Cambio de color en los puertos tras el vuelco electoral de mayo

El consenso ha reinado entre las autoridades portuarias para sacar adelante iniciativas como el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y la ampliación de concesiones en las terminales”, apunta el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, como un auténtico hito durante la presente legislatura. A partir de aquí toda una incógnita, tras numerosos cambios en las presidencias de esas plazas portuarias como reflejo del panorama multicolor en las comunidades autónomas.

Llorca, que compareció la semana pasada en el Congreso para detallar el presupuesto de la empresa pública en 2016, es optimista y asegura que los puertos no se alinean por simpatías políticas sino que cada uno defiende su cuota de protagonismo para atraer actividad económica a sus áreas de influencia. De ahí que Puertos suela identificarse con un reino de taifas en el que el primer ejecutivo lo pone el Ministerio de Fomento, al frente de Puertos del Estado, pero cuyo poder entra en fricción en no pocas ocasiones con el de los presidentes que colocan las Comunidades Autónomas. Los puertos de Barcelona, Algeciras o Valencia, aunténticos centros de poder y actividad, dicen mucho en la política que se promueve desde Madrid.

En Valencia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha puesto al frente del puerto a Aurelio Martínez, economista vinculado al PSOE, quien ha sido consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat con Joan Lerma, director del departamento de Economía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 1991 y 1993 y ha presidido compañías como Navantia, el ICO y Loterías y Apuestas del Estado. El Consell también ha nombrado como vocal a Inmaculada Rodríguez-Piñero, pieza clave en el ministerio de Fomento del socialista José Blanco.

La llegada de Francina Armengol a la presidencia de Baleares, tras el pacto de PSOE con Podemos y MÉS, ha derivado en la designación de Joan Gual, presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca entre 2006 y 2013, como presidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), de la que ya ha sido vocal, en sustitución de Alberto Pons. Será Gual, por tanto, quien lleve las riendas del proyecto de ampliación del puerto de Mallorca.

Otra cara conocida, este nombramiento sin que haya mediado cambio político, se ha puesto al frente de la autoridad portuaria de Sevilla. El presidente desde el arranque de julio es Manuel Gracia, ex presidente del Parlamento autonómico andaluz y quien ha ocupado distintas consejerías en la Junta.

A pesar de la continuidad del PP en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, sale por motivos personales del puerto melillense su presidente en los últimos 11 años, Arturo Esteban, y toma el relevo el ex consejero de Fomento Miguel Marín, quien se vio forzado a abandonar cualquier aspiración a entrar en el Gobierno de Juan José Imbroda. Esta era condición en el pacto entre el PP y Populares en Libertad al ser imputado en el mes de marzo por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Plazas por cubrir

Pese tanta cara nueva en el consejo consultivo de Puertos del Estado, donde se sientan los presidentes de cada una de las 28 autoridades portuarias (el consejo rector lo nombra Fomento), aún faltan sillones por ocupar. En Santander se esperan noticias del presidente autonómico Miguel Ángel Revilla y un previsible sustituto para José Joaquín Martínez Sieso, ex presidente cántabro por el PP que lidera el puerto desde 2011.

En Castellón se da por descontado que Francisco Toledo, ex rector y catedrático en Ciencias de la Computación de la Universitat Jaume I y ex diputado autonómico en las cortes Valencianas por el PSPV-PSOE, sustituirá a Juan José Monzonís, ingeniero de caminos que lleva 14 años de mandato en el puerto.

En Alicante, cuyo puerto apunta hacia próxima zona franca, el PP ascendió el año pasado al director Juan Ferrer al cargo de presidente, tras la imputación de José Joaquín Ripoll. De momento no hay noticia sobre un inminente relevo que se da por seguro y que sucedería al de Valencia y Castellón.

Puertos del Estado llega al final de legislatura habiendo sentado las bases para la mejora de los accesos a las infraestructuras marítimas. El sistema portuario presenta sobrecapacidad en el lado mar y es en tierra donde el Gobierno aprecia carencias que afectan directamente a la competitividad española en el mapa mundial de la logística y como potencia exportadora. Otro logro ha sido el de la movilización de 2.000 millones de inversión privada en las terminales a base de ampliar los plazos de explotación.

Quedan pendientes cuestiones como la reforma de la estiba tras una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que tumba el actual régimen de servicios portuarios por ser incompatible con la legislación laboral comunitaria. El debate parece quedar para la próxima legislatura, con panorama político multicolor en los puertos y la incógnita sobre el signo del próximo Gobierno.