Una banca pública bajo control
El llamamiento realizado ayer por Bruselas en favor de la creación de instituciones de banca pública para desarrollar, entre otros aspectos, el denominado plan Juncker constituye un giro en la postura –más bien fría– del organismo hacia este tipo de entidades. Tras años de desconfianza respecto a un modelo visto como fuente potencial de interferencias políticas y de mala gestión, la Comisión Europea aboga por la creación de lo que denomina Bancos Nacionales de Promoción, cuyo objetivo será cubrir la escasez de financiación en áreas como la I+D, algunas infraestructuras o ciertos proyectos medioambientales, pero especialmente canalizar el plan Juncker de inversión 2015-2018. Una línea de financiación que aspira a movilizar 315.000 millones de euros de capital público y privado.
El pronunciamiento de Bruselas llega cuando ya hay nueve países miembros que han anunciado su intención de utilizar este modelo para colaborar con el plan de financiación, entre ellos España, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La CE propone un perfil de entidades sometidas a un férreo control, centradas en áreas a las que no llega la banca comercial y en las que primen los criterios profesionalizados de gestión. La intención de Bruselas es monitorizar el cumplimiento de esos criterios y, en caso de que estos sean acreditados, considerar la actividad de esta banca al margen de las finanzas públicas y sin impacto, por tanto, a efectos del Plan de Estabilidad. Pero si las decisiones de la entidad están sujetas a control directo de la Administración, sus operaciones deberán aparecer en contabilidad nacional.
Los motivos que subyacen a este impulso europeo a la banca pública son eminentemente prácticos. El fuerte proceso de concentración llevado a cabo en el sector financiero tras la reordenación y capitalización realizada en los últimos años ha tenido consecuencias en el ámbito de la inversión. Es el caso de operaciones que por exceso o defecto de cuantía no resultan interesantes, en términos de negocio, para la banca comercial. Bruselas está preocupada por la caída que la crisis económica ha provocado en la inversión –de en torno a un 20%– y que resulta urgente recuperar. Ese es el motivo por el que la CE ha puesto en marcha el plan Juncker y por el que insta a los Estados miembros a impulsar estas entidades públicas especializadas, que llevarán la financiación a las empresas y los segmentos que más lo necesitan. El reto que tiene Bruselas ante sí –y con ella los países que opten por este modelo– es ejercer una supervisión eficiente que impida que la banca pública vuelva a caer en los vicios e ineficiencias heredados del pasado.