principio debería ser una asamblea rutinaria, y puede que al final incluso sea así. Pero hasta llegar a esta situación se han tenido que dejar en la trastienda las diferentes posturas que sobreviven tanto en la dirección del Banco de España, como entre los propios inspectores. Al parecer, en las últimas semanas un grupo de miembros de este gremio, aquellos con una posición más elevada dentro de la supervisión, han intentado promover una moción del censura contra la directiva de la asociación de inspectores.
Este grupo podría representar, según fuentes de la inspección, menos de un 20% del colectivo, razón por la que sus pretensiones parecen haber sido enterradas y no se abordarán directamente en la asamblea. De esta forma, la junta que ha convocado el acto de hoy no tendrá que someter a votación ningún punto ni tendrán que defender su liderazgo en la asamblea.
“La actual junta de la asociación de inspectores cuenta en estos momentos con el apoyo mayoritario del colectivo. Como mínimo con el 80% de sus miembros. Por ello, no se va a pedir una moción de censura, como pretendía una pequeña fracción del gremio, que ha intentado en las últimas semanas buscar votos. La junta actual seguirá”, explican fuentes cercanas a la inspección.
El intento de pedir una moción de censura contra la junta ha quedado bloqueado
El mar de fondo de este choque de posturas está en el ‘caso Bankia’. Aunque el enfrentamiento de los inspectores con la cúpula del Banco de España es más antiguo. Ya con Pedro Solbes como ministro de Economía, y Jaime Caruana como gobernador del Banco de España, en los años 2005 y 2006, este colectivo contaba con informes que alertaban, sobre todo, de la operativa de algunas cajas de ahorros.
Pero han sido los últimos informes, que los peritos del Banco de España han realizado para el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, los que han vuelto a encender las alarmas en ciertos departamentos del Banco de España vinculados a la supervisión. En diciembre de 2014, los peritos Víctor Sánchez y Antonio Busquets aseguraron que cuando Bankia salió a Bolsa, en julio de 2011, la entidad ya estaba en quiebra. Por lo tanto, el folleto aprobado por la CNMV para realizar la oferta pública de suscripción de acciones (OPS) no reflejaba la imagen fiel de la entidad.
Pero tras los contrainformes de Bankia, el FROB y el acta técnica del Banco de España, realizada a petición del FROB, los peritos fichados por Andreu solo para este caso han vuelto no solo a reafirmarse en sus conclusiones de finales de 2014 (algo lógico), sino que han ido más allá. Sus nuevos escritos, dados a conocer hace algo menos de tres semanas, son aún más tajantes y duros que los anteriores. Una posición que ha vuelto a reactivar la polémica sobre la aprobación de las cuentas de Bankia, la luz verde al folleto para salir a Bolsa, o la labor de la cúpula del Banco de España cuando este colectivo llevaba sus informes de inspección hace ya más de una década a sus jefes de supervisión.
A estos polémicos informes hay que añadir unos durísimos comunicados de la asociación en general, y de la junta en particular, emitidos justo después de los informes de los peritos Víctor Sánchez y de Antonio Busquets, apoyando su labor. En el último incluso se pide la dimisión de Fernando Restoy como subgobernador al haber sido en julio de 2011 vicepresidente de la CNMV, organismo que aprobó el folleto de salida a Bolsa de Bankia.
En defensa de la actuación del Banco de España y de la CNMV están dos dictámenes del Consejo de Estado de junio y julio de 2015, en los que se asegura que no existe ninguna responsabilidad patrimonial en sus actuaciones por la OPS de Bankia.
En la asamblea de hoy los inspectores volverán a dar su apoyo a estos dos peritos del Banco de España y a defender sus trabajos.
Fuentes de este colectivo asegura que “a nosotros no nos importa que se miren nuestros informes de inspección. Ya avisamos en 2005 de los problemas que estábamos detectando en las cajas, incluidas Caja Madrid y Bancaja. Y lo único que queremos es que se aclare quiénes fueron los que llevaron a la quiebra a una gran parte del sistema financiero”.
En la asamblea, los inspectores rendirán cuentas de sus actuaciones y debatirán también sobre las debilidades de la nueva inspección liderada por el Banco Central Europeo (BCE), una vez que este colectivo ha mantenido conversaciones con sus homólogos de otros países europeos. Completarán los asuntos a debatir hoy, al menos previsiblemente, la seguridad jurídica de su profesión, y más concretamente de sus actuales informes una vez que los realizan en España –pero dependen del BCE–, y dar alguna que otra explicación sobre los duros comunicados emitidos a raíz de los escritos de Sánchez y Busquets.
Un cártel bastante cuestionado
Nuevo varapalo para la imagen de las entidades financieras españolas. El jueves pasado un juzgado de Madrid declaró nulas las cláusulas suelo de la banca y reclamó la devolución de los importes a los clientes afectados desde mayo de 2013. Las entidades ya tienen provisionado la mayoría de estas cláusulas fijadas en los contratos de las hipotecas. Por ello, el efecto de la sentencia del juzgado de Madrid será inferior a los 2.000 millones de euros, según apuntan fuentes solventes.
El mayor problema es qué pasará si en la próxima cita con el tribunal europeo, prevista para el 26 de abril, este decide declarar nulas todas las cláusulas suelo con carácter retroactivo desde la firma del contrato de la hipoteca. El perjuicio para la banca española será muy superior y podría poner en peligro a más de una entidad, ya que el inicio del boom de la aplicación de las cláusulas suelo se remontan a 1997.
Pero este no ha sido el único varapalo para la banca. Ese mismo día, el jueves 7 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank por supuesto pacto de precio e información en la concesión de un crédito sindicado. En este caso, y según todas las fuentes consultadas, el presunto cártel contra la competencia tiene pocos visos de salir adelante. Como explica un directivo de uno de estos bancos, “en un crédito sindicato hay que hablar e intercambiar información con otros bancos para concederlo. Este préstamo es cuestión de unas cuantas entidades financieras, no de uno solo”.
Las entidades consideran que es una pataleta de la empresa denunciante, que ya ha perdido una denuncia por el mismo caso. Otros añaden, además, que al ser el primer expediente sobre un producto de un banco que abre Competencia al sector, se ha convertido también en un caso de imagen. Pero eso sí, la decisión del regulador ha llegado hasta las aulas de los colegios, por lo menos al de mi hijo. A raíz de él, la profesora de Economía en Bachiller explicó lo que era un cártel, y lo ilustró con este último caso de Competencia. Y por cierto, ya contaré lo que la AEB dice a la banca sobre cómo debe rebajar la tensión con el cliente por los tipos a cero.