Distrito Castellana Norte acusa a Carmena de saltarse la legalidad

A Manuela Carmena (Ahora Madrid), alcaldesa de la capital de España, se le une otro problema inmobiliario en la ciudad, tras el enfrentamiento con el grupo chino Wanda por la reforma del Edificio España. La promotora Distrito Castellana Norte, controlada en un 72% por BBVA y el resto por el Grupo San José, presentó ayer un escrito ante el consistorio de la capital por los mecanismos que está siguiendo esta institución respecto a la conocida como Operación Chamartín.

En el escrito cuestiona la mesa abierta sobre la operación al entender que abre un debate sobre el plan parcial urbanístico que contradice el plan general vigente. En estos foros, la concejalía de Urbanismo, suma a algunas asociaciones vecinales para debatir sobre el futuro de la operación. Pero la empresa entiende que ese no es el cauce de actuación, ya que la junta de gobierno de la alcaldesa Ana Botella (PP) ya aprobó el proyecto en junta de Nobierno.

Sin embargo, el plan no se llegó a aprobar en el pleno municipal y el nuevo equipo de Ahora Madrid ha decidido revaluar el proyecto. La empresa registró el escrito tras la tercera reunión de la mesa de trabajo convocada por el ayuntamiento y a la que la empresa, presidida por Antonio Béjar, se negó a acudir.

Distrito Castellana Norte alega que estas mesas de debate promovidas por el ayuntamiento han sido convocadas por el delegado de Urbanismo “al margen del procedimiento legalmente establecido” para aprobación los planes y “con la confesada intención de replantear ab initio (desde el principio) la ordenación global del ámbito” para reducir la edificabilidad. La empresa considera que esta vía paralela carece de “cobertura legal”. El consistorio, por su parte, no contestó a esta diario sobre su opinión respecto a este escrito de la empresa.

“La participación ciudadana en el urbanismo debe producirse en la forma y con sujeción a los términos establecidos en la legislación del suelo, bien con carácter previo a la formación de los planes o bien durante el período de información pública de los planes en tramitación, lo que no se corresponde con las atípicas mesas de debate convocadas por el ayuntamiento”, se esgrime en el documento. La compañía alega que los responsables municipales no han contestado a sus requerimientos previos, lo que crea “una situación de indefensión”.

Pero la empresa va más allá y señala a los funcionarios públicos que ya dieron el visto bueno al plan presentado en 2015 y que ahora pueden modificarlo en una actuación aparentemente contradictoria. “Parece que los nuevo criterios de apreciación del actual equipo de Gobierno municipal y los técnicos que lo secundan comprometen severamente el principio de neutralidad exigible a quienes deben pronunciarse por la vía de informe con sujeción a criterios técnicos, rigurosamente objetivos, respetuosos con los derechos de los administrados”, argumenta el escrito de DCN.