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Asegura que ello permitirá acelerar el pago de facturas

Madrid se adhiere al fondo de ayuda del Estado y recibirá 1.000 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.Emilio Naranjo (EFE)

La Comunidad de Madrid rehusó hasta hoy con vehemencia los fondos de ayuda financiera del Estado con el argumento de que ello estigmatizaría a la región ante los inversores. Este discurso ha cambiado con el Gobierno de Cristina Cifuentes, que hoy anunció que se acogerá al Fondo de Facilidad Financiera, un instrumento del Ministerio de Hacienda para facilitar recursos a las comunidades que en los años anteriores cumplieron el objetivo de déficit público. 

Tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, señaló que este trámite ya cuenta con el visto bueno del departamento de Cristóbal Montoro. Madrid recibirá 1.012 millones, con un tipo del 0% en lso primero años y con dos ejercicios de carencia. El vencimiento del préstamo alcanza el año 2025 y se empezará a devolver a partir de 2018. Hidalgo señaló que el coste medio del pasivo madrileño supera el 3% y, en las últimas operaciones de préstamos realizadas, el tipo de interés ascendió a 1,48%. En este sentido, señala que el fondo de facilidad financiera supondrá un ahorro para las arcas públicas.

Con los 1.000 millones que recibirá Madrid, la Consejería de Hacienda señala que se acelerará el pago de proveedores. Según sus estimaciones, se abonarán más de 130.000 facturas a más de 2.000 empresas. Cifuentes rechazó que la adhesión sea un signo de debilidad y recordó que la mayoría de comunidades están recibiendo financiación en condiciones preferentes. Además, señaló que el fondo de facilidad financiera -a diferencia del FLA- no contempla ninguna condicionalidad política. Madrid puede apuntarse a este fondo porque cumplió el objetivo de déficit de 2012 y 2013, algo que no sucedió en 2014.

Actualmente, el fondo de facilidad financiera reparte recursos a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Galicia y Navarra. El FLA, que sí exige la presentación de un plan de ajuste, tiene como destinatarios a Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.

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