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El Foco
Tribuna
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El gran desafío

Se acabó la rutina. Definitivamente. El salto al vacío del nacionalismo catalán es absoluto. Esta vez ya no hay red. No han querido que la hubiera. El fino alambre ha tensionado hasta romperse. No parece que haya marcha atrás. El órdago cobra su dimensión más abrupta. El gran y mayor desafío institucional que sufre nuestro estado democrático y de derecho. Un todo o nada auspiciado desde la bravuconada y el enroque desafiante y altanero. Una huida hacia delante que no ha hecho más que enmascarar las debilidades y las mentiras del gobierno de Mas. El giro de éste y el arrastre consigo mismo de una Convergencia ya irreconocible y sin Uniò es un final de etapa. Asirse al soberanismo, jalear y espolear a la ciudadanía durante los últimos tres años, pero sobre todo situar al gobierno central en un escenario de confrontación y de defensa del status quo vigente y legal han sido estrategias propaladas e impulsadas con descaro y decisión. El ideario nacionalista ha sido inoculado lenta pero irreversiblemente en la ciudadanía. El soberanista sin embargo no ha sido compartido siquiera al 48 % en unas elecciones que unos quisieron tildar de plebiscitarias y todos aceptaron silenciosamente aun sin serlo y así se desarrolló el escenario electoral y preelectoral. Esto no ha sido óbice para que los partidos decididamente soberanistas auto interpretando su mayoría de escaños en homónimo sentido a si la misma fuera de votos inicien motu propio y en sede parlamentaria el proceso de ruptura y desconexión con España. Incluso en esto lleva la delantera al introducir en el acervo político dos términos terribles: desconexión y ruptura.

El Parlamento catalán acaba de aprobar con 72 votos a favor una declaración que no significa otra cosa que el intento de iniciar la independencia de Cataluña de España a través de la creación de un estado propio y con forma republicana. Un intento jacobino y conscientes de transgredir y vulnerar unas normas que dicen ya no acatar y despreciar. Victimismo y orgullo henchido de vanidad y representación unilateral de todo un pueblo aunque no representen en votos a su totalidad les lleva a elevar la tensión a su máximo voltaje de momento y un choque de trenes total con la legalidad vigente. Han confundido su cuota electoral con la representatividad totémica de toda Cataluña, confusión deliberada y desafiante que cobró su protagonismo mayúsculo cuando Mas se erigió en Cataluña misma. Al mismo tiempo, más allá del argumento está el fundamento en la nimiedad que no permite anclar esta actuación en razonamiento jurídicos aceptados y legítimos conforme a la legalidad. Pero ésta importa más bien poco a quiénes han votado a favor de esta moción, decididos a no acatar otra ley y legalidad que no sea la que mana del parlamento catalán y de la que tienen a su vez la mayoría necesaria para trazar, idear, adoptar y aprobar cuanto requieran y necesitan. Límite, la actuación a partir de este momento del gobierno central y sobre todo del Tribunal Constitucional con la reforma in extremis de hace unas semanas.

Estamos ante el mayor desafío a toda la arquitectura constitucional de nuestra democracia. Sujetos políticos y soberanía nacional son conceptos tan ambiguos como absolutos que todos están dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias. El nacionalismo catalán está dispuesto a saltarse cualquier norma, cualquier ley que sea contraria a sus intereses y a su meta. Desobediencia y desprecio a la convivencia. Desprecio a la unión, a una mayoría, mínima, pero mayoría de catalanes que no quiere la independencia. Nada importa salvo el catecismo nacionalista. El desprecio total a la ley y a los tribunales es el paso necesario para seguir adelante. Y son conscientes de la situación que deliberadamente buscan y crean y de los pasos que a continuación se darán por parte de las instituciones del estado central. Creen y saben que lo que venga arreciará el sentimiento victimista en sus filas y creen igualmente que eso se traducirá en votos salvo que alguien con mayor sensatez reconduzca la situación. Creen que ante la inminencia de unas elecciones generales donde muchas cosas van a cambiar no se aplicará de momento un artículo tan complejo y de tantas interpretaciones como es el artículo 155 de la Constitución, que algunos declaman con urgencia aplicar y otros piden serenidad y estudio. Artículo que no significa per se la suspensión absoluta de la autonomía, sino de personas y funciones, competencias si las mismas conducen hacia la independencia, lo que no significa que se suspenda en su totalidad la autonomía. O no debería. Cataluña no es Kosovo como quiere equiparar el todavía presidente en funciones Artur Mas. La fractura no sólo es social, es política y jurídica a partir de este momento. El Constitucional permitió esta votación, tenía que hacerla, al no haber argumentos jurídicos que lo impidiesen. El acto jurídico político, la moción declaración ya ha emanado del Parlamento, órgano de representación de Cataluña, ahora es el análisis de las competencias, las funciones, los límites pero también el abuso de la norma sabiendo como saben los parlamentarios catalanes la extralimitación en las competencias y moción que han aprobado.

Se avecinan días y semanas de alto voltaje político pero sobre todo jurídico constitucional. Es el momento del mismo. Pero también en el que definitivamente todo el pueblo catalán debe ser consciente de hacia donde le están llevando y si quiere seguir en esta senda o no. No hay juegos ya de suma cero. No es el momento ni debería serlo. Porque tras el desafío y la ruptura aparente solo queda la aplicación de la ley. Y esa aplicación no requerirá en primer lugar más diálogo político. Aunque éste será necesario cuando la tormenta amaine. Y se recompongan los puentes que ahora se quieren dinamitar por quién no quiere escuchar. No se puede pactar con lo que no es pactable. Y lo que empezó siendo desde hace 37 años un deja vu de más diferencias y competencias, hoy es la amenaza institucional, política, económica y social más grave de nuestra democracia. Reconducirlo es el reto.

Abel Veiga es profesor de Derecho Mercantil en Icade.

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