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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La reforma fiscal pendiente

La campaña de renta 2015 pondrá sobre el terreno los cambios tributarios que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en una legislatura que comenzó con el mayor incremento fiscal vivido en España en siete lustros de democracia y continuó con una rebaja de impuestos que, en líneas generales, revertió en buena medida esa subida inicial. Ha sido una reforma fiscal articulada en dos tiempos y centrada en tres grandes capítulos: la rebaja de la tributación de la renta, el trato fiscal del ahorro y la fiscalidad de las empresas. La campaña de renta, que comienza el 6 de abril, incluye la reducción de los tramos del IRPF de siete a cinco, así como la rebaja del tipo mínimo del 24,75% al 19,5% y del máximo, del 52% al 45%. También mejora el trato fiscal de los rendimientos del ahorro y de las plusvalías, entre otros aspectos, además de incluir medidas que fomentan el ahorro a largo plazo en nuevos productos financieros. En sentido contrario, los contribuyentes notarán en su declaración que se ha suprimido la exención en los 1.500 primeros euros de dividendos, se han eliminado los coeficientes de actualización en la factura fiscal de las ganancias patrimoniales y se han limitado los coeficientes de abaratamiento, todo lo cual se hará notar en la tributación de la venta de vivienda.

Mientras que la subida de impuestos se realizó con el fin de recomponer las maltrechas finanzas públicas, el objetivo de esta reforma fiscal ha sido dinamizar la demanda interna e incentivar el consumo. La rebaja del IRPF constituye un eslabón más en la cadena de circunstancias favorables que han impulsado la recuperación económica en los últimos ejercicios: los programas de compra de deuda del BCE, que han abaratado la financiación y facilitado la reapertura del crédito; la devaluación del euro, que ha elevado la competitividad de nuestras exportaciones, y la caída del precio del crudo, que se ha hecho notar, especialmente, en los sectores del transporte y turismo.

La reforma fiscal del Gobierno de Rajoy ha servido para rebajar la carga fiscal de los hogares y reducir y unificar el tipo de gravamen soportado por las empresas en el impuesto sobre sociedades. La cuestión ahora es dilucidar si esos cambios en la tributación constituyen una herramienta adecuada para la actual coyuntura económica española en la que el déficit público ha incidido en el mayor desvío de toda la legislatura. El Banco de España rebajaba el viernes en una décima el avance del PIB previsto para este año y para el siguiente, un día después de conocerse que España incurrirá en un desvío de un punto en cuanto al objetivo de déficit. El análisis del organismo que preside Luis María Linde no pone en duda la actual fase expansiva de la economía española, que sigue contando con buenas perspectivas, pero advierte sobre los elementos que pueden ralentizar y enfriar el ritmo de crecimiento. Con un Gobierno insólitamente todavía en funciones y un desequilibrio fiscal bastante por encima de lo previsto, España tiene ante sí un tablero económico en el que debe mover ficha cuanto antes y abordar las reformas necesarias para alimentar el motor de la recuperación.

Más allá de que no es este el momento de plantear más rebajas de impuestos, hay una tarea pendiente por acometer en la legislación fiscal española: flexibilizar y simplificar un modelo impositivo que sigue siendo excesivamente complejo para los contribuyentes y las pequeñas empresas y que ofrece a las grandes demasiadas oportunidades de reducir su factura tributaria, con la merma de ingresos que ello supone para las arcas públicas. Esa reforma, tarea ya del siguiente Ejecutivo, debe realizarse sin perder de vista la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit fiscal impuesto por Bruselas, para lo que es necesario reforzar los medios con que cuenta Hacienda para luchar contra el fraude fiscal. Más urgente que todo lo anterior resulta despejar el clima de incertidumbre política en que España se ha instalado, puesto que para aprobar con suficiente respaldo cualquier reforma económica es necesario contar con un nuevo Gobierno.

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