Bruselas reivindica el éxito del primer año del ‘plan Juncker’
El 22 de abril se cumple un año desde la aprobación de los primeros proyectos del llamado Plan Europeo de Inversión, el programa estrella de la Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker para intentar reactivar la alicaída economía del continente.
Bruselas reivindica el éxito de este primer ejercicio, en el que se ha logrado inyectar 9.600 millones de euros de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para movilizar una inversión total de 76.100 millones de euros.
La semilla del llamado plan Juncker parece haber sido especialmente fructífera entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), hasta el punto de que en el primer año se han firmado más de 150 proyectos y, según fuentes comunitarias, los objetivos marcados en ese terreno para los tres ejercicios del Plan (2015-2017) podrían cubrirse en los primeros doce meses.
La propia Comisión admite, sin embargo, que el Plan es solo una gota de aceite en un engranaje económico que no acaba de rodar a pleno rendimiento. Las cifras de partida ya indicaban que el Plan por sí solo no podría contrarrestar un desplome de la inversión que en 2014 llegó a ser de 430.000 millones de euros en relación con el pico previo a la crisis (2007) y de hasta 370.000 millones en relación con la media histórica. Frente a esas caídas abismales, el éxito que reivindica la Comisión puede ser tan cierto como estéril en un plan que solo aspira a movilizar 315.000 millones en tres años.
“Siempre dijimos que el plan podía ser la chispa que hiciera prender un cambio de tendencia, no que fuera a suponer un antes y un después”, señalan fuentes comunitarias embarcadas en la preparación del primer balance del plan, que será evaluado y revisado por los presidentes de Gobierno de la UE en la cumbre europea del mes de junio.
Bruselas confía en que esa evaluación sea positiva y que, incluso, se reconozca que el impulso del plan Juncker necesita ser reforzado para convertirse en un verdadero estímulo económico. Los principales grupos del Parlamento Europeo ya abogan por prolongarlo más allá de los tres años inicialmente previstos (2015-2017) y convertirlo en un nuevo instrumento financiero de la UE.
El equipo de Jirky Katainen, el vicepresidente de la CE responsable de la ejecución del plan, recorre incansable el continente europeo para demostrar que se trata de un instrumento útil, flexible y novedoso, porque combina inversión pública y privada. Pero los esfuerzos de Katainen (ex primer ministro de Finlandia) contrastan con una coyuntura plagada de altibajos y un club donde los países con margen presupuestario, como Alemania y Holanda, se resisten a invertir.
El plan Juncker también se ha estrellado en algunos países por la ausencia de proyectos, bien sea por falta de recursos económicos, como el caso de Portugal o Grecia, bien por la falta de experiencia en desarrollar partenariados público-privados, como en Rumanía y otros países del Este.
Más sorprendente parece la apatía de España, país con gran capacidad de absorción de fondos estructurales de la UE y principal cliente del BEI. A pesar de ese currículum, el plan Juncker apenas ha despegado, con una inversión de 615 millones de euros que ha movilizado 2.500 millones de euros, muy lejos de las cifras de Francia, Italia o Reino Unido (en torno a 1.500 millones de inversión del BEI y 6.000 millones de inversión total).
Ese contraste refleja el lado más amargo del presunto éxito del plan, porque ha logrado canalizar recursos hacia Reino Unido y Francia, que son los dos principales polos de inversión internacional de toda la UE. En Reino Unido, además, la inversión ya crecía en 2014 a un ritmo del 9% frente a la media europea del 2%.
El conjunto de la UE, mientras tanto, no se ha recuperado de una caída media de la inversión del 15%, que llegó hasta el 40% en España, Portugal o Irlanda, y al 50% en Grecia, país hundido en mínimos históricos. Ocho años después del comienzo de la crisis, esos países siguen esperando un verdadero plan europeo de recuperación del empleo y el crecimiento, pero tienen que apañarse con rebajas de salarios, intervenciones del BCE y el plan Juncker. Una fórmula probadamente insuficiente, pero, de momento, es la que hay.
Los ejecutivos temen la transparencia fsical país por país
El comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici, tiene previsto presentar mañana la normativa que obligará a las multinacionales a hacer públicos sus datos fiscales país por país (ingresos, beneficios, impuestos abonados, etc.), una obligación que hasta ahora solo existía para la banca y las industrias extractivas (mineras, petroleras...).
El proyecto ha puesto en pie de guerra a la patronal europea, BusinessEurope, que teme las repercusiones legales y mediáticas de la revelación de unos datos que solo estaban disponibles para las autoridades de hacienda.
“Es un planteamiento totalmente equivocado”, señala el director general de BusinessEurope, Markus Beyrer, durante un encuentro en Bruselas con algunos medios europeos. A juicio de Beyrer, la publicación de la información fiscal “puede crear problemas de responsabilidad legal para las empresas”. El riesgo aumentará, en particular, para los miembros de los consejos de administración, que deberán asumir la validez de la información publicada.
La patronal también teme que una información tan compleja como la fiscal se preste a interpretaciones simplistas, equivocadas o torticeras. Una empresa con grandes beneficios y multitud de empleados, por ejemplo, tendrá difícil justificar una factura fiscal rebajada por la amortización de una deuda.
La patronal alerta, además, que los datos pueden revelar a la competencia secretos de una empresa, como el margen de beneficio en ciertos mercados .
La Comisión Europea parece dispuesta a suavizar su proyecto (eximiendo a ciertas empresas o limitando la transparencia a la actividad intracomunitaria), pero descarta renunciar a un proyecto que pretende calmar a la opinión pública tras los recientes escándalos por la evasión fiscal desde el de Luxemburgo (para empresas) al de Panamá (particulares).
La UE ya alcanzó en marzo un principio de acuerdo para el intercambio automático entre las autoridades nacionales de los datos fiscales de las empresas país por país. Bruselas quiere ahora que toda esa información sea de dominio público.