Cabify: “Cumplimos con la regulación. Nuestros conductores no buscan clientes en la calle”

Tras BlaBlaCar, le ha tocado el turno a Cabify. Esta empresa, que ofrece un servicio de alquiler de chóferes con vehículo como una alternativa a los taxis, ha defendido hoy la legalidad de su actividad en el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid, donde se celebró la vista oral. La jueza Ana María Gallego Sánchez, la misma que llevó el caso de las cláusulas suelo y el concurso de Marsans, deberá decidir si suspende o no cautelarmente la actividad de la empresa como pide la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Esta organización ha denunciado que la empresa infringe “continuamente” el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT). Concretamente, sostuvieron que Cabify se salta el artículo 182, que se refiere al servicio de alquiler de vehículos con conductor (VTC) y donde se establece que los conductores de este tipo de servicios no pueden buscar clientes por la calle ni recoger a los que no hayan contratado previamente este servicio. “Algo que sí que hacen”, indicaron desde la citada Federación.

Un extremo que la empresa negó tajantemente. Cabify defendió que siempre ha cumplido con el reglamento, “pues al estar los conductores bajo el servicio continuo y permanente de Cabify, no se encuentran en modo de búsqueda de clientes, sino que están esperando a que la aplicación [con la que funciona el servicio] les asigne un servicio, que siempre cumplimentan en una hoja de ruta diaria”.

Según Cabify, los conductores de su servicio “están siempre trabajando para ellos (servicio a disposición), tengan o no un servicio asignado, por lo que no existe obligatoriedad de regresar a su domicilio fiscal o base, pudiendo circular o estacionarse donde quieran hasta que entre una nueva petición.

Contrato mercantil

Desde la compañía recordaron que Cabify está constituida como agencia de viajes, por lo que no son transportistas, sino prestadores de un servicio de transporte. Además, defendieron que los conductores de Cabify no son empleados de la compañía. “Son autónomos o empleados de terceros y se rigen por un contrato mercantil por obra o servicio de disposición continua, diaria y permanente con nosotros”.

“Siempre hemos operado y operamos bajo el marco legal existente. Desde el inicio trabajamos de la mano de las autoridades compententes, como la Dirección General de Transporte de Madrid, el Ministerio de Fomento o el de Industria”, indicaron los responsables de Cabify, que añadieron que cuentan con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas para la prestación del servicio y “nada tiene que ver con empresas de economía colaborativa”.

El despacho de abogados de Cabiby es Osborne Clarke. Curiosamente, la empresa, que pone en contacto a usuarios con conductores con licencia, cuenta como asesor jurídico externo con José Andrés Díez, quien también asesora a la patronal de transportes de autobús Confebús contra BlaBlaCar, la red social que conecta personas particulares que viajan hacia un mismo lugar compartiendo los costes del trayecto.

Otro argumentario utilizado por La Federación Profesional del Taxi de Madrid es que la web de Cabify induce al usuario a error al hacerle pensar que contrata un taxi en lugar de un coche con chófer. Desde la firma negaron que haya publicidad engañosa. Y señalaron que su empresa permite de hecho contratar los servicios de un taxi tradicional, pues Cabify colabora con el sector del taxi y le genera oferta. Cabify trabaja con más de 200 taxistas en España. “En relación al 15% de media de ahorro de Cabify Lite frente a un taxi, la publicidad hace referencia a una palabra genérica, que no corresponde a una empresa, actividad, producto, nombre u otro signo distintivo de la competencia y no hay referencia directa a una empresa del gremio en concreto (como MyTaxi, Hailo o RadioTaxi), por lo que no se produce ilegalidad”.

Una caución de 1.000 euros

Desde Cabify fueron muy duros en cuanto a la petición de una caución de 1.000 euros por cerrar la empresa que ha solicitado la federación de taxistas. “Consideramos que esta petición por cerrar una compañía con 150 trabajadores no es proporcional ni racional al caso”.

Cabify lleva operando en España 4 años, periodo en el que, según la firma, no ha mermado el negocio del taxi. La compañía, cuenta actualmente con más de 400 coches en Madrid y unos 4.000 conductores, a los que exigen licencia, anunció en octubre el cierre de una ronda de financiación de Serie B por 12 millones de dólares (10,6 millones de euros). Una ronda que ha sido liderada por Rakuten, uno de los líderes mundiales en comercio electrónico y servicios por internet, aunque también ha participado en ella el fondo de inversión español Seaya Ventures, que ya había invertido 5,5 millones de dólares en la compañía en 2014. Con esta última inyección de capital, Cabify acumulaba un total de 26,5 millones de dólares de financiación desde su fundación.

La compañía, capitaneada por Juan Ignacio García y con una facturación en 2015 que rondará los 40 millones de dólares, opera actualmente en 14 ciudades (Madrid, Barcelona, A Coruña, Málaga, Valencia, Bilbao, Vitoria, Tenerife, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, México D.F., Querétaro y Monterrey) y planea entrar en nuevas ciudades de América Latina.

Cabify ya fue investigada en España por la Comisión Nacional de Competencia en 2012 tras una denuncia previa del sector del taxi. "Nos pidieron información y se quedó en nada, porque nosotros cumplimos con la normativa. Este es un segundo asalto, pero estamos seguros de que la justicia nos dará la razón", señala García. En Perú también tuvieron una denuncia por competencia desleal, pero finalmente se resolvió en favor de la compañía.

García no teme que les perjudique en el juicio el hecho de tener la matriz en Delaware, como sí parece que ocurrió a Uber. "Esto se debe a que nuestros primeros inversores eran americanos, pero la sede la tenemos en Madrid. Aquí operamos a través de Maxi Mobility Spain SL y pagamos todos los impuestos que nos corresponden aquí", asegura.