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Niega que CDC se haya financiado de forma irregular

Mas culpa al Estado de forzar el 27S al cerrar “las puertas” al diálogo

El presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas.EFE

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha justificado la convocatoria de las elecciones del próximo 27 de septiembre como única vía para que los catalanes se pronuncien sobre la independencia, ante el “muro granítico” del Estado, al que ha culpado de “cerrar todas las puertas” para el diálogo.

En su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlament, Mas ha rememorado los 35 años de espíritu de “colaboración leal” de la Generalitat con el Estado, que a su juicio no han servido para encontrar un mejor encaje de Cataluña en España.

“Todos los caminos que hemos intentado los diversos partidos de la política catalana, todos, se han estrellado en el muro granítico de la incomprensión de las instituciones del Estado español”, ha afirmado el líder de CDC.

“Muchos lo hemos intentado todo”, ha subrayado Mas, en alusión al Estatut impulsado en su momento por el gobierno tripartito presidido por el socialista Pasqual Maragall y también a otras reivindicaciones frustradas más recientes como el pacto fiscal, que recibió un “portazo” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho.

Según Mas, “si el Estado hubiese dejado alguna puerta abierta” al diálogo y la negociación, no habría sido necesario anticipar las elecciones al 27 de septiembre.

En este sentido, el president ha recordado que no se pudo hacer un referendo por la vía de transferencia de competencias desde el Estado ni por la ley catalana de consultas, y ha denunciado las “represalias” y las “querellas” de la Fiscalía a él mismo, a la consellera Irene Rigau y a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, por organizar el 9N suspendido por el Constitucional.

“Nada de todo eso ha sido posible y ante esta situación había dos alternativas: O mirábamos hacia otro lado y bajábamos la cabeza, o actuábamos en consecuencia con los mandatos de las urnas: Y decidí tirar adelante y por esto tenemos elecciones”, ha explicado.

Mas ha señalado que la creación de Junts pel Sí -lista de la que es número 4- “refuerza el carácter plebiscitario de estas elecciones” y ha descrito esta candidatura como una operación “sin precedentes” de la que ha augurado que no habrá “otro ejemplo en el futuro”.

El president ha remarcado que la noche del 27S “se contarán diputados del 'sí' y del 'no” a la independencia: “¿Qué es un poco injusto que esto sea de esta manera?, quizá sí; pero es así, y vale la pena que se sepa”, ha añadido.

En cuanto al escándalo suscitado por los registros en la sede de la Fundación CatDem y las acusaciones de corrupción, Mas ha negado durante la citada comparecencia que CDC se haya financiado irregularmente y ha señalado implícitamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, como el responsable de los registros policiales del viernes en la fundación CatDem y un despacho de CDC, porque la Guardia Civil --que hizo de policía judicial-- depende del ministro.

El president ha argumentado que fue la Guardia Civil quien hizo el registro y que ésta depende el Ministerio del Interior, “que no pasa por ser un ministerio que se caracterice por un actuación ejemplar y por las buenas prácticas”.

Mas no cree “en las casualidades”, por lo que atribuye el registro a una maniobra de los poderes del Estado para atacar a CDC a las puertas de la campaña electoral y en el mismo día en que la candidatura soberanista Junts pel sí organizaba un gran acto político en Barcelona.

“A estas alturas de la película ya no creo en según qué casualidades. Durante mi trayectoria política he visto cosas de gran impacto que al final acaban en nada. He visto más de una, de dos, de tres, de cuatro y de cinco”, ha advertido.

Mas ha acusado a los poderes del Estado de filtrar los registros el día antes de producirse, para crear un gran espectáculo mediático, y ha dicho que lo sabe porque desde alguno de estos medios se avisó a dirigentes de CDC de que se iba producir la operación policial.

También ha cargado contra los agentes de la Guardia Civil porque estuvieron cinco horas en la sede de CDC sin hacer nada, y a su juicio fue “para alargar el espectáculo mediático” tanto como fuera posible, ya que a las puertas de la sede había muchas cámaras de televisión.

Ha criticado que se filtren a la prensa documentos protegidos por el secreto de sumario, y asegura que esto pone en cuestión la salud de la democracia española: “¿Esto es el Estado de derecho que proclaman cada día? ¿Es un Estado de derecho que no protege los derechos fundamentales?”.

Mas, que no ha citado explícitamente al ministro Jorge Fernández, ha concluido que toda la operación policial del viernes fue para obtener un “rédito electoral” y no para perseguir la verdad.

Mas ha defendido que las aportaciones a la fundación CatDem de Teyco --la empresa investigada-- fueron legales, y que, tanto en 2009 --año que se investiga-- como en el resto de ejercicios, estas aportaciones nada tuvieron que ver con “el 3%”, sino que fueron inferiores.

El presidente ha dicho que en 2009 gobernaba el tripartito y no CiU, además de que la mayoría de contratos municipales que obtuvo la constructora no fueron de consistorios nacionalistas, lo que, según él, demuestra que no se financió ilegalmente a CDC.

También ha dicho que el 'Plan Zapatero' para impulsar la obra pública y hacer frente a los primeros estragos de la crisis no daba margen a las administraciones para elegir las empresas --se debía adjudicar al licitador que ofrecía el precio más bajo--, por lo que no había margen para “discrecionalidades”, es decir, para presuntas malas prácticas.

Mas ha situado la Generalitat como un referente en “transparencia y buenas prácticas”, y ha enumerado algunas iniciativas que se han impulsado bajo su mandato como la ley de transparencia, la web sobre el mismo tema y la creación de la oficina que supervisa la contratación de obra pública de los departamentos del gobierno catalán.

También ha esgrimido que Transparencia Internacional situaba en 2012 a la Generalitat en el puesto 12 sobre 17 de entre las comunidades más transparentes, y en estos momentos la sitúa en primer lugar.

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