Ninguna empresa abona sus facturas con arreglo a la ley

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que engloba a 1,5 millones de empresas y a 4 millones de trabajadores, lidera desde hace varios años una cruzada para que los plazos de pago de la deuda comercial se adecúen a lo que marca la ley: 30 días como máximo para las administraciones públicas y 60 días para las empresas.

En el primer caso, Hacienda ha cogido el toro por los cuernos, ha puesto en marcha sucesivos mecanismos de asistencia a comunidades y ayuntamientos (planes de pago a proveedores o fondo de liquidez autonómica), ha fijado un nuevo sistema de factura electrónica y ultima otro para que ninguna administración pague más allá de los 30 días, sopena de ver retenidos los fondos ligados a la financiación local o autonómica. Pero en el segundo, el incumplimiento es flagrante.

La Plataforma denunció recientemente que las empresas del Ibex 35 pagaban a una media de 150 días (cinco veces más que el límite de 30 días que marca la ley) y que la gran mayoría sí que cobraban sus deudas en el plazo legal. Y lo ejemplificó con Ferrovial, que en 2014 pagó sus facturas a un plazo medio de 536 días y cobró sus deudas a 34 días. Un extremo que fue negado por la constructora, que argumentó que la cifra real de pago era de 53 días y que se reservó la posibilidad de emprender acciones legales contra la Plataforma al considerar falsos sus cálculos.

Otro estudio, elaborado por Crédito y Caución y presentado ayer, muestra que el fenómeno del retraso en los pagos no afecta sólo a las multinacionales, sino a todas las empresas, con independencia de su tamaño. El estudio señala que el plazo medio de pago del sector privado en 2014 fue de 94 días, prácticamente idéntico al de 2009 (93), 2010 (91), 2011 (89), 2012 (94) y 2013 (95). “La ley de plazos de pagos de la deuda es un fracaso. Las medidas legales no han funcionado y España sigue teniendo unos plazos de pago que nos acercan más a la Europa Periférica, en la que se sitúan Grecia, Italia o Portugal, que a los comportamientos de otros como Holanda o los Países Nórdicos”.

El estudio, realizado a partir de las cuentas de 80.000 empresas (en las que se toma en consideración el número de trabajadores, la facturación y el balance), revela que el retraso es generalizado en todos los tamaños de las empresas y que este apenas ha sufrido modificaciones entre 2009 y 2014. La que “mejor” paga a sus proveedores es la pequeña empresa, definida en el estudio como una compañía con entre 10 y 50 trabajadores, con una facturación y un balance por debajo de dos millones de euros. Estas empresas abonaron sus facturas a 91 días, 31 por encima del límite legal. Acontinuación figuran las microempresas y las medianas, con 95 días, y la gran empresa, con una media de 114 días. “Estas tienen una diferencia de veinte días con respecto a la media española, pese a que cuentan con más facilidades para financiarse en los mercados”, apuntó Ignacio Jiménez, director comercial de Iberinform, perteneciente a Crédito y Caución y encargada del análisis de los datos.

Si la valoración se realiza por sectores de actividad o por autonomías donde realizan la misma, la conclusión apunta en la misma dirección. El sector que menos se distancia de los plazos de pago legales es del servicios, que abona sus facturas a 89 días, frente a la agricultura (93 días), la industria (99 ) y la construcción (103). Por autonomías, las empresas que más tardan en pagar sus deudas son las situadas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con plazos superiores a los 100 días.

“Nadie paga sus facturas en sus plazos y lo más preocupante es que la aplicación de un régimen sancionador (demandado por un 34% de las empresas consultadas) no funcionaría por las dificultades para implementarlo”, apuntó Francisco López Berrocal, director del observatorio de Riesgo de Crédito del Instituto de Empresa.

Durante la presentación del informe,en la que estaban presentes varias decenas de empresarios, Jiménez inquirió a los asistentes a confirmar si alguno pagaba sus facturas a 30 días. Solo uno levantó la mano. “Yo, siempre y cuando mis clientes me paguen también a 30 días”. Un panorama ciertamente difícil de que se produzca y que necesitaría, segun los cálculos del Observatorio, entre 115.00 y 150.000 millones de euros de financiación alternativa para que los plazos de pago se ajustaran a los 60 días.

Marta Nodal, directora comercial de Crédito y Caución, consideró que la aplicación de un régimen sancionador no reduciría los plazos de pago, pero sí serviría para acotar los abusos de las grandes, “que mejoran su liquidez y se aprovechan de las pymes, que no tienen fuerza financiera ni facil acceso al crédito”. Dicho esto consideró que el retraso en los pagos forma parte de la “cultura” en España y que el hecho de que se pague más tarde que en otros países no ha llevado a que haya más solvencias. “El ratio es muy inferior que en otros países que pagan mejor” apuntó.