El ATC de Villar de Cañas estará operativo en 2018
El departamento dirigido por José Manuel Soria se encuentra a la espera de las resoluciones de los servicios jurídicos del Estado, que están analizando diferentes alternativas para la viabilidad del proyecto
El Ministerio de Industria volvió a defender ayer la necesidad de que se construya un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, fue contundente al asegurar que la instalación estará en pleno funcionamiento a principios de 2018, según los planes previstos por el Gobierno. Para ello, añadió, las obras arrancarán a principios del próximo año. El almacén receptor de contenedores –la primera fase del proyecto– estará listo para mediados de 2017 y, el definitivo durante los primeros meses de 2018, con el objetivo de evitar problemas de almacenamiento. “Cualquier otra solución sería muy cara”, añadió Nadal.
El secretario de Estado argumentó que no existe ningún país con centrales nucleares que no disponga de un cementerio nuclear. Y recordó que estas centrales solo pueden aceptar dentro de sus instalaciones una determinada cantidad de residuos, por lo que países con diferentes reactores nucleares (Suecia, Francia o Países Bajos) hacen uso de almacenes temporales centralizados. Según Nadal, las denominadas piscinas de los reactores nucleares llegarían a llenarse, lo que les forzaría a parar su actividad.
Para defender el ATC, el secretario de Estado explicó cómo una simulación encargada por parte de Industria estima que el precio de la electricidad, si no hubiera habido oferta nuclear en España durante los últimos cinco años, hubiera tenido un sobrecoste de entre el 25% y el 30% en el precio de la luz, unos 2.500 o 3.000 millones de euros anuales. Algo “inaceptable”, según Nadal, porque impactaría negativamente en el consumidor.
El secretario de Estado apuntó que la Junta de Castilla-La Mancha estaría utilizando la legislación medioambiental “con fines que no son necesariamente medioambientales”, y añadió que es el Gobierno de la nación quien debe determinar la política nuclear del país, mientras que “la obligación de todas las administraciones es colaborar para que esta sea lo más adecuada posible”.
En este sentido, Nadal subrayó que, en los últimos días, todos los aparatos jurídicos del Estado están estudiando diferentes alternativas técnicas y jurídicas en relación a este proyecto.
Intereses de la región
Las palabras de Nadal llegan el mismo día en que el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha amenazó con acudir a los tribunales españoles y europeos si el Ejecutivo central declara la construcción del almacén temporal centralizado “de interés general”. El Ejecutivo regional indicó que de esta manera está defendiendo los intereses de la región.
El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, respondió así a las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien este miércoles barajó esa posibilidad con el objetivo de llevar adelante el proyecto. El Gobierno regional explicó que ha iniciado los trámites para declarar los terrenos elegidos para el ATC en Villar de Cañas Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). “Doy por supuesto que si el Gobierno central toma la decisión de continuar con su plan, tendrá en cuenta la normativa autonómica y europea en materia de medio ambiente”, dijo el número dos del equipo de Emiliano García-Page.
Martínez Guijarro insistió en que “si se pretende generar una infraestructura en un área protegida de la UE, se tiene que justificar que no existe otra alternativa”, algo que en su opinión sería difícil de argumentar.
El vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha recalcó que Villar de Cañas fue la cuarta opción elegida por los técnicos para la construcción del ATC, y acusó a la anterior presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, de llegar a un “acuerdo político” con Mariano Rajoy con respecto a este emplamiento. Además, el político recordó que la paralización del proyecto era uno de los puntos del programa electoral del PSOE y que, entre los años 2007 y 2011, el parlamento regional rechazó la ubicación del almacén nuclear en Castilla-La Mancha.
El CSN publica las actas de sus plenos e informes
El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, lamentó la publicación del voto particular de la consejera Narbona “antes de haberse aprobado el acta de la reunión de la que forma parte y sin haberse agotado el plazo dado al resto de los consejeros para hacer explicaciones de voto”, según consta en el documento de la reunión de este organismo, hecho público ayer. El CSN se reunió el lunes y el miércoles para decidir si el emplazamiento del ATC es el idóneo.
Marti indicó que los miembros del pleno que votaron a favor “transmiten su malestar por lo que pudiera entenderse como una falta de respeto”, en relación a los principios de rigor y transparencia en su actuación como miembros del regulador nuclear. Por su parte, Narbona hizo ayer un llamamiento a centrar el debate en aspectos técnicos. La consejera se defendió señalando que eliminó dos párrafos de su texto “para evitar que nadie pudiera sentirse agredido”, aunque remarcó que esas líneas no cambian su posición.
El informe publicado por el CSN señala que la autorización previa o de emplazamiento es un “reconocimiento oficial del objetivo propuesto y de la idoneidad del emplazamiento elegido”. En este sentido, Nadal aseguró ayer que “las precauciones adicionales propuestas por el CSN serán cumplidas a rajatabla”, en relación al refuerzo de seguridad en cuanto a la presencia de anhidrita, que “podría provocar el hinchamiento del terreno” y a la necesidad de “establecer un plan detallado del proceso de excavación”. El CSN autoriza el emplazamiento geográfico del ATC tras estudiar aspectos del terreno como son su geografía, geomorfología, sismología o su hidrología superficial.
