La transición energética que se ha puesto de moda

La legislatura que ahora termina, en lo que al sistema eléctrico se refiere, se ha saldado con el fin del déficit de tarifa (2014 cerró incluso con un superavit de 550 millones de euros). Pero este éxito, del que hace gala el Gobierno, se ha logrado a costa de un fuerte recorte de los incentivos de las energías renovables, especialmente, la eólica, que han pasado de 9.000 millones en 2013 a 6.700 millones para 2016, así como de una importante subida de los peajes de acceso, sobre todo del término fijo de la factura.

Energías verdes y tarifa son los retos de cualquier Gobierno para los próximos años. Por un lado, para cumplir con los compromisos europeos de lucha contra el cambio climático y, por otro, para garantizar el suministro y acabar con la pobreza energética. Para el año 2030, la Unión Europea ha establecido un objetivo vinculante de reducción de emisiones de CO2 del 40%, respecto a los niveles de 1990, para lo cual, el 27% de la energía primaria debe provenir de energías renovables y se ha de lograr ahorro de energía también del 27%.

• Un nuevo modelo

En torno a estos ejes giran las propuestas de los cuatro principales partidos políticos, que han elaborado distintos expertos bajo el denominador común de un plan de transición energética para ir cumpliendo dichos objetivos. Con distintas variantes, la transición hacia un nuevo modelo energético está presente en todos los programas electorales, “lo que hace rezumar mucha ambigüedad a los mismos”, aseguran fuentes del sector. La apuesta por las energías limpias no se compadece, en el caso del partido del Gobierno, con el citado recorte de incentivos y la moratoria a las renovables aprobada en enero de 2012, que aún sigue vigente.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, no ha querido poner fin a su mandato sin demostrar que el PP también es un defensor de las renovables al convocar la primera subasta de megavatios eólicos y de biomasa incentivados, que pondrá fin a la moratoria. El tiempo se ha echado encima y la subasta no podrá realizarse hasta mediados de enero, ya con el Gobierno en funciones.

Según las empresas del sector, subastar 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa es apenas un gesto que ni de lejos permite a España acercarse a los objetivos de la UE ni a los de la propia Planificación Energética a 2020, que requiere de, al menos, 6.000 MW nuevos.

• Autoconsumo

Salvo el caso del PP, cuyo Gobierno ha sido el artífice del polémico decreto sobre el autoconsumo eléctrico, todas las formaciones políticas se comprometen a revisarlo y, en general, a eliminar el peaje de respaldo. En el caso de Ciudadanos, propone fomentar el autoconsumo como vía para terminar con la pobreza energética y que el bono social sea financiado vía Presupuestos y no a través de las grandes eléctricas que una y otra vez han recurrido en los tribunales dicha financiación.

• Tarifa social

La mejora del bono social de la tarifa eléctrica es precisamente una de las asignaturas pendientes de esta legislatura. En la vasta reforma eléctrica aprobada por el Gobierno en julio de 2013 figuraba una propuesta para ligar esta tarifa social a la renta de los consumidores, tal como exige la normativa europea, también se mantenían las condiciones que rigen en la actualidad para recibir un descuento en los peajes: tener menos de 3 kW de potencia contratada; contar con la pensión mínima; ser familia numerosa o con todos los miembros en paro.

Finalmente, el Ministerio de Industria ha dejado en el cajón una promesa que habría reducido en un millón el número de beneficiarios de dicho bono (unos 3,5 millones) y ha mantenido un mecanismo, diseñado por el exministro Miguel Sebastián, que tampoco “es equitativo, pues no está en relación con la renta”. Partidos como Podemos plantea establecer un mínimo vital de electricidad que no suponga más del 10% de los ingresos mensuales por hogar.

• ¿Adiós al déficit?

Aunque se da por hecho que el déficit de tarifa ha pasado a la historia, hasta el punto de que el PP ha prometido congelar los peajes” o “la parte regulada de la factura eléctrica que depende del Gobierno”, lo cierto es que el sistema eléctrico no ha logrado el equilibrio financiero (esto es, que sus ingresos cubran sus costes), pues una buena parte de aquellos proviene de dotaciones del Tesoro. Según la orden de peajes de 2016, 2.700 millones proceden de los impuestos energéticos (el principal, el 7% sobre la generación), 450 millones de fondos obtenidos de las subastas de derechos de CO2 y 740 millones de una partida presupuestaria para los sobrecostes de los sistemas no peninsulares.

Los analistas consideran que esta dependencia del Estado encierra un peligro: que el Gobierno de turno se vea en la tesitura de tener que elegir entre déficit público o déficit de tarifa, como ocurrió en 2013, lo que deja en una débil posición al sistema eléctrico, cuyos desajustes no computan como déficit del Estado ante Bruselas.

Según la liquidación final de 2014, que acaba de publicar la CNMC, en ese ejercicio el sistema cerró con un superávit de tarifa de 550 millones y todo indica que en 2015 también habrá un saldo a favor del sistema. Las empresas del sector consideran que el Gobierno “se ha pasado de frenada” con un recorte a las renovables superior al inicialmente previsto en 2013.

Ante una posición superavitaria, y teniendo en cuenta que la Ley Eléctrica no permite destinar esos excedentes a bajar la tarifa a los consumidores, sino a amortizar la deuda eléctrica acumulada en la última década, lo cual redundará en rebajas mínimas de los peajes, hay quien opina que se debería cambiar la ley para favorecer al usuario, permitiendo bajadas de las tarifas de acceso. O aligerar el recorte de las renovables.

• Impuestos

Las eléctricas reclaman, como mejor manera de abaratar la factura de la luz, que se elimine o, al menos, se reduzca, el impuesto del 7% a la generación (que pagan todas las empres, grandes y pequeñas), que se repercute a los consumidores en el precio de la electricidad. Los populares han prometido eximir de este tributo a las nuevas instalaciones de renovables que funcionen sin incentivos cobrando el precio del mercado (en estos momentos, prácticamente ninguna).

Otra de las opciones de algunos partidos para bajar la factura, es recuperar el antiguo tipo del IVA de la electricidad, que el Gobierno de Rajoy incrementó del 18% al 21%.

Muchas de las promesas que proliferan son las de mantener un mix equilibrado de producción, lo que permitiría sobrevivir a la minería del carbón, “en determinadas condiciones”. Así, el PP, que no ha dotado de un nuevo marco a la minería del carbón en sus años de Gobierno, promete hacerlo en los próximos cuatro años. Otros como Podemos, le niegan cualquier incentivo a los ciclos combinados de gas.

• Nuclear y fracking

Dos de las cuestiones más polémicas en el ámbito energético y muy marcadas ideológicamente, son el futuro de las centrales nucleares y el de las técnicas de fractura hidráulica (fracking)_para la extracción de hidrocarburos. En ambos casos el PP se ha quedado solo, si bien, respecto a las nucleares, no ha incluido en su programa la promesa que, de viva voz, han repetido el titular de Industria, José Manuel Soria: la intención de ampliar la vida del actual parque nuclear a 60 años. En general, los partidos políticos se limitan a señalar el cierre paulatino de estas instalaciones en el momento en que se cumpla su vida fijada en 40 años.

Sea como fuere, el Gobierno que salga de las urnas no se verá en la tesitura de tener que cerrar ninguna de estas plantas, ya que las que está en funcionamiento no cumplen los 40 antes de la década de los 20. Eso sí, todos, menos el PP, se comprometen a dar la puntilla a la central de Santa María de Garoña, parada desde hace cuatro años y cuya reapertura es cada vez más complicada, ante la negativa de las propietarias, Endesa e Iberdrola, a asumir las inversiones necesarias o pagar los nuevos tributos nucleares, que, según sus cálculos, lo hacen inviable