Los diez retos que afronta la economía española

El Ejecutivo afronta una última parte del año atípica. No le hará falta aprobar unos Presupuestos, porque ha adelantado toda la maquinaria de tramitación para tenerlos en vigor antes de que se disuelvan las Cortes como paso previo a las elecciones generales de diciembre.Toda la oposición los ha rechazado en bloque y si otro partido diferente al PPgana las elecciones, podría revocarlos y propiciar que se vuelva a repetir su compleja aprobación. Incluso podría ir más allá y anular algunas de las grandes reformas impulsadas por Rajoy, como la laboral o la consolidación fiscal.

Unos meses antes de los comicios, en concreto en septiembre, están previstas unas elecciones autonómicas en Cataluña que el presidente catalán, Artur Mas, ha querido dar carácter de plebiscito de cara a una futura independencia. Entre medias, el cumplimiento del objetivo de déficit está entredicho por las dificultades de la Seguridad Social y las autonomías para enderezar sus cuentas, China amenaza con frenar la recuperación mundial y el euro y el petróleo pueden dejar de estar en mínimos. El conflicto de Grecia, lejos de apagarse, permanece latente y puede resurgir en cualquier momento, devolviendo el temor a los mercados y encareciendo los costes de financiación de las economías más endeudadas como España.

1 El “peligro” de revertir las reformas ya aplicadas

La consolidación fiscal, la moderación salarial y la flexibilidad del mercado de trabajo pueden ser tres de las reformas más importantes que se han aprobado en la legislatura ahora en vigor. La primera ha conseguido que España vuelva a cumplir (no sin algunos desvíos) los objetivos de déficit pactados con Bruselas, la segunda ha llevado a los sueldos a abandonar la senda de crecimiento desaforado y a acompasarse al ritmo de la economía y la tercera ha propiciado la creación de empleo y la ralentización de los despidos. Pero también han tenido efectos adversos: la consolidación fiscal ha venido campañada de una subida de impuestos y un recorte de gastos sin precedente que se han cebado con las clases más desfavorecidas. La moderación salarial, cuando no ajuste, ha hecho perder poder adquisitivo a muchos trabajadores, que ahora reclaman, en paralelo a la recuperación, acabar con esa senda de congelación. Finalmente, la reforma laboral ha disparado la contratación temporal y a tiempo parcial, en muchos casos involuntaria. Enfrentados todos los argumentos, la duda reside si es el momento de proseguir con las reformas o revertirlas.

El Ejecutivo y los grandes organismos internacionales creen que hay que profundizar (incluso el Financial Times, tradicionalmente crítico con España, hablaba esta semana que “las reformas españolas son un ejemplo para la zona euro”), mientras que la oposición (PSOE y Podemos, entre otros) ya han anunciado que si ganan los comicios, revocarán todas esas normas. Unas medidas que pueden tener un impacto directo en el crecimiento de la economía española, que se ha situado a la cabeza de la zona euro, duplicando o triplicando las tasas de algunos socios comunitarios, como Alemania, Francia o Italia. En el segundo trimestre, el alza del PIB en tasa intertrimestral se ha situado según el INE en el 1%, lo que en términos anualizados, arrojaría que España ya está creciendo al 4%. Un ritmo necesario para corregir el gran desequilibrio de España, la elevada tasa de paro.

2 Menos de un mes para las elecciones en Cataluña

El 27S es la fecha elegida por Artur Más para las elecciones que pueden dar el pistoletazo de salida al camino hacia la independencia. A menos de un mes para los comicios, el ambiente que se respira en el Ejecutivo español y el comunitario no es precisamente de intranquilidad, ya que dan por descontado, que el proyecto soberanista de Mas no tiene encaje en nuestro sistema jurídico y que cuentan con las armas necesarias para desactivarlo. Desde La Moncloa como desde Bruselas seguirán insistiendo en contar las grandes consecuencias de separarse de España:la salida del euro, del BCE, del Mecanismo Único de Supervisión Financiera o la supresión de fondos estructurales o del Banco Europeo de Inversiones. Unos efectos poco deseables que pueden llevar el conflicto catalán del terreno político al económico, con la negociación de un nuevo marco fiscal.

3 Pensiones: el cambio más delicado de todos

El Gobierno lo ha propuesto por escrito en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016: los grupos políticos presentes en el Parlamento deben abordar cambios en la financiación de las pensiones. En concreto deberán dilucidar qué pensiones pueden costearse con impuestos generales en lugar de con cotizaciones sociales, que es como se financian todas las pensiones contributivas actualmente.

La actual financiación es deficitaria desde hace cuatro años. Esto es, lo que se recauda por cotizaciones para pagar pensiones no es suficiente para costearlas todas, de ahí que el Gobierno deba echar mano año tras año del fondo de reserva de las pensiones. Este fondo no es ni mucho menos eterno (quedan 43.700 millones frente a los casi 68.000 millones que llegó a tener en 2012). Y por eso las cuentas de la Seguridad Social necesitan hacerse sostenibles. Las últimas reformas de pensiones de 2011 (del Gobierno socialista) y 2013 (del Ejecutivo popular) actuaron fundamentalmente sobre los gastos. Se retrasó la edad de jubilación de forma progresiva, se endureció el acceso a las jubilaciones anticipadas y se crearon sendos factores de revalorización y sostenibilidad que vinculan la subida anual de las pensiones a la marcha económica y a la esperanza de vida.

Ahora la clave está en precisar qué tipo de pensiones se podrán dejar de financiar con cotizaciones y qué vía concreta se elegirá para costearlas. El Gobierno ya ha apuntado hacia las pensiones de viudedad y supervivencia (orfandad y favor de familiares), que cuestan más de 21.000 millones y que podrían pasar a financiarse con impuestos. Si se hace ampliando las actuales aportaciones del Estado (suman ya 13.000 millones para costear pensiones asistenciales y complementos a mínimos) o se establece una parte finalista en la recaudación de algún impuesto como el IVA, o se crea una tasa específica, serán las principales cuestiones a dilucidar.

4 Un nuevo modelo de financiación territorial

Las costuras de algunas autonomías amenazan con romperse. Del debate político de las balanzas fiscales y la brecha entre lo que aportan y lo que reciben de la caja común se ha pasado a otro, en el que una aportación considerada injusta puede ser utilizada como pretexto para no cumplir el objetivo de déficit. Es, por ejemplo, lo esgrimido por el nuevo Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, presidido por el socialista Ximo Puig, quién ha elaborado un informe en el que reclama una mejora de 5.877 millones de euros para ser acorde a su renta per cápita. Al no ser así ya ha avanzado que no podrá cumplir el objetivo de déficit del 0,7% para este año y que el desfase entre ingresos y gastos se podría ir más allá del 2%.

5 Mercado laboral: ¿hay que cerrar flecos?

La reforma laboral de 2012 es para el Gobierno la espoleta del inicio de la recuperación. Sin embargo, su aplicación ha supuesto una importante judicialización de las relaciones laborales. El recurso a los tribunales es mucho más común con esta nueva ley, y los jueces están dando su propia forma a la reforma. Esto ha llevado a muchos asesores empresariales a pedir una vuelta de tuerca a la reforma que la haga menos interpretativa a los ojos de los jueces. Sin embargo, el Gobierno, de momento, se ha negado. El PSOE ha anunciado que derogaría esta reforma si llega al poder. El futuro del mercado laboral es, por tanto, incierto, a pesar de que la seguridad jurídica en esta materia es un activo para las inversiones.

6 Paro de larga duración: el reto de asistir y reinsertar

Prácticamente la mitad de los 5,1 millones de parados que existen en España lleva más de dos años buscando empleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año. A esto se unen los datos del Servicio Público de Empleo que indican que existen casi dos millones de desempleados (el 45%) que no reciben ningún tipo de ayuda económica.

Estos datos arrojan un panorama muy difícil en términos de atención y gestión pública. Existen dos programas (Prepara y Programa de Activación para el Empleo) que persiguen atender a los parados, fundamentalmente de larga duración (más de un año desempleados) que han agotado todas las prestaciones y siguen sin encontrar trabajo. Sin embargo, las cifras de beneficiarios, al menos del nuevo programa de activación, no cuadran con lo esperado. Desde febrero a junio ha habido 53.667 beneficiarios, cuando el Gobierno esperaba que hubiera 400.000 perceptores entre 2015 y abril de 2016. Por ello, los sindicatos ya han pedido que se reformulen los requisitos de este plan.

En cualquier caso, los expertos creen que aunque se siga recuperando el empleo, habrá un colectivo de parados estructurales que puede superar los dos millones de trabajadores, por su elevada edad y falta de formación. Asistir a este grupo será el mayor reto.

7 Lograr una estabilidad en los costes de financiación

La prima de riesgo española se ha mantenido estable en el entorno de los 120 puntos básicos y eso ha sido gracias a la política emprendida por el BCE, que ha dejado clara su postura de evitar como sea que se produzca otra crisis de deuda soberana como la de 2012, que llevó los diferenciales de los bonos a diez años de Alemania y España a rozar los 700 puntos básicos. “Haré todo lo que sea necesario”, fue la frase pronunciada por Draghi y a partir de ahí, las primas de riesgo de todos los países salieron de la zona de peligro.

Por ahora no parece que el salvavidas del BCE vaya a desaparecer y eso impide conocer qué parte de la rebaja de los costes de financiación corresponde a Draghi y cuál a la política de cada país.

En cualquier caso, la reducción de los costes de financiación ha tenido dos efectos balsámicos en la economía española. El Estado ha tenido que destinar mucho menos dinero que en 2014 para endeudarse, lo que ha permitido liberar partidas que se han destinado a impulsar medidas de estímulo aparcadas desde el inicio de la crisis. También ha permitido a las empresas, en especial a las más grandes, volver a colocar deuda en el mercado a precios razonables les para volver a poner en marcha la maquinaria de invertir y crear empleo.

8 Proseguir con las rebajas fiscales de 2015 y 2016

El Ejecutivo ha puesto en marcha desde el 1 de enero las primeras rebajas fiscales desde que llegó en noviembre de 2011 y con ellas pretende devolver 8.405 millones de euros a los bolsillos de ciudadanos y empresas para consolidar la recuperación. Sin embargo, estas cifras languidecen frente a la factura que ha tenido que asumir la economía española por las sucesivas subidas de impuestos que se han aprobado en esta legislatura. En concreto, el Ejecutivo ha obtenido entre 2012 y 2014 unos ingresos adicionales de 28.301 millones de euros, que han sido el gran apoyo para rebajar el déficit. Desde que ganó las elecciones en noviembre de 2011, Rajoy subió IRPF, IVA, el impuesto sobre sociedades a través de la supresión de deducciones, IBI, el tributo sobre plusvalías municipales o los impuestos especiales, entre otros. Y parte de estas figuras fiscales ya sufrieron incrementos durante la etapa final de José Luis Rodríguez Zapatero. La incógnita que queda por resolver es si la mayor recaudación procedente de la recuperación ofrecerá margen para seguir profundizando en rebajas fiscales y así devolver parte de los 20.000 millones pendientes.

9 ¿Hay vida más allá de la construccion y el turismo?

El turismo ha sido la única actividad que ha crecido durante los seis años de crisis y es la que ha tirado del empleo, la gran mayoría de carácter temporal. Por el camino, la industria y la I+D han ido perdiendo fuelle y la construcción ha proseguido con un proceso de ajuste que aún parece que no ha acabado. El Ejecutivo que salga de las siguientes elecciones deberá retomar el debate sobre el cambio de modelo productivo de una economía que podría encarar la siguiente crisis con los mismos mimbres con las que encaró la anterior:la excesiva dependencia de sectores muy intensivos en empleo, pero que aportan poco valor añadido.

10 Acelerar la reducción de deuda privada y pública

La deuda pública ha crecido 30 puntos en esta legislatura, pasando de representar el 70% del PIB al 100%. Un nivel sostenible con unos costes de financiación bajos, pero que difícilmente sería soportable con una prima de riesgo por encima de la actual Por eso desde el Ejecutivo se insiste en proseguir en la senda de desapalancamiento, tanto en el sector público como en el privado. El pasivo entre las empresas alcanza el 215% del PIB, por lo que para que se devuelva todo ese volumen de dinero es imprescindible que se reabra el grifo del crédito, algo que se está produciendo, pero con mayor lentitud de la deseable. Un buen ejemplo se encuentra en los datos aportados por la presidenta del ICO, Irene Garrido, que avanzó la pasada semana que en la primera mitad de 2015 se han concedido 6.000 millones a pymes, un nivel similar al de 2008.