Consecuencias no intencionadas
El mercado laboral británico está funcionando misteriosamente. La caída del desempleo ha impulsado los sueldos más despacio de lo esperado y la productividad y el crecimiento del PIB no se han recuperado. El plan del Gobierno de aumentar el salario mínimo podría convertirse en otro rompecabezas. El ministro de Economía, George Osborne, ha propuesto un salario mínimo nacional desde los 25 años. En 2020, el mínimo será del 60% de los ingresos medios de este grupo de edad. El mínimo por hora actual de 6,50 libras, aplicable desde los 21 años, es aproximadamente la mitad de la media. En teoría, salarios más altos en la parte inferior de la escala de ingresos conducen a menores créditos fiscales del Gobierno. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria reconoce que desplazar los pagos públicos a los privados no añadirá a la tasa de inflación ni restará al crecimiento del PIB.
Además, según el gobernador del Banco de Inglaterra, el empleo más caro podría estimular a las empresas a invertir para aumentar la productividad. Pero esto puede ser pesimista. De los 26 países de la OCDE que tienen un salario mínimo legal, solo Turquía, Chile, Francia y Eslovenia tiene un mínimo que es a partir del 60% de la media de los sueldos. Incluso con la exención para los menores de 25 años, Gran Bretaña pasaría al puesto más alto de las economías de la OCDE. Un mínimo alto solo funcionará si los empresarios lo pagan y podrían no hacerlo porque, en Reino Unido, muchos que ganan poco tienen una baja cualificación. De los seis países que, según la OCDE, tienen una tasa mayor, salvo Francia, todos cuentan con un salario mínimo que es la mitad o inferior a la media de los sueldos nacionales.
Los empresarios británicos podrían evitar el nuevo salario mínimo contratando gente más joven no adecuada, lo que reducirá el desempleo juvenil, pero pondría a trabajadores mayores poco cualificados en el paro. Lo ideal sería que los empleados británicos estuvieran mejor formados, pero eso requiere más gasto gubernamental.