Catorce industrias piden los camiones de 44 toneladas
"Una isla castigada dentro de Europa”. Con esta frase, catorce organizaciones empresariales en España han emitido un comunicado conjunto para que el Gobierno apruebe el uso de camiones de 44 toneladas de capacidad en las carreteras, al igual que otros países como Francia, Italia o Portugal.
Entre los firmantes se encuentran organizaciones como CEIM (patronal madrileña), ACES y Asedas (Supermercados), Aecoc (gran consumo), FIAB (alimentación y bebidas) o Anged (distribuidores), además de representantes de sectores como el químico, la construcción o la logística.
Los firmantes consideran que la medida, “que no se debe seguir aplazando”, supondría una mejora de la competitividad “de toda la economía española en su conjunto”. Las organizaciones adheridas tienen una vinculación directa con el uso de la logística y el transporte. “Este cambio afectaría a todos los sectores”, explica Francisco Aranda, vicepresidente de CEIM. “La medida supone una inyección inmediata de productividad y competitividad”, argumenta.
El escrito argumenta que la ausencia de estas medidas en España supone “un aumento del coste de nuestras exportaciones” a través del gasto de transporte. Una partida que supone el 15% de las bebidas, el 10% de la metalurgia o el 5,8% de la construcción.
Las organizaciones aluden a un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, que cifra el posible ahorro con la medida de 350 millones de euros. A esto habría que añadir, según los firmantes, 91 millones anuales en costes externos, basándose en datos de la consultora Ineco. “No se le ha dado la suficiente importancia a la medida”, critica Aranda.
Sin necesidad de inversión
Las patronales defienden en el escrito que “se trata de una medida que no exige de ninguna inversión complementaria”. Argumentan que se trata de rentabilizar el espacio de carga y que es una iniciativa “voluntaria” para los transportistas.
En la Agenda para el fortalecimiento industrial en España, elaborada por el propio Ministerio de Industria, ya se señalaba que se tenía que “impulsar el aumento progresivo de la altura y las carga permitidas en camiones”.
Esta medida cuenta también con oposición dentro del sector del transporte. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) emitió un comunicado en junio afirmando que se “pondría en riesgo a las empresas de transporte”. Planteaba que habría grandes costes para adaptar las flotas, además de reducciones de plantillas. También criticaban que se produciría un deterioro de las infraestructuras con el paso de estos vehículos.
Aranda descarta estos extremos y defiende que el cambio en la ley supondría “más puestos de trabajo al activar la economía”. Además, defiende que hay estudios de la DGT que descartan el impacto sobre las infraestructuras. El vicepresidente de la patronal madrileña se muestra confíado en que la medida se apruebe en los consejos de ministros que quedan antes del final de la legislatura.