La CE aprueba la creación de un tribunal público de arbitraje
Bruselas contraataca para intentar salvar las negociaciones del mayor acuerdo comercial de la historia (TTIP, en inglés). La Comisión Europea propone la creación de sistema público de arbitraje que se estrenaría con el acuerdo de Washington y que supondría el final del modelo privado utilizado hasta ahora para dirimir conflictos entre un inversor y un Estado.
La nueva corte pretende desactivar la campaña en contra del acuerdo comercial y de inversión entre la UE y EE UU, que ha centrado gran parte de su oposición en las llamadas cláusulas de protección a la inversión a las que se acogen las multinacionales para litigar contra un país. Esas cláusulas permiten a una empresa extranjera reclamar indemnizaciones si se consideran perjudicadas por el Gobierno anfitrión.
Los críticos con el TTIP aseguran que las multinacionales estadounidenses aprovecharán esas cláusulas para enmendar la legislación europea en materia laboral, social o medioambiental y para chantajear a los Gobiernos que se resistan a ceder a su presión.
La Comisión, que siempre ha negado esa acusación, recuerda que los arbitrajes solo pueden conceder indemnizaciones sin obligar a modificar una legislación. Aun así, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, admitió ayer que el sistema requiere una modernización “para dotarle de las mismas garantías que hacen que la opinión pública confíe en el sistema judicial”.
La propuesta de la Comisión incluye un tribunal de primera instancia con 15 jueces (cinco europeos, cinco estadounidenses y cinco de terceros países) y otra corte de apelación compuesta por seis magistrados (dos europeos, dos estadounidenses y dos de terceros países).
A diferencia del sistema actual, que se basa en paneles de arbitraje creados ex profeso para cada litigio, las dos cortes serán permanentes. El nuevo modelo también termina con la capacidad de las empresas para influir en la elección de los miembros del panel, porque los casos se repartirán entre los jueces permanentes de manera rotatoria.
El proyecto europeo también intenta limitar los potenciales conflictos de interés. En el sistema actual, los abogados que ejercen de jueces en un panel de arbitraje participan después en otro como defensores de una empresa.
En el sistema público, los jueces del tribunal tendrán prohibido asesorar a las empresas. Para compensarles, la UE y EE UU les abonarán una paga “de retención” mensual que garantice su disponibilidad permanente, además de su salario por cada día trabajado.
“A menudo se acusa a las cláusulas de protección de inversión de establecer un sistema judicial privado. Con el nuevo modelo, esa crítica ya no será posible porque será un sistema público”, resumió Malmström la propuesta.
Críticas
Malmström recibió ayer el apoyo de los principales grupos del Parlamento Europeo (PPE, S&D). La patronal (BusinessEurope) también secundó la propuesta, aunque objeta la incorporación del principio de “quien pierde paga” porque, a su juicio, reducirá las posibilidades de recurrir de las pequeñas y medianas empresas.
Los adversarios del TTIP (Izquierda Unitaria, Verdes) calificaron la propuesta como “una cortina de humo que no cambia nada”.
“Incluso en democracias hace falta protección”
Las voces críticas con el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión aseguran que las cláusulas de protección al inversor son innecesarias entre dos zonas con tantas garantías judiciales como la UE y EE UU. Pero la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, aseguró ayer que “incluso en países democráticos pueden producirse discriminaciones que perjudiquen al inversor extranjero o expropiaciones”. Y defendió la necesidad de que esos inversores cuenten con la posibilidad de defenderse ante un Estado “no para impedir una regulación, sino para reclamar compensaciones”.
La comisaria recordó que nueve países europeos ya han suscrito tratados bilaterales con EE UU que incluyen esas cláusulas y que el Tratado europeo simplemente extendería su aplicación a todos los socios de la UE. Malmström aseguró, además, que esas cláusulas son muy importantes para los inversores europeos “porque en EEUU, a diferencia de la UE, no hay ningún ley que prohíba discriminación hacia empresas extranjeras”.
Malmström confía en que Washington acepte la propuesta de crear un tribunal público de arbitraje para los potenciales conflictos que, en todo caso, según la comisaría “no serán muchos”.
Bruselas espera, además, que el nuevo sistema sirva de modelo para todo el planeta y aspira a crear también e futuro un tribunal multilateral internacional.
“Los países de la UE son los que más utilizan estos arbitrajes, así que es lógico que asumamos el liderazgo en su modernización”, señaló la comisaria.
Cecilia Malmström también enfatizó que la propuesta europea “pondrá negro sobre blanco que los arbitrajes jamás pueden imponer cambios regulatorios o legislativos a ningún Gobierno”.