Transparencia por imperativo legal
Si hay un concepto del que todos los políticos, y los partidos y siglas que tienen detrás, quieren adueñarse hoy en día, este es transparencia. Este concepto, tantos años olvidado en el banquillo de la política, ha cobrado en los últimos años una importancia vital, principalmente por la crisis, los escándalos de corrupción y el consecuente auge de partidos nuevos que enarbolan este término como uno de sus pilares funcionales, y lo ponen en contraposición a la antigua política.
El Gobierno, por supuesto, no es ajeno a esta corriente y ha tomado –y tomará, si tiene tiempo, antes del final de la legislatura– varias medidas en pos de esa ansiada transparencia de la Administración. Por mencionar una de las más conocidas, hace justo un año se abrió el Portal de la Transparencia, que “tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos”, según se afirma en la página web. Este portal es la punta de lanza de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que entró en vigor el 10 de diciembre del año pasado.
Y aunque no contiene información de comunidades autónomas y ayuntamientos, tras las elecciones municipales de mayo, muchos Gobiernos autonómicos, como el andaluz, el madrileño o el catalán, han decidido crear uno propio. Y lo mismo ocurre con muchos ayuntamientos. Profundizando más en la transparencia, el Gobierno está preparando ahora el anteproyecto de ley de contratos públicos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por el que quiere que todas las contrataciones de la Administración se hagan públicas a través de un portal online y facilitar que todas las empresas puedan acceder a ellas.
Y es que, en la actualidad, el 42% de estos contratos son inferiores a 200.000 euros y no tienen la obligación de hacerse públicos, por lo que muchas veces acaba siendo el regidor o responsable de turno el que se decanta por una u otra opción, sin que le conste a la opinión pública. Si esta ley acaba aprobándose, la totalidad de estos procedimientos tendrán que hacerse públicos. Y lo más importante: estarán disponibles para que cualquier empresa pueda acceder al concurso.
De esta forma, empresas que antes no tenían información acerca de este tipo de concursos, ahora lo tendrán. Resulta, por tanto, una importante oportunidad para pequeñas y medianas empresas españolas de ganar negocio en la Administración pública. También plantea un interrogante a las compañías que ahora mismo tienen relación con Administraciones públicas. Será importante para ellas conocer las diferencias jurídicas y prácticas que entrarán en vigor, una vez se apruebe esta ley y tener claro cuál será el camino que se seguirá en el futuro, para poder, así, establecer sus estrategias comerciales y de negocio.
El anteproyecto, además, introduce más exigencias a las empresas que quieran tener un contrato con la Administración, en el campo de lo penal y laboral. De hecho, estas deberán asumir competencias de autodiagnóstico, con baterías de normas internas, actuaciones de investigación y gestión de denuncias e incluso la imposición de sanciones para quienes no cumplan con sus códigos de prevención internos (el conocido como criminal compliance), si quieren evitar la responsabilidad penal. También tendrán que abordar la problemática derivada de la subrogación de plantillas, las causas de extinción contractual en este tipo de procesos y el devenir de los conflictos entre trabajadores y empresas.
El Gobierno, consciente de que la legislatura está en las últimas, está acelerando los procesos para aprobar esta ley antes de las elecciones y presentarse ante los electores con una credencial más de la transparencia y honradez, esta vez, en las contrataciones públicas.
Lo cierto es que si no sale adelante esta ley, el Gobierno que venga, sea del signo que sea, aprobará una norma en el mismo sentido. Es evidente que hay ciertos procedimientos, contratos y órganos de decisión que desde la crisis están cambiando y que lo seguirán haciendo los próximos meses y años. Y se seguirán tomando medidas para que la Administración o partidos políticos de turno puedan, efectivamente, seguir enarbolando la bandera de la transparencia.
Eduardo de Pablo Gil es Director de expansión y desarrollo de Chávarri Abogados.