Galicia se enfrenta al Estado al tramitar una tarifa eléctrica propia

El pasado 27 de enero, el parlamento gallego acordó por unanimidad admitir a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP), respaldada por 17.000 firmas, para poder fijar una tarifa eléctrica para Galicia y establecer medidas contra la pobreza energética en su territorio. El proyecto contó con el respaldo del Partido Popular que tiene mayoría absoluta.

Esta iniciativa se sumaba a otra similar aprobada por el parlament de Cataluña el pasado mes de julio, incluida en la ILP contra los deshaucios y la pobreza energética en dicha comunidad, si bien, la propuesta gallega es mucho más radical, ya que la catalana no hace referencia a unos peajes propios.

Promovida por la Confederación Intersindical Galega (CIG), la propuesta persigue una reducción del 30% de los costes de los peajes a los consumidores gallegos, lo que se traduciría en una reducción de su factura en aproximadamente la mitad de ese porcentaje. Los diputados defensores de la futura norma, argumentaron que es una contradicción que Galicia genere más energía eléctrica de la que consume (según ellos, exporta el 40%), y que pague la misma factura que el resto. Una menor factura eléctrica en Galicia también beneficiaría a empresas ubicadas en el territorio, como Alcoa, según sostuvo en el parlamento el exdiputado del BNG, Fernando Blanco.

Voces críticas contrarrestan este argumento asegurando que también el coste del mantenimiento de las redes eléctricas en Galicia (dada su orografía y la dispersión de la población) es mucho mayor que en el resto de España y no por ello pagan más peajes. Además, una cuestión es la generación (una actividad libre) y otra las redes de distribución (regulada).

Esta aspiración es sin duda inconstitucional, según fuentes del sector eléctrico. De hecho, se da por hecho que el Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad si la norma prospera. El respaldo del PP se interpreta como un gesto frente a la oposición, pero se da por hecho que finalmente usará su mayoría absoluta para bloquear la ILP, al menos, lo referido a la tarifa gallega.

La Ley del Sector Eléctrico establece una tarifa de acceso única para todo el territorio. De hecho, algunos intentos en contra han terminado en agua de borrajas. Lo más que han conseguido las comunidades autónomas, como la propia Galicia es imponer tasas autonómicas medioambientales de todo tipo, que, finalmente, se queda Hacienda.

En el caso catalán, la citada ILP incluye medidas contra la pobreza energética. El objetivo es garantizar el suministro de agua, la luz y el gas con el objetivo de parar los costes de suministro a personas en peligro de exclusión, mediante un protocolo que obliga a la Administración a aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por carencia de recursos económicos y “a establecer acuerdos con las empresas suministradoras para que pongan ayudas a donde perdido”. En un principio, la Generalitat aportó cinco millones de euros.