Unidad en defensa de la propiedad intelectual

Si de algo puede presumir España es de su enorme patrimonio cultural. Y en una situación como la actual, en la que este sector crea miles de puestos de trabajo, genera beneficios y exporta talento, debe promoverse una política real que proteja, regule y potencie toda esta industria. Es una de las conclusiones planteadas ayer en el encuentro que el Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual (OIPI) organizó junto a CincoDías, y que contó con la participación de representantes de cuatro de los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 20-D, PP, PSOE, Ciudadanos y UPyD. Todos ellos analizaron el futuro de este sector, que supone el 3,4% del PIB español y que, en palabras de José Manuel Gómez Bravo, presidente de OIPI, es uno de los pocos que ahora mismo puede crecer.

Las cuatro formaciones políticas presentes en el encuentro coincidieron en que el primer paso para proteger y potenciar la cultura es defender a quienes la crean. “Consideramos que la creación y el acceso a la cultura son las dos caras de la misma moneda”, explicó Ibán García, secretario federal de cultura del PSOE. La gestión de la propiedad intelectual, por lo tanto, es una de las prioridades que deben asumir los gestores públicos, ya que, en palabras de Julio Lleonart, diputado de UPyD por Valencia, “no se puede proteger la cultura sin hacer lo propio con la creación del intelecto humano”. Por su parte, Daniel Martínez, candidato de Ciudadanos, explicó que la propiedad intelectual es el punto de partida de los principales problemas del sector cultural y, por lo tanto, el lugar donde deberían empezar las soluciones, algo que corroboró la candidata del PP por Madrid, Beatriz Rodríguez-Salmones.

Pero, si todos quieren proteger la industria cultural, ¿por qué nunca se ha legislado de forma contundente? Es la pregunta que puso sobre el tapete Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España y miembro de OIPI. “No se ha entendido la importancia de la cultura, y por ello, los partidos políticos no han sabido calar su peso en la sociedad”, explicó Lleonart. A esto se le suma el poco respeto que, en particular la sociedad española, tiene hacia los autores y creadores de cultura. “En España, aproximadamente el 88% de este tipo de productos se transmite de forma ilícita”, apuntó Martínez. En este sentido, Gómez Bravo ahondó en el papel de las nuevas tecnologías en este sector, ya que, a pesar de haber provocado indudables beneficios para la creación y desarrollo de productos culturales, también han propiciado que la piratería, la falsificación y el robo o suplantación de la propiedad sean más fáciles de llevar a cabo. “Por eso, con el mercado europeo único digital y el tratado de libre comercio entre la UE y Estados Unidos, debemos tener una posición común como país, no como partidos políticos”, afirmó.

A esta postura común como país se podría llegar, tal y como proponen desde OIPI, con un pacto de Estado que le otorgue a la propiedad intelectual la importancia que se merece. Más aún al comparar el caso español con el de otros países europeos, en los que la cultura y la protección del intelecto cobran un peso que aquí, por el momento, resulta inimaginable. “Por esa razón, lo primero que hay que hacer es cambiar esa actitud de no respeto hacia la propiedad intelectual”, en palabras de Rodríguez-Salmones, “y definir a nivel nacional cuáles son los intereses de los creadores españoles”, añadió el representante de la formación naranja. Una vez que el primer paso se logre, llegará el turno de afianzar la industria cultural española, a la cola del continente en materia de protección. “Y todo ello, buscando alianzas con otros países europeos interesados en la defensa del sector”, apuntó. Ya que si a España le llegan imposiciones de industrias extranjeras mucho más desarrolladas, le impedirá desarrollar sus productos y poder exportarlos. Esto se debe a que en algunos países europeos, como Francia o Reino Unido, la propiedad intelectual es vital. “A esto es a lo que aspiramos en España”, comentó Gómez Bravo.

Y una vez afianzada esta defensa del intelecto cultural, España puede aliarse con otros países europeos. En este sentido, Adriana Moscoso, coordinadora del Instituto Derecho de Autor, afirmó que no se debe ir a Europa únicamente a defender el producto de la casa, sino también a establecer alianzas con otras regiones. “España, Gran Bretaña, Francia y otros países mediterráneos, como Italia, deben unirse para crear un frente común ante esos Estados cuyos ingresos no están sujetos a la cultura, sino a otras industrias, a las que además defienden muy bien”, apuntó. “Hay situaciones que deben enmarcarse en el contexto europeo y estar armonizadas entre todos los estados, porque solo a nivel europeo tendremos la fuerza necesaria para competir con el sector estadounidense y el asiático”, apuntó el portavoz socialista. España cuenta además con una peculiaridad que le hace diferente del resto de países de Europa, y que puede abrir un enorme abanico de oportunidades. “El idioma común y gran parte de la cultura hacen que tengamos en América Latina una ventana única”, comentó Antonio María Ávila.

Otra de las principales propuestas en las que hicieron hincapié los representantes de OIPI para avanzar en la protección de la propiedad intelectual es el impulso de un libro blanco. Es una petición que el observatorio trasladaba este verano al Senado y que considera que se debería elaborar escuchando las voces de expertos y de representantes de los diferentes sectores de la industria.

Para el portavoz de los editores, es necesario impulsar un libro blanco “con rigor”. “Debe movilizarnos a todos. Tiene que poner en marcha a economistas, sociólogos, psicólogos y políticos”, apuntó Antonio María Ávila, que también se mostró convencido de que el documento tendría una función más aparte de realizar un diagnóstico y proponer soluciones. “Es el instrumento pedagógico que nos debe servir para transformar la mentalidad del español medio hacia la propiedad intelectual”, recordó haciendo referencia a la necesidad de concienciar a los españoles sobre la relevancia de estos derechos. El presidente de OIPI describió el libro blanco como una herramienta que permitiría alcanzar un consenso de todos los agentes, de forma que se alcanzara esa posición común que permitiría defender mejor los intereses de autores y creadores culturales.

El presidente de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), José María Moreno, destacó un dato de un estudio que su organización presentará en breve: solo el 30% de los adultos considera que el videojuego es una industria cultural. La cifra desató una reflexión conjunta sobre la concepción que existe de la cultura. En este sentido, Julio Lleonart, de UPyD, recordó que gran parte de la sociedad realiza una contraposición entre cultura y ocio (incluyendo en esta última los productos de industrias como el videojuego, el cine o el teatro), lo que lleva a justificar la vulneración de los derechos de autor alegando que no se trata de aportaciones culturales.

El presidente del Observatorio recalcó la necesidad de enfocar el problema como algo transversal y que el ámbito de los derechos tiene que atenerse a la perspectiva de mercado. En relación con esta idea, Lucía Álvarez, coordinadora de relaciones institucionales de la SGAE, apuntó a la posibilidad de que la industria cultural se acerque más al Ministerio de Industria.