Aena, mucho más pública que privada pese a la salida a Bolsa
La Abogacía del Estado dice que se debe a normas del sector público, no del Derecho privado
Curioso caso el de Aena, en cuyas razón social aparecen los términos “sociedad”, “mercantil”, “estatal”, y últimamente también “cotizada”. Un cóctel que ha dado lugar a más de una duda en las reuniones de los consejos de administración, e incluso a la hora de formular los informes anuales de 2015, que ha sido saldada con una consulta a la Abogacía del Estado.
Como es sabido, después de la salida a Bolsa de febrero de 2015, un 51% del capital sigue en manos del Estado a través de Enaire, dependiente del Ministerio de Fomento y en cuyo consejo también se sientan representantes de Economía y de Hacienda. El 49% restante se reparte entre fondos, de los que TCI es el mayoritario, y particulares.
¿Podría un inversor privado iniciar acciones contra el consejo, dominado por una entidad pública, por una administración contraria a los intereses de la empresa? No sería extraño a la vista de que Aena no puede aprovechar oportunidades de inversión fuera de España sin permiso del Consejo de Ministros; tiene vetado competir a precios de mercado con su política retributiva, al estar sujeta a la política pública de remuneraciones; no puede tomar decisiones drásticas frente a aeropuertos deficitarios de la red y, en definitiva, cualquier decisión defendida por los dominicales de Enaire puede ser favorable a los intereses del Estado, pero discutible en términos empresariales.
Lucha contra el fraude
Aena ha entrado en un año entre las diez grandes del Ibex por capitalización y, con tal volumen, reconoce tener algo pendiente con Hacienda. En la memoria de 2015 reconoce que “aún no se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias” creado por Hacienda en 2010 y por el que una veintana de compañías (incluídas en el Foro de Grandes Empresas) se comprometen a colaborar con la Agencia Tributaria en la detección del fraude. Eso sí, Aena dice estar comprometida con la causa.
Esta situación, según fuentes de toda solvencia, ha merecido la citada pregunta tanto de Enaire como de la propia Aena a la Abogacía del Estado. Y el órgano jurídico ha resuelto –en informe firmado el pasado 15 de febrero– que, por mucho que brille en Bolsa y tenga accionistas privados, la sociedad mercantil estatal cotizada Aena “está sujeta a la normativa reguladora del sector público aplicable, resultando prevalente a la normativa de Derecho privado, dado el carácter imperativo y especial de la normativa pública”.
Esta breve aseveración tiene fuerte repercusión en el funcionamiento interno del mayor gestor aeroportuario del mundo. Además de que la presidencia de la compañía y el propio consejo de Administración puedan verse atados de manos ante decisiones clave, Aena carece de una comisión de Remuneraciones separada de la de Nombramientos (en contra de las recomendaciones a las compañías de alta capitalización) a la vista de que los salarios de la alta dirección los establece Hacienda. Tampoco puede utilizarse la remuneración para atraer y retener a los consejeros “del perfil deseado”, tal y como aconseja el Código Unificado de Buen Gobierno.
El servicio jurídico del Estado presta asesoría a Aena desde 2005 merced a un acuerdo que fue renovado en junio de 2010. La empresa que hoy preside José Manuel Vargas precisó aún mayor asistencia con la implantación del nuevo modelo de gestión aeroportuaria implantado a finales de ese año, lo que requirió una adenda del acuerdo con la Abogacía del Estado en mayo de 2011. Nacida la entidad público empresarial Enaire, es esta la que se queda con la asesoría del órgano que dirige Marta Silva de Lapuerta, “tanto para asuntos consultivos como contenciosos”, por 184.000 euros al año, según consta en el propio convenio de asistencia jurídica firmado el 1 de enero de 2015.
Un presidente y varios ‘jefes’
El presidente de turno de Aena seguirá teniendo su actividad supeditada al control del Gobierno que le nombra, y parece que por mucho tiempo.
Fuentes financieras relatan que durante el pasado mandato llegó a darse la circunstancia de que José Manuel Vargas quedara al margen del proceso de fijación del precio de salida a Bolsa, al ser el Estado quien vendía como único accionista.
Tampoco triunfó la tesis, defendida por Vargas y distintos miembros del Ejecutivo, de que Aena debía dar el salto definitivo con la venta del 60%, perdiendo la condición de empresa pública y entrando a competir de tú a tú con sus mayores competidores por la expansión internacional.
En Aena ha mandado Vargas durante los últimos cuatro años, pero la sombra de la oficina económica de La Moncloa, liderada por Álvaro Nadal, y de los ministros de Hacienda y Economía ha sido alargada.
La compañía tiene inercia suficiente para seguir adelante y proyectar crecimiento en 2016, pero tanto la situación política como el propio modelo de gestión de la compañía, en un contexto de enfriamiento económico en Europa, ofrecen incertidumbre a medio plazo.
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