Una revisión para los gastos fiscales
Cuando Hacienda se pone ante un folio en blanco para tratar las líneas básicas de los Presupuestos de cada año tiene la obligación de incorporar, por imperativo tradicional, una ingente cantidad de partidas de gasto garantizadas por la norma. Las más numerosas son las relativas al gasto social imputable a derechos subjetivos de los ciudadanos, ya sean prestaciones de vejez, de sanidad o de desempleo, además de la carga financiera que supone pagar puntualmente la hipoteca por el crédito pedido desde años inmemoriales y que comúnmente se conoce como deuda pública. Pero junto a tales inexcusables gastos aparecen los presupuestos de beneficios fiscales, que no son sino minoraciones de los ingresos aportados por las diversas figuras impositivas por la innumerable panoplia de deducciones en los pagos de impuestos, unas veces justificados y otras menos, y que suman nada menos que 34.000 millones de euros en 2016: un 3,3% del PIB.
El capítulo de beneficios (o gastos) fiscales obedece a la acumulación de ayudas dispensadas por las sucesivas Administraciones, y que quedan para siempre en el articulado de la Ley de Presupuestos, sujetas a programas de interminable duración y de muy dudosa utilidad pública. Económicamente se conocen como incentivos a la actividad, aunque en no pocas veces responden a decisiones cuasi arbitrarias que sirvieron para comprar respaldos políticos parlamentarios, o a causas más propias de manejos como los retratados por las películas de Berlanga, que de verdaderas necesidades de estímulo, por interés general, a la actividad. En muchos casos son deducciones impositivas a sectores o tipos de empresa, que bastaría con sustituir por tipos diferentes en los impuestos. En otros, como el caso de la vivienda habitual (antes la segunda y hasta la tercera) está demostrado que no han traído nada bueno.
En los últimos años se ha producido una pequeña limpieza, entre otras de la deducción por vivienda, pero se antoja escasa a juzgar por la cuantía tan voluminosa del capítulo. En tiempos de escasez de recursos y crisis fiscales como la actual, no vendría demás hacer un presupuesto en base cero que elimine de partida toda esta batería de ayudas que las letras del abecedario no abarcan a indizar, y crear de nuevo cuño solo aquellas que se crean estrictamente necesarias para el funcionamiento de la economía y para restablecer la limpieza funcional de los impuestos.
Una economía subvencionada es una economía anestesiada, y que contiene crecientes y enfermizas derivas anticompetitivas, puesto que genera diferencias entre los actores económicos de manera artificial. Bien está fomentar el ahorro, o la investigación y la innovación, o el emprendimiento. Pero solo aquello que se convierta en pilar de una apuesta por un modelo productivo más sólido del que ahora funciona. El resto, huelga.