Atropellados por la hiperregulación en la U E (II)
El exceso normativo está convirtiendo en ingobernables nuestros sistemas jurídicos. Consciente de ello, la propia Comisión Europea ha establecido sucesivamente protocolos para reducir la producción normativa en la Unión Europea, un objetivo que ya reflejó el Tratado de Ámsterdam de 1999. Sin embargo, Europa sigue registrando un cómputo de casi 300 nuevas normas jurídicas por mes, a pesar de que la misma CE estimó que una reducción de las cargas administrativas en su área económica incrementaría alrededor del 1,5% el PIB comunitario, es decir, unos 150.000 millones de euros. Disgusta afirmar que esta incontinencia normativa afecta de manera superlativa al buen desarrollo empresarial, estimula el comercio ilícito y entorpece la creación de empleo.
Contamos con ejemplos claros del perjuicio que la hiperregulación genera en la economía europea y en el comercio mundial. El sector financiero y bancario es uno en los que la excesiva intervención reglamentaria dificulta, cuando no anula, la gestión financiera de los recursos de los propios Estados europeos, hasta el punto de crear situaciones de inseguridad jurídica. Ciertamente, la crisis ahondó en este incremento normativo, pero la generación legislativa debería contemplar escenarios amplios y de futuro, y no ceñirse únicamente soluciones cortoplacistas.
También el sector aéreo sufre en sus carnes un exceso normativo que ha llevado a la desaparición de numerosas compañías que no pudieron dar respuesta a las exigencias legislativas. En este sector económico confluyen numerosos ámbitos de regulación, como el derecho de los pasajeros, la prestación de servicios, la protección del medio ambiente, de la aviación o la seguridad, por nombrar algunos de ellos. Solo la gestión del tráfico aéreo aglutina siete reglamentos comunitarios de aplicación directa en todos los Estados de la UE. Podemos referirnos a él como un sector enormemente encorsetado. Pero hoy nos encontramos ante una normativa comunitaria que debería entrar en vigor el 20 de mayo de 2016 y que, de publicarse sin enmiendas, pondrá contra las cuerdas el sector del tabaco y sentará un mal precedente para muchos otros. Se trata de la directiva comunitaria de productos del tabaco, un claro ejemplo de hiperregulación, que ataca directamente a la propiedad intelectual e industrial y el derecho de marca, además de constituir una invasión del ámbito privado del ciudadano. La nueva normativa insta al empaquetado genérico de los productos del tabaco, impide el diseño, color o cualquier otro elemento que permita diferenciar una marca de otra, obliga a una idéntica tipografía y ubicación, y muchas otras imposiciones que convertirán los productos de marca en simples genéricos. Australia es el primero y único país en aplicar esta medida y, en Europa, países como Irlanda, Reino Unido y Francia tienen propuestas legislativas muy avanzadas en esa misma línea.
Hasta la fecha, Australia no ha podido constatar el cumplimiento de objetivos propuestos en el ámbito de la salud que argumenten la usurpación de la propiedad intelectual de las industrial del sector, aunque sí que se ha registrado un incremento del comercio ilícito de estos productos y un empobrecimiento en su cadena de valor. Arrebatar la señas de identidad de las marcas es retroceder en libertad de empresa, en protección a la propiedad intelectual y en el derecho del ciudadano a expresarse y estar informado, por no mencionar las consecuencias que provocaría en el comercio, la fiscalidad y el empleo.
Dañar la protección de la propiedad intelectual, el derecho de marca y la libertad de los ciudadanos está alejado de la eficacia normativa que persigue la UE.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, AmChamSpain, aboga por una regulación eficiente, coherente e inteligente, una smart regulation que respete los operadores económicos, la propiedad intelectual y los derechos de los ciudadanos. En definitiva, que el proceso legislativo respete el principio de proporcionalidad. Solo así evitaremos males mayores e irreversibles.
Jaime Malet es presidente de la Cámara de Comercio de EE UU en España.