Por el fin del comercio ilícito de tabaco
Hace solo unos meses, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y los servicios de aduanas de varios países asestaron un duro golpe al contrabando internacional de tabaco al incautar 10,2 millones de cigarrillos en el puerto de Haifa (Israel) y otros 4,2 millones en el de Riga (Letonia). Pero si tenemos en cuenta que estas operaciones representan solo un pequeño porcentaje del consumo de tabaco ilícito, cuesta no darse cuenta de que la lucha contra el comercio ilícito de tabaco en la UE requiere de un nuevo enfoque.
Mientras que las estrategias actuales se centran ante todo en la acción policial tradicional, la evidencia nos demuestra que hacen falta métodos innovadores, orientados a reducir las oportunidades de comercio ilícito. Una serie de estudios, incluido un reciente informe de Transcrime que demuestra con pruebas objetivas esta necesidad de innovar, “Perspectiva europea sobre el comercio ilícito de productos del tabaco”, han colocado el problema en el centro de la agenda de la UE.
Entre 2006 y 2013, el mercado de tabaco ilícito ha experimentado grandes cambios. El informe de Transcrime, realizado con el apoyo de Philip Morris International y que ha analizado 249 zonas de la UE, demuestra que el mercado ilícito se ha reducido en algunas áreas y ha florecido en otras, con una considerable variación dentro del mismo país. En España esta actividad ha registrado un crecimiento constante durante los últimos años (del 1,2% en 2015), y en Andalucía o Extremadura, su consumo representa ya el 45,6% y el 54,1%, respectivamente. Además, el tipo de cigarrillos ilícitos está experimentando un acelerado proceso de evolución: los llamados illicit whites no paran de crecer, al contrario de lo que sucede con otros (los de contrabando a pequeña y a gran escala). Los ingresos del mercado ilícito de tabaco oscilan entre los 7,8 y los 10,5 millones de euros. Son cifras comparables a las de los mercados de la cocaína o la heroína. Hasta 150.000 personas podrían estar involucradas en el mercado ilícito de tabaco en la UE, a distintos niveles. No obstante, son las operaciones a gran escala las que representan el mayor porcentaje. Acabar con estos grandes tiburones sería prioritario, pero las medidas actuales hacen muy poco por entorpecer el comercio ilícito. En 2013, solo un 7% de estas 100-150.000 personas fueron denunciadas ante las autoridades y apenas se logró incautar un 6,7% del total de cigarrillos ilícitos. Es muy probable que los criminales consideren que el riesgo de detección y arresto no supone un riesgo para su negocio. Es más: incluso un refuerzo excepcional de las medidas policiales tradicionales (como por ejemplo un incremento de las incautaciones del 50%) resultaría casi intrascendente para ellos. Y en cambio, sus efectos sobre las finanzas públicas pueden ser devastadores.
La mayoría de los cigarrillos ilícitos que se consumen en la UE proceden de países que no pertenecen a ella (Bielorrusia, Rusia, Ucrania o los Emiratos Árabes Unidos), donde nuestras fuerzas policiales carecen de jurisdicción. Someter a controles aduaneros y policiales a todos los contenedores o camiones que entren en la UE sería impracticable.
El análisis de Transcrime demuestra que hacen falta estrategias innovadoras para luchar contra el comercio ilícito de cigarrillos. Su objetivo debe ser la reducción de las oportunidades, para complementar las respuestas policiales actuales. Además, deben diseñarse a medida de tipos concretos de crímenes y concentrar sus esfuerzos en las áreas más afectadas, los productos ilícitos más populares y los criminales más importantes y expertos.
Tal como concluyó recientemente el grupo de estudio Royal United Services Institute, para atajar este problema, las entidades públicas deberán colaborar estrechamente con las organizaciones del sector, compartir información y coordinar la prevención.
Para reducir de manera efectiva las oportunidades de que se cometan delitos, los legisladores y las fuerzas policiales deben abrazar el cambio. Solo así podrán recuperar el terreno perdido y anticiparse al comercio ilícito.
La apuesta por la innovación es un imperativo que tanto la Comisión Europea como los respectivos gobiernos nacionales deben tomarse muy en serio si no quieren que la mayoría de sus esfuerzos actuales (y los ingresos por impuestos especiales) se diluyan en la nada.
Francesco Calderoni es profesor ayudante en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán e investigador en Transcrime.