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“El éxito o fracaso del debate dependerá de todos nosotros”

Sánchez exhibe un programa social para presionar a Podemos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.EFE

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pronunció hoy su discurso de investidura sabiendo que sus posibilidades de éxito pasan por convencer a Podemos. Durante su intervención, el candidato socialista hizo hincapié en las medidas de carácter social que incorpora el acuerdo sellado con Ciudadanos y aseguró que la formación de Pablo Iglesias será responsable si no se logra un “Gobierno del cambio”.

“Hasta la peor de las medidas propuestas en nuestro acuerdo es mejor que donde estamos con el actual Gobierno saliente”, clamó Pedro Sánchez. El candidato socialista señaló que, ante la evidencia de que no hay una mayoría de izquierdas, Podemos puede con sus votos permitir que exista un “Gobierno del cambio”.

Sánchez destacó que las urnas obligan a los partidos a mezclarse con formaciones de otras ideologías para llegar a pactos. Muy aplaudido por la bancada socialista, el líder del PSOEagradeció a Ciudadanos “su esfuerzo” para alcanzar un pacto. Recordó que la suma PSOE/Ciudadanos llega a 130 escaños, lejos de los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta. Los socialistas son conscientes de que solo con el apoyo o la abstención de Podemos y sus grupos afines –que cuentan con 69 escaños– Sánchez podría ganar la investidura. Algo que hoy por hoy resulta improbable. La posibilidad de que el PSOEformara Gobierno con el apoyo o la abstención del PP también resulta inverosímil.

A pesar de estas dificultades, Sánchez señaló que su formación ha actuado con responsabilidad al intentar alcanzar los pactos y reclamó a los diputados esa misma responsabilidad para “sacar a España del bloqueo”. La primera votación se celebrará hoy y en el caso de que no haya mayoría absoluta –la opción más probable– se celebrará una segunda votación el viernes. Estos son los puntos y medidas que defendió ayer Pedro Sánchez en su intento de llegar a La Moncloa:

El líder del PSOE destacó que si logra formar Gobierno, pondrá en marcha un plan de emergencia social para responder a las situaciones de precariedad generadas por la crisis. Las dos principales medidas en este ámbito pactadas con Ciudadanos son la aprobación de un ingreso mínimo vital para las familias sin recursos y un complemento salarial garantizado dirigido a trabajadores con sueldos bajos. Para ambos programas, se contempla una financiación de 7.000 millones. El ingreso mínimo vital que ya propuso el PSOE en el programa electoral tenía un coste inicial de 6.450 millones y, el complemento salarial, que es una idea que Ciudadanos lanzó durante la campaña, estaba cifrado en 7.800 millones. Ahora, ambas medidas se presupuestan en 7.000 millones. Significa que, en caso de llevarse a cabo, deberían revisarse a la baja.

Por otra parte, Sánchez señaló que el plan de emergencia social contempla “la recuperación del subsidio de desempleo para los parados mayores de 52 años”.

En materia laboral, el PSOE propone dar marcha atrás en parte de las medidas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en la pasada legislatura. En concreto, señaló que se eliminarán los elementos más “nocivos” de la última reforma laboral como “la supremacía absoluta del convenio de empresa, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la capacidad del empresario para abordar alteraciones sustanciales del contrato laboral de manera unilateral y la permisiva regulación del contrato temporal”. Aun así, el acuerdo firmado con Ciudadanos no es tan drástico. Por ejemplo, la ultraactividad de los convenios no se recupera de forma indefinida, sino que su plazo de vigencia se amplía a 18 meses.

Los socialistas defienden que se conforme un comité de expertos para estudiar una nueva reforma fiscal. Ello implicaría repetir los pasos que siguió el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy que también nombró una comisión de sabios. En este caso, indica el PSOE, la prioridad es reformular la tributación de la riqueza para que el sistema fiscal grave más los patrimonios elevados. El pacto con Ciudadanos contempla una reducción de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo “cuando la situación presupuestaria lo permita”.

El PSOE también ha prometido rebajar el IVA cultural del 21% al 10%, una promesa que los socialistas llevaban en el programa electoral. Sánchez aseguró que su intención es aprobar otra reforma contra el fraude fiscal y avanzó que se “prohibirán las amnistías fiscales”. El acuerdo alcanzado con Ciudadanos contempla una batería de medidas en este sentido como la recuperación por parte de la Agencia Tributaria del control y la supervisión de las Sicav, que actualmente están en manos de la CNMV.

Sánchez aseguró que el PSOE está comprometido con la estabilidad presupuestaria, sin embargo, también defendió que es necesario renegociar con Bruselas la senda de consolidación fiscal porque no resulta viable reducir este año el déficit público al 2,8% del PIB como reclama Bruselas. El pacto entre PSOE y Ciudadanos contempla aplazar a 2017 la obligación de reducir el déficit por debajo del 3%. Sánchez aseguró que es posible sanear las cuentas públicas sin aplicar nuevos recortes en el gasto social y lamentó que el Presupuesto de 2016 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy tenga un agujero de 10.000 millones.

“Nuestro Estado necesita remodelarse para alumbrar un periodo tan largo y fructífero como el que nos precede, una reforma del pacto generacional que deje un legado a las generaciones futuras tan digno o más del que nos dejaron a nosotros”, señaló Sánchez para defender una reforma de la Constitución Española de 1978. En este ámbito, el PSOE propone que se reconozcan los derechos sociales como derechos fundamentales o que se modifique el artículo 135 que consagra la estabilidad presupuestaria para que se tengan en cuenta situaciones de “emergencia social”. La reforma de la Carta Magna que defienden los socialistas también contempla una revisión del sistema electoral y avanzar hacia un “Estado de estructura federal”. El problema es que cualquier cambio constitucional requerirá el visto bueno del Partido Popular.

Durante su discurso, Pedro Sánchez no hizo especial referencia a los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular. No citó, por ejemplo, ni el caso Gürtel ni la trama Púnica. “No caeré en el y tú más y volcaré desde el Gobierno todo el esfuerzo en prevenir, combatir y castigar con contundencia la corrupción, con medidas donde espero conseguir un amplio apoyo de la Cámara”, señaló el líder socialista.

Entre otras medidas, el PSOE defiende rebajar la cuantía mínima que da lugar a penas de prisión en el delito de la financiación ilegal de los partidos políticos. Además, se revisarán las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción. Con Ciudadanos, se pactó prohibir la “concesión de indultos en delitos vinculados con la corrupción y la violencia de género”.

Dentro de las medidas de regeneración democrática, el PSOE plantea poner fin a los aforamientos de los diputados y también es partidario de limitar a ocho años la presidencia del Gobierno. Sánchez hizo hincapié en su propuesta de modificar el sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional del Mercado de Valore”. La idea es abrir una convocatoria pública y que un comité profesional e independiente evalúe su idoneidad.

El líder del PSOEdedicó una parte de su discurso al “problema de convivencia” que sufre actualmente Cataluña. “Estimamos y respetamos a la sociedad catalana, su cultura, su lengua, sus singularidades. Por eso, nos duele constatar una realidad que de nada sirve negar: parte de esa sociedad ha desconectado con nuestro proyecto común que hemos construido juntos, los catalanes y el resto de españoles”, defendió Sánchez.

El candidato socialista se comprometió a recuperar el informe con los 23 temas prioritarios que el Ejecutivo de Artur Mas planteó a Mariano Rajoy en julio de 2011 con nulo éxito. En este sentido, el PSOE aboga por elevar los recursos para el cumplimiento de la Ley de Dependencia o reformar el sistema de financiación autonómica.

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