Tras la etapa del AVE, urge un pacto para priorizar inversiones

La planificación de dónde debe ir cada euro en materia de infraestructuras es uno de los asuntos que invita a un pacto de Estado. Lo han reconocido los representantes políticos durante la campaña y llevan años demandándolo los distintos agentes del sector de la obra civil. La realidad económica española precisa que el próximo Gobierno acierte con las prioridades, máxime cuando el cumplimiento del objetivo de déficit sigue presionando al presupuesto de inversión.

El estado de conservación de las carreteras acumula un déficit que desde el sector de la ingeniería se tasa ya en más de 5.000 millones. También, ronda esa cifra el agujero de las autopistas quebradas, que el Estado tendrá que rescatar tarde o temprano. En materia de tratamiento de agua, España incumple la normativa europea y se enfrenta a sanciones. Desde el sector privado se contabilizan más de 600 poblaciones con más de 25.000 habitantes con déficit en depuración y saneamiento. Por tanto, hay margen para seguir actuando.

En la línea del trabajo hecho hasta ahora, es necesario completar líneas de AVE como la que va de Madrid a Galicia o la que da entrada a la alta velocidad en el País Vasco. A partir de ese punto, el desarrollo del AVE podría pasar a un segundo plano.

En materia ferroviaria, el otro gran reto es el del mayor protagonismo del tren en el transporte de mercancías, en lo que incidirán la conexión de los puertos a la red, así como la ejecución del corredor Mediterráneo. Entretanto, están asentadas las bases para lanzar la gradual liberalización del transporte de pasajeros y la compra de trenes para ampliar la flota de Renfe.

Más allá de los proyectos y la planificación, la evolución del negocio de las infraestructuras obliga a cambios regulatorios en el campo de las concesiones y demás formatos de colaboración público-privada. Países de todo el mundo compiten por atraer la atención de fondos, banca, aseguradoras o constructoras que aporten financiación a cambio de retornos atractivos de la inversión, pero también miran con lupa el reparto de riesgos con la Administración (demanda, expropiaciones o financiero, entre otros), la solidez del marco legal y la agilidad en la resolución de conflictos. A la vista de la crisis de las autopistas radiales o de concesiones fallidas en materia de agua, España suspende.

Otras cuestiones a tratar son la de un mayor protagonismo de la oferta técnica frente a la económica en la adjudicación de contratos; atajar el problema de las bajas temerarias y modificados; revestir de mayor importancia a los proyectos de ingeniería, y habilitar mecanismos independientes de control que vigilen la rentabilidad social y económica de las actuaciones.