Aqualia gana el mayor contrato de su historia para FCC

Aqualia se ha adjudicado un contrato totalmente inusual, por su abultado montante económico, en el negocio de la gestión de aguas: el diseño, construcción y operación de la planta depuradora de Abu Rawash, situada en El Cairo (Egipto), la cual aportará una cartera de negocio de 2.400 millones de euros.

La que ya es la mayor adjudicación conseguida por este referente mundial en su sector, se basa en una planta que tratará 1,6 millones de metros cúbicos de agua al día y prestará servicio a 5,5 millones de personas. Sus dimensiones la convierten en una de las depuradoras más grandes del mundo.

El contratto parte del Ministerio de Urbanismo egipcio, quien cuenta con un ambicioso plan de infraestructuras del agua. El organiosmo ha comunicado la adjudicación a un consorcio liderado por Aqualia New Europe, filial de Aqualia en la que cuenta con participación el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). En el consorcio ganador participan también el gigante local local Orascom Construction Industries, la también egipcia ICAT y la francesa Veolia.

Esta nueva depuradora para El Cairo precisa una inversión superior a los 500 millones de euros, mientras los ingresos previstos a lo largo de los 25 años de concesión alcanzan los 2.400 millones citados. Desde FCC se ha avanzado esta mañana que el proyecto cuenta con un fuerte apoyo financiero del BERD, el Banco Mundial y la banca egipcia, por lo que el cierre financiero del proyecto debería ser superado sin problemas.

Las obras incluyen la ampliación del tratamiento biológico de la planta ya existente de tratamiento primario con capacidad para 1,2 millones de metros cúbicos diarios y la ampliación a 1,6 millones de metros cúbicos diarios.

FCC Aqualia, operadora de 320 depuradoras en cuatro continentes, tenía en Egipto un proyecto de gran calado previo, tras resultar seleccionada en 2010 para el diseño, construcción y explotación durante 20 años de la planta depuradora de aguas residuales de New Cairo. Situada en la capital, fue el primer contrato que se adjudicó en el país para un proyecto de colaboración público–privada (PPP).