Rosell y Bonet: “Romper con el Estado traería graves consecuencias”

Los empresarios catalanes han sacado toda su artillería pesada. Después del comunicado emitido la pasada semana por la patronal Fomento del Trabajo advirtiendo de "la máxima tensión y preocupación" de la clase empresarial en Cataluña ante el proceso independentista, hoy han sido los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, quienes han disparado todas las alarmas.

Rosell y Bonet, en un artículo escrito por ambos en el diario La Vanguardia y, posteriormente, en una rueda de prensa conjunta han considerado que los empresarios catalanes deben "dar un paso al frente y asumir la respnsabilildad de explicar a la sociedad los riesgos que pueden presentarse" si el 27-S ganara la opción independentista.

Lamentan así que "el debate racionnal con datos objetivos" se sustituya por "arbumentos emocionales que privan al ciudadano de la información necesaria para tomar sus decisiones" y no les alertan de "las graves consecuencias de una ruptura de hecho con las instituciones del Estado y de la Unión Europea". Explican en este punto, que la pertenencia de Catalunya al Estado Español "le dota de instrumentos de los que carecería fuera de él" y añaden: "el futuro en mayúsculas es Europa y estamos ya a medio camino, no podemos, ni debemos volver a atrás".

Dicho esto, son ambos líderes empresariales los que pasan a enumerar los riesgos concretos que, en su opinión tendría la consolidación de un proceso independentista. "Para empezar, Catalunya quedaría fuera del euro y tendría serios problemas para financiarse porque no podría recurrir al BCE o al Mecanismo Europeo de Estabilidad y sus emisiones de deuda se verían fuertemente penalizadas", aseguran.

En segundo lugar, consideran que "las exportaciones catalanas se verían afectadas porque se encarecerían y perderían competitividad" ya que, según explican, los productos catalanes que se vendieran en Europa pasarían a estar gravados por la tarifa exterior común que se aplica a los Estados no comunitarios y los que se vendieran en terceros países dejarían de beneficiarse del trato preferente a los Estados miembros.

"También se resentirían las inversiones en Catalunya", continúan Rosell y Bonet, debido al escenario de inseguridad jurídica y financiera. Es más, se producirían "deslocalizaciones", ya que las empresas buscarían enclaves más estables para sus filiales. En concreto, advierten del futuro incierto que correrían las multinacionales ya establecidas y que dan empleo, "como mínimo al 10% de los trabajadores". Y, finalmente, alertan de que "hay docenas de opciones (por otras regiones) esperando cualquier despiste de una zona atractiva como es hoy Catalunya".

En definitiva, todo esto "se traduciría en una menor actividad económica y, por tanto, menos empleo y unas peores conidicones de vida", conluyen. De esta forma la capacidad de consumo de los ciudadanos catalanes se vería especialmente mermada, lo que perjudicaría en mayor medida a las pymes, al pequeño comercio y a los autónomos".

Para terminar, piden insistentemente a los políticos que "recuperen el diálogo que pueda propiciar una negociación de un pacto (...) en esta hora parece la única opción válida". Y finalizan asumiendo una frase dicha por el presidente del Gobierno en reiteradas ocasiones: "somos muchos los que nos sentimos catalanes, españoles y europeos. Y no queremos renunciar a ninguan de esas tres condicines".