Empleo acota el uso de los excedentes de la formación

La nueva ley que regula el sistema de formación a trabajadores, recientemente aprobada en el parlamento, incluye en su disposición adicional octava, la obligación de reasignar al sistema nacional de formación los remanentes que pudieran producirse en cada ejercicio.

Esto es, que los fondos que no se gasten del dinero para formar ocupados y parados y que se recauda por la cuota de formación que pagan empresarios y trabajadores –casi 2.000 millones de euros este año– se puedan reasignar a los gastos para formar trabajadores en el ejercicio siguiente.

Sin embargo, los sindicatos CCOO y UGT aseguraron ayer que el Gobierno incumplirá esta obligación. Y para hacerlo posible, el PP introdujo el martes en el Senado una enmienda transaccional a los Presupuestos Generales de 2016 que acota la cantidad de excedentes de fondos de formación que podrán reanualizarse para el presupuesto siguiente.

En concreto, dicha enmienda limita dicha reasignación a la parte del presupuesto que el Estado gestiona para la formación de ocupados a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según los sindicatos, esta parte representa solo el 9% del total de presupuesto para formación en 2016 (194.301 millones).

De esta forma, el dinero que no se gaste del 90% del presupuesto restante para formar ocupados y parados, seguirá quedándose, como hasta ahora, en la caja de la Seguridad Social para costear pensiones –que tienen un abultado déficit de unos 10.000 millones anuales– u otros conceptos como bonificaciones al empleo.

Aclaraciones de Empleo

No obstante desde el Ministerio de Empleo se defienden aclarando que en dicha enmienda “se ha establecido la reanualización de todos los fondos que se podían reanualizar legalmente, en cumplimiento de la ley de formación”.

Es más, fuentes de este Departamento añaden que su intención es que se puedan reanualizar también los excedentes, si los hubiera, de la parte del presupuesto que se destina a bonificar a las empresas directamente para que formen a sus trabajadores.Si bien estas bonificaciones –que ascienden a 600 millones, el 30% del total del presupuesto– no son, por definición legal, “créditos incorporables” y, por lo tanto, no se pueden reasignar en caso de no gastarse.

Dicho esto, desde Empleo insisten en que han hecho una consulta a la Intervención General del Estado para saber si permiten ampliar a estas bonificaciones los remanentes reasignables. En caso de que la Intervención se lo permita, Empleo reasignará la parte que no se gaste del 40% del presupuesto para formación.

No obstante, los sindicatos insisten en que se debería reasignar lo que no se gaste del 100% del presupuesto. Y recuerdan, que el compromiso de reasignar todos los remanentes formativos, y no solo una parte, “surgió de una enmienda pactada entre el PP, el PSOE e Izquierda Plural” en la tramitación de la ley que reformó el sistema nacional de formación de los trabajadores.

En empleo responden con explicaciones técnicas a esta demanda: "la incorporación de los remanentes de crédito destinados a financiar iniciativas de formación profesional para el empleo dentro de la reserva de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal, en los términos y condiciones que establezca la LPGE de cada ejercicio". Y, según añaden las fuentes oficiales, "no todos los gastos de formación forman parte de dicha reserva, y no todos los gastos de dicha reserva se financian con cargo a la cuota de formación profesional". De ahí, la limitación introducida en la ley de Presupuestos para 2016.