El TC anula la resolución soberanista y alerta a Mas de consecuencias penales

El Tribunal Constitucional ha admitido esta tarde a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán. La decisión implica que la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP queda automáticamente suspendida. En un hecho sin precedentes, el Constitucional acordó comunicar a Artur Mas y otros 20 altos cargos la obligación de respetar la suspensión. En caso contrario, podrían ser inhabilitados.

No ha sido un recurso de inconstitucionalidad cualquiera. El Consejo de Ministros se reunió ayer de forma extraordinaria con el único fin de dar respuesta a la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno incluyó la solicitud al Tribunal Constitucional de notificar “personalmente” la suspensión a altos cargos. Entre ellos, se encuentran la presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, y el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas.

El pleno del Tribunal Constitucional se reunió ayer mismo por la tarde y en una sesión más larga de lo esperado acordó por unanimidad de sus once miembros admitir a trámite el recurso del Gobierno, lo que implica que automáticamente la resolución independentista queda suspendida. El Alto Tribunal también acordó seguir la petición de la Abogacía del Estado y comunicará la suspensión de la resolución a los altos cargos indicados por el Gobierno. Así, en un hecho sin precedentes, Artur Mas recibirá una notificación de la decisión del Constitucional. El Alto Tribunal pide el auxilio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para remitir las notificaciones. En ellas se advertirá a los afectados de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. Y también serán advertidos de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Este trámite se enmarca en la reforma exprés del Constitucional que aprobó el Gobierno y que contempla la inhabilitación de los cargos públicos que desobedezcan las directrices del Constitucional. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, indicó que la notificación personal que llevará a cabo el Tribunal Constitucional implica “la imposibilidad” de que el Parlamento admita a trámite o el Gobierno presente ningún Proyecto de Ley, de forma que “se bloquee” la “supuesta” promoción de “reformas legales en esa dirección”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció ante los medios de comunicación tras presidir el Consejo de Ministros extraordinario y explicó que la petición de apercibir a altos cargos de las instituciones catalanas tiene como objetivo dejar claro de las consecuencias jurídicas de no cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional. La resolución independentista recurrida y suspendida declara “solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”. Además, el documento que se aprobó con los votos de Junts pel Sí y la CUP también establece que las autoridades catalanas no “se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”.

En su recurso, el Gobierno indica que la resolución atenta directamente contras artículos fundamentales de la Constitución en la medida en que vulnera el principio de que la “soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y ataca “la unidad de España”. El Ejecutivo señala que la resolución “viola con total evidencia” hasta ocho artículos de la Carta Magna.

Suspensión de la autonomía

La vicepresidenta del Gobierno catalán y portavoz en funciones, Neus Munté, compareció minutos después de conocerse la decisión del Constitucional y defendió que el Ejecutivo catalán actúa en “estricto cumplimiento” del Parlamento catalán “soberano”. Acusó al Gobierno de Rajoy de “utilizar” el Tribunal Constitucional para poner “una mordaza” a los “anhelos de libertad” de Cataluña.

Si las autoridades catalanas desoyen al Alto Tribunal, Rajoy alertó ayer sin citarlo de la posibilidad de aplicar directamente el artículo 155 de la Constitución Española que contempla la suspensión de la autonomía. El presidente señaló que el Ejecutivo actuará con “firmeza y proporcionalidad” si el Gobierno y el Parlamento catalán mantienen el proceso independentista tras la suspensión derivada de la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno.