A la búsqueda de nuevos ingresos para pagar las pensiones

Si hay algo en lo que todos los partidos están de acuerdo, en mayor o menor medida, es en que hay que seguir reformando la maltrecha Seguridad Social. Una máxima también compartida por todos es que los cambios en materia de pensiones no se pueden hacer de un día para otro. Hay que abordarlos con la mayor antelación posible y de forma progresiva, para que afecte a derechos sobre pensiones y nunca de forma retroactiva a los pensionistas que ya cobran su jubilación.

Con esta premisa se han hecho las dos últimas grandes reformas de la Seguridad Social. La primera y más profunda la realizó el anterior Gobierno socialista en 2011. Retrasó la edad de jubilación a los 67 años de forma progresiva (un mes o dos más por cada año), llegando a esta edad en 2027, y rehizo la fórmula de cálculo de la pensión cambiando, también progresivamente, la escala de aseguramiento y ampliando a 25 el número de años que se computan para fijar la cuantía de la prestación.

Posteriormente, en 2013, el actual Ejecutivo popular aprobó la creación de dos factores para amarrar el gasto de la Seguridad Social:el de revalorización y el de sostenibilidad. Este último no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2019.

Estas dos reformas acometieron ajustes paramétricos del sistema para frenar los gastos ante unos reiterados números rojos desde 2011 y ante la perspectiva de un fuerte incremento de los costes a partir de la década de 2030. Sin embargo, las reformas no actuaron en ningún caso sobre los ingresos del sistema, que son los grandes castigados por la crisis del empleo, ya que su fuente de financiación son las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores.

Por ello, en la próxima legislatura los partidos ya han comunicado que están dispuestos a abordar una búsqueda de nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social. Las fuerzas políticas coinciden ahora en que en ningún sitio está escrito que las pensiones se tengan que pagar solo con cotizaciones. En este punto, la alternativa natural en materia de ingresos públicos es pagar, al menos una parte de las pensiones, con impuestos.

De hecho, el PP ya incluyó en los Presupuestos Generales para 2016 una enmienda para forzar a que todos los grupos parlamentarios, en el seno del Pacto de Toledo, exploren en la próxima legislatura la posibilidad de costear con impuestos las prestaciones menos contributivas. Tendrán, por tanto, que acordar cuáles son esas prestaciones y la fórmula impositiva para financiarlas. De momento, los únicos que han hecho una propuesta concreta son los socialistas, que han incluido en su programa la creación de un impuesto finalista para pagar las pensiones. Este tributo gravaría renta y patrimonio y tendría un complemento para quienes declaren mayores ingresos, al igual que existe ya en Francia.

Asimismo, todo apunta a que las prestaciones que podrían pasar a financiarse con impuestos serían las de viudedad, orfandad y en favor de familiares, probablemente, ya que son las que tienen un carácter menos contributivo y más asistencial, porque aunque el derecho lo generan los cotizantes, lo cobran sus familiares. Esto liberaría poco más de 23.000 millones de euros de la Seguridad Social al año, pero caerían en el cajón de Hacienda. Este elevado coste podría llevar a las fuerzas políticas a revisar también en el Pacto de Toledo el diseño de estas pensiones, sobre todo la de viudedad, para tratar de disminuir este gasto.

Más allá de la búsqueda de ingresos, los partidos probablemente no acometan ninguna otra reforma paramétrica del sistema en la legislatura. Si bien, los expertos consideran que quizá deberían hacerlo con antelación, con el horizonte puesto en la década de 2030, cuando se disparará el gasto por la llegada a la jubilación de los nacidos en el baby boom. De hecho, se prevé que para entonces la tasa de reemplazo (porcentaje del último salario sobre la pensión), fijada ahora en el 80%, caiga por debajo del 70%.